La derogación de la “ley Mordaza” legitima aún más el acuerdo de Gobierno
- Escrito por José Luis Centella
- Publicado en Opinión
Con menos repercusión pública que otros asuntos, pero no menos importante, ahí está el reciente acuerdo alcanzado en el seno del Gobierno de coalición para activar la derogación de la llamada ‘Ley Mordaza’, como popularmente se conoce a la Ley de Seguridad Ciudadana. Fue la norma con la que el Partido Popular impuso uno de los mayores recortes de derechos sociales y libertades públicas conocidos en democracia, hasta suponer una verdadera reforma encubierta de la Constitución.
Este importante pacto entre Unidas Podemos y el PSOE confirma que el acuerdo de gobierno firmado hace cerca de dos años se legitima en la medida que se avanza en su cumplimiento pero, sobre todo, es un paso adelante para recuperar una cierta normalidad democrática.
Entre las principales medidas que implementará el Gobierno de coalición está, muy especialmente, la recuperación del pleno ejercicio del derecho de reunión y de manifestación. Sólo deberán comunicarse las manifestaciones de eventos previstos y previsibles, y no será necesario informar sobre aquellas que se celebren a consecuencia de hechos imprevistos que provoquen su inmediatez
Las enmiendas conjuntas registradas en el Congreso buscan fundamentalmente garantizar el disfrute de derechos fundamentales y libertades públicas de acuerdo a los tratados internacionales. La ley en vigor suponía una situación de acoso contra el ejercicio de la acción sindical y amordazaba a los movimientos sociales. Ahora los poderes públicos pasan a ser garantes del pleno ejercicio de los derechos y libertades, y se asegura que se den las efectivas condiciones para ello.
Entre las principales medidas que implementará el Gobierno de coalición está, muy especialmente, la recuperación del pleno ejercicio del derecho de reunión y de manifestación. Sólo deberán comunicarse las manifestaciones de eventos previstos y previsibles, y no será necesario informar sobre aquellas que se celebren a consecuencia de hechos imprevistos que provoquen su inmediatez, y sólo serán sancionables si provocan violencia o alteración del orden público. No comunicar las manifestaciones previstas y previsibles se sancionará como falta leve.
Se garantiza también la protección del derecho a la reunión pacífica y se reforman los artículos para que en ningún caso la ausencia de comunicación previa impida el ejercicio del derecho, siempre que sea de forma pacífica.
Por otro lado, la futura Ley de Seguridad Ciudadana vinculará las cuantías de las sanciones a la capacidad económica de la persona multada. El criterio para establecer esa cantidad económica será de progresividad y de proporcionalidad, con lo que se evita una restricción al derecho de manifestación.
Las sanciones serán de índole restaurativo o el resultado de una conciliación entre la persona autora o la persona o institución que se considere ofendida. Así se elimina, por ejemplo, la limitación actual para sustituir las sanciones a menores por trabajo social o comunitario, restringido a una sola vez.
Se atienden las demandas de numerosos medios de comunicación y se eliminan las sanciones por la toma y difusión de imágenes en la vía pública en las que intervengan los cuerpos y fuerzas de seguridad, siempre que no afecten el derecho a la intimidad o la seguridad de los agentes y de sus familias.
Resulta también muy reseñable que se establezca un nuevo sistema de identificaciones que salvaguarda las garantías jurídicas de la persona detenida, con un mecanismo específico en cuanto a los registros corporales de los que deberá quedar constancia escrita de la motivación del agente que los realice. Los desnudos parciales quedan limitados en los registros y cuando deban realizarse no podrán tener lugar en la vía pública para garantizar la debida protección de la intimidad. De la misma manera, se propone que el tiempo de identificación en Comisaría sea de un máximo de dos horas en lugar de seis, salvo causa excepcional.
En definitiva, estamos ante una recuperación de derechos y libertades que la derecha nunca debió restringir, porque pasos así conducen a los caminos de los regímenes autoritarios. De lo que se trata ahora es de asumir que las tensiones y conflictos sociales deben resolverse desde el diálogo, la negociación y la salvaguarda del funcionamiento democrático de las instituciones y poderes del Estado.
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