Razones para terminar esta legislatura, y otra más

No es conspiranoia. Es evidencia para quien no quiera engañarse o engañar. No es la primera vez que ocurre, de hecho. Quizás Felipe González no quiera acordarse, pero Luis María Ansón reconoció públicamente en su día haber formado parte de una trama idéntica para tumbar al Gobierno socialista entre 1993 y 1996. “Fue necesario poner en riesgo el Estado para acabar con González”, llegó a declarar el exdirector del diario ABC. Lo consiguieron.

Las razones auténticas para llevar a cabo esta operación son las de siempre, las de 1996 y las de ahora. Se trata del poder y del dinero. Quienes quieren más poder y más dinero necesitan hacerse con el Gobierno de España, porque el actual Gobierno trabaja para el interés general.

Ahora bien, las supuestas razones que esgrimen son otras. Arguyen que el Gobierno actual está anegado de corrupción, que las concesiones a los separatistas rompen España, que el proyecto político de Sánchez está agotado, que el poder legislativo está paralizado, y que el mejor ejemplo es la ausencia de Presupuestos Generales del Estado. Todo es falso.

Los casos puntuales de corrupción y prácticas irregulares que han aparecido se han cortado de raíz, de manera inmediata, separando a los presuntos culpables en cuanto aparecieron los primeros indicios, y colaborando con la Justicia de manera leal y total. Otros casos son puro bulo. Nada que ver con la corrupción estructural y sistémica presente en los anteriores gobiernos del PP, que ahora se pretende ocultar, simular o minusvalorar.

No hay concesiones al separatismo. Antes al contrario, desde 2018 el separatismo como ideología y opción política se encuentra a la baja en Cataluña, por poner el ejemplo más paradigmático de crisis territorial sufrida bajo gobierno del PP. El proyecto político del Gobierno es un proyecto dinámico, que no para de generar iniciativas constantes para ganar prosperidad y derechos.

La “parálisis legislativa” es tan solo un sueño húmedo de la derecha política y mediática, que choca con el dato de las 64 leyes publicadas en el BOE en esta legislatura, más que cualquier parlamento autonómico, incluidos los dotados de mayoría absoluta gubernamental (a excepción de la Comunidad Valenciana y sus decretos frente a las consecuencias de la DANA).

Y no es verdad que España carezca de Presupuestos, porque los Presupuestos prorrogados cuentan con habilitación constitucional y se han demostrado eficaces para posibilitar crecimiento económico, empleo y un Estado de Bienestar vigoroso. Aquello de “trae Presupuestos para que te los tumbe” no deja de ser un llamamiento del peor populismo por parte de quienes lo hacen cada día.

Sin embargo, sí existen razones poderosas para seguir gobernando, para continuar con esta Legislatura XV hasta finalizar el plazo constitucional e, incluso, para optar a la confianza ciudadana por otra legislatura más, como poco.

La estrategia de la prosperidad compartida funciona. Crecemos repartiendo y repartimos creciendo. El crecimiento económico en España supera al del conjunto de Europa y creamos el 40% del empleo de la UE, siendo solo el 10% de su población. El empleo es más estable y mejor retribuido: el salario medio creció un 23% entre 2018 y 2024, y los salarios más bajos crecieron un 42%, siempre por encima de la inflación. Crecemos, además, de manera equilibrada, con deuda y déficit a la baja, controlando la inflación mejor que nuestros vecinos.

Perdimos la revolución industrial en el siglo XIX y la revolución tecnológica en el siglo XX. Pero estamos a la cabeza en la revolución digital, en la revolución de las energías renovables y en la revolución de la IA regulada, que son las revoluciones del siglo XXI. La España autonómica funciona mejor que nunca, con más subsidiaridad, más traspasos competenciales acordados, más recursos descentralizados, más equidad y más eficiencia, a pesar de ciertas deslealtades muy localizadas. Cataluña ya no es el problema de España, sino uno de los motores del progreso en España.

Nuestro país es referencia internacional para la búsqueda de la paz, para el respeto al derecho internacional, para la gobernanza global a través de los organismos multilaterales, para la cooperación internacional al desarrollo y, muy especialmente, para acelerar la integración y la soberanía estratégica de Europa.

En España se avanza en derechos: en derechos digitales, en derechos de igualdad de género, en derechos para el colectivo inmigrante, en derechos para el colectivo LGTBI+, en derechos de memoria… Hay retos importantes pendientes, desde luego, como el derecho de acceso a una vivienda digna y asequible para todos, sobre todo para los más jóvenes. Y es un reto que se está afrontando, con un Pacto de Estado para el que el Gobierno ha aportado 7.000 millones de euros y una estrategia eficaz, eso sí, que requiere de la colaboración de las administraciones competentes en Comunidades y Ayuntamientos.

No estamos en un escenario de fin de ciclo, sino de ciclo en marcha. No estamos en un contexto de proyecto agotado o de brazos caídos, sino de proyecto a toda vela y de brazos remando con fuerza e ilusión. No estamos en un momento político de parálisis, sino de agresión y desestabilización, que vamos a combatir, porque queda mucho y mucho bueno por hacer.

No se trabaja para una democracia limpia y de calidad exigiendo la convocatoria de elecciones anticipadas cuando hay un Gobierno trabajando eficazmente, con un proyecto de interés general por delante. La democracia limpia y de calidad se cuida respetando sus reglas, y el artículo 68.4 de nuestra norma máxima, la Constitución Española, dice literalmente que “El Congreso es elegido por cuatro años”. Y solo han pasado tres.

Nos queda más de un año de legislatura y mucho y buen trabajo por hacer. Incluso para otra legislatura. Por lo menos.