Franco no cobraba impuestos: otro mito de sobremesa para nostálgicos de calendario de taller
- Escrito por Manuel Peinado Lorca
- Publicado en Opinión
Hay frases que sobreviven en España como sobreviven desde 1974 las sillas de escay en muchos bares torrentianos: incómodas, descoloridas, pegajosas y misteriosamente resistentes. Una de ellas es esa que aparece cada cierto tiempo en redes sociales, barras de mesón o vídeos de patriotas con webcam mala y bandera detrás:
—“Con Franco no se pagaban impuestos”.
La frase suele ir acompañada de una nostalgia difusa por una España imaginaria donde el pan costaba poco, las casas se compraban con dos salarios y el Estado funcionaba gracias a la inspiración divina, la obediencia y quizá un par de pantanos inaugurados bajo lluvia marcial. Naturalmente, es falso.
Claro que se pagaban impuestos durante la dictadura franquista. Y bastantes. Porque los regímenes autoritarios podrán eliminar elecciones, periódicos o libertades sindicales, pero jamás renuncian a cobrar. El Estado franquista recaudaba impuestos exactamente igual que cualquier otro Estado del siglo XX. Otra cosa es que la presión fiscal fuese menor que la actual. Pero eso no significa que no existieran impuestos. Significa otra cosa muy distinta: que el Estado ofrecía muchísimo menos.
Conviene recordar algo elemental. Los pantanos no aparecían solos. Las carreteras no brotaban del suelo por generación espontánea. El ejército, la Guardia Civil, los funcionarios, los hospitales, las escuelas, RENFE, los ministerios, los torturadores de la Social, los sindicatos verticales, el NO-DO y la propia maquinaria del régimen costaban dinero. Y ese dinero salía del bolsillo de los españoles.
También del bolsillo de los españoles salía, por cierto, la fortuna creciente de muchas élites del franquismo, incluida la del propio dictador. Porque otra peculiaridad del régimen era su opacidad. Los ciudadanos pagaban, pero preguntar demasiado sobre el destino exacto del dinero podía resultar poco recomendable para la salud personal.
El sistema fiscal franquista tenía impuestos indirectos, contribuciones sobre el consumo, impuestos diversos, gravámenes sobre actividades económicas y cotizaciones sociales. Había impuestos sobre carburantes, tabaco, alcohol y multitud de productos básicos. Existían contribuciones urbanas y rústicas. Se pagaba por casi todo, aunque de manera menos visible y progresiva que hoy.
Lo que ocurre es que mucha gente interesada mezcla dos cuestiones completamente distintas: que hubiese menos presión fiscal, con que no hubiese impuestos. Y no es lo mismo.
La presión fiscal era menor porque el Estado español de entonces era incomparablemente más pequeño. Mucho más pequeño. La España franquista era un país bastante pobre hasta bien entrados los años sesenta y ofrecía prestaciones públicas que hoy nos parecerían rudimentarias.
La sanidad es un ejemplo perfecto. La memoria sentimental suele reconstruir un pasado donde “te atendían mejor y gratis”. Gratis nunca fue. Ya se pagaba mediante impuestos y cotizaciones. Pero además la medicina disponible era muchísimo más limitada. No existían TAC, resonancias magnéticas, inmunoterapia, cirugía robótica, tratamientos biológicos, UCI modernas, medicina preventiva avanzada ni buena parte de los medicamentos actuales. El cáncer, por ejemplo, mataba muchísimo más y mucho antes. Enfermedades hoy cronificadas eran entonces sentencias rápidas. La consecuencia económica es importante: la sanidad costaba menos porque podía hacer muchísimo menos. Había menos pruebas diagnósticas, menos tratamientos prolongados y menos supervivencia.
Suena brutal decirlo así, pero forma parte de la realidad económica de cualquier sistema sanitario: una población que vive menos años cuesta menos dinero al Estado. Y la España franquista era precisamente eso. Un país donde la gente moría mucho antes. Hoy millones de personas llegan a los 80 o 90 años. Cobran pensiones durante décadas. Reciben tratamientos complejos durante años. Utilizan prótesis, operaciones cardiovasculares, terapias oncológicas o medicamentos extremadamente caros.
