Estrategia contra la soledad y el aislamiento social

El ministro ha indicado que muy pocos países cuentan con estrategias para afrontar la soledad, "un amplio espectro de situaciones" que afectan a una parte creciente de la ciudadanía. Bustinduy ha resaltado que la soledad no es en sí misma algo negativo, pero se convierte en un problema cuando las personas no pueden decidir sobre ella. "La soledad, especialmente cuando es no deseada, produce una serie de efectos acumulativos sobre la salud, el bienestar físico y emocional y la participación social, económica, política y comunitaria", ha apuntado el titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Según un barómetro del año 2024, una de cada cinco personas en España siente soledad. Esta situación, que tiende a cronificarse, afecta en mayor proporción a los jóvenes, los mayores de 75 años, las mujeres y las familias más vulnerables. Los modelos urbanísticos, la falta de espacios públicos, los modelos de transporte y de cuidados, la prestación de servicios públicos y la organización del trabajo son otros factores que influyen en la soledad, según ha explicado el ministro.

Además de esta estrategia, el Gobierno ha creado una Mesa Interinstitucional de Soledades, con representación de todas las administraciones públicas, el tercer sector, la sociedad civil y los expertos, para trabajar en una serie de ámbitos prioritarios. La Mesa desarrollará estrategias para prevenir los fenómenos de aislamiento social y soledad derivados, por ejemplo, del teletrabajo y propondrá intervenciones desde campos como el de la atención primaria, el urbanismo, la gobernanza del entorno digital y los servicios públicos de proximidad.

Con estas iniciativas y, en general, con la concepción de cómo debe funcionar la protección social, el Ejecutivo busca cumplir el mandato constitucional de que los poderes públicos garanticen la igualdad y el bienestar de toda la ciudadanía, ha expuesto Bustinduy. "Aquí no se va a abandonar a nadie, no se va a dejar solo a nadie", ha asegurado.

Avances en la autonomía y la inclusión de las personas con discapacidad

El Ejecutivo ha presentado un informe sobre las actuaciones emprendidas desde el cambio del artículo 49 de la Constitución, cuando se cumple dos años desde su aprobación. Una reforma que, en palabras de Pablo Bustinduy, "puso a España en la vanguardia a nivel internacional en el cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad". El ministro ha subrayado que el balance demuestra que no se trataba de una cuestión terminológica, sino de un mandato a todos los poderes públicos para garantizar cuatro principios: la inclusión social de las personas con discapacidad, la autonomía personal, la accesibilidad universal de todos los espacios públicos y la protección reforzada de mujeres y niñas con discapacidad.

Entre las actuaciones realizadas por el Gobierno, Bustinduy ha citado la prohibición del despido automático por incapacidad laboral permanente, el marco estratégico para el cambio del modelo de cuidados con el fin de promover la autonomía de las personas con discapacidad y en situación de dependencia, la ampliación del programa de becas formativas Reina Letizia y la creación de un programa específico para el alumnado con trastorno del espectro autista. El Ejecutivo también ha adoptado el primer plan estatal contra la discriminación de mujeres y niñas con discapacidad, ha destinado fondos europeos a garantizar la accesibilidad de edificios y espacios públicos y ha creado un protocolo inclusivo para emergencias, entre otras medidas.

El ministro ha destacado, además, que el Consejo de Ministros ha aprobado hoy la modificación del Reglamento de Espectáculos Taurinos para prohibir expresamente las situaciones denigratorias de personas con discapacidad.

"Hay muy pocos lugares en el mundo donde se esté dando una serie de intervenciones tan decididas para garantizar la plena ciudadanía, la inclusión y el bienestar de más de cuatro millones de compatriotas en este país", ha manifestado Bustinduy. El titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha añadido que este despliegue debe culminar con la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, cuya aprobación definitiva confía que se produzca antes del verano.

Fuente: La Moncloa