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Las personas en situación de “sin hogar” en el horizonte del 2030


(Tiempo de lectura: 3 - 6 minutos)

Según la Encuesta sobre personas sin hogar 2022 del INE[1], hay 28.552 ciudadanos que se desenvuelven en los márgenes más extremos de la sociedad (71,3 personas por cada 100.000 habitantes). Mayormente son hombres (76,7%), si bien respecto a la anterior edición de este estudio del año 2012 las mujeres han aumentado sensiblemente (del 19,7% al 23,3% en 2022). El 51,1% tiene menos de 45 años, el 43,3% entre 45 y 64 años y los mayores de 64 suponen el 5,5% (con una edad media de 42,9 años). Respecto a la nacionalidad, el 50,1% son españoles frente al 49,9% extranjeros (africanos: 53,3%, americanos: 25,9% y europeos: 16,7%).

El pasado 7 de octubre la organización HOGAR SÍ presentó el informe “Radiografía social del sinhogarismo en España: percepciones, realidades y retos’”, cuyos resultados son fruto de una encuesta efectuada a 1.500 personas en toda España. Esta investigación muestra que el 10,1 % declaró haber dormido en alguna ocasión en la calle, de tal suerte que, extrapolando este dato a la población general, ascendería a 4 millones de personas. Destaca de la misma que hay más de 37.000 hombres y mujeres en exclusión social extrema, y que cada día fallecen 6 personas en la calle.

Respecto a los factores que valora la opinión pública les ha llevado su contingencia: el hecho de ser migrantes (28,8 %); la pérdida de sus trabajos (26,8); desahucios de sus viviendas (16,1); el no poder asumir los pagos del alojamiento (14,7); por separación de sus parejas (14,1%); por adicciones (12,6); por haber vivido en primera