Nada de eso existía en la escala actual durante el franquismo. Muchísima gente apenas disfrutaba unos pocos años de jubilación. Otros ni siquiera llegaban. Eso reducía enormemente el gasto en pensiones y en asistencia sanitaria prolongada. Además, la pirámide demográfica era radicalmente distinta. España era un país joven, con muchos más trabajadores sosteniendo proporcionalmente a menos jubilados.
Hoy ocurre exactamente lo contrario: menos nacimientos, menos cotizantes, más jubilados, y jubilados viviendo muchos más años. Eso multiplica el gasto público de manera gigantesca. Hay otro detalle que los nostálgicos suelen olvidar cuidadosamente: la protección social franquista no era universal. Ni de lejos.
En el mundo rural —que todavía era enorme en los años cuarenta y cincuenta— muchísima gente quedaba prácticamente fuera de coberturas reales: jornaleros, pequeños agricultores, mujeres sin reconocimiento laboral, trabajadores informales, economía de subsistencia, empleos sin cotización regular, entre otros.
La beneficencia, la ayuda familiar o directamente la caridad religiosa seguían siendo pilares esenciales para muchísimas personas. La universalización sanitaria moderna llega mucho después. Y en buena medida cristaliza ya en democracia, especialmente con la Ley General de Sanidad de 1986 impulsada por el gobierno de Felipe González.
Lo mismo ocurre con los autónomos. El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos no aparece hasta 1966 y durante años ofreció coberturas muy limitadas y bastante peores que las del régimen general.
La famosa idea de que “antes se vivía mejor pagando menos impuestos” suele olvidar un pequeño matiz: antes el Estado hacía muchas menos cosas. No había ayudas a la dependencia. No existían becas masivas como hoy. No existía un sistema sanitario universal comparable. Las infraestructuras eran mucho más precarias. Las pensiones eran menores. La universidad era para una minoría diminuta. Las prestaciones por desempleo tenían una cobertura limitada. Y buena parte de los costes sociales recaían directamente sobre las familias. Especialmente sobre las mujeres.
Porque la gran institución asistencial del franquismo fue la familia tradicional. Más concretamente: las madres, hijas y esposas que cuidaban gratis a ancianos, enfermos y niños dentro de casa. Ese trabajo invisible no aparecía en los presupuestos del Estado, pero sostenía una parte gigantesca del sistema social español.
Por eso la nostalgia fiscal franquista funciona tan bien en ciertos discursos simplificados. Compara dos países distintos: una España joven, pobre y con servicios públicos limitados, con una España envejecida, hiperurbanizada y con un Estado social infinitamente más complejo y caro. Es como comparar el mantenimiento de una bicicleta con el de un Airbus.
Claro que se pagaban impuestos con Franco. Lo que ocurría es que el Estado era mucho más pequeño, la población vivía menos, había menos gasto sanitario, menos gasto en pensiones, menos cobertura social, menos servicios públicos y muchísima más desigualdad asumida como algo normal.
La gran diferencia no es que no hubiese impuestos. La gran diferencia es que el Estado protegía mucho menos a la gente. Y también les preguntaba bastante menos su opinión sobre ello.
Manuel Peinado Lorca
Catedrático de Universidad de Biología Vegetal de la Universidad de Alcalá. Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Granada y doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid.
En la Universidad de Alcalá ha sido Secretario General, Secretario del Consejo Social, Vicerrector de Investigación y Director del Departamento de Biología Vegetal.
Actualmente es Director del Real Jardín Botánico de la Universidad de Alcalá. Fue alcalde de Alcalá de Henares (1999-2003).
En el PSOE federal es actualmente miembro del Consejo Asesor para la Transición Ecológica de la Economía y responsable del Grupo de Biodiversidad.
En relación con la energía, sus libros más conocidos son El fracking ¡vaya timo! y Fracking, el espectro que sobrevuela Europa. En relación con las ciudades, Tratado de Ecología Urbana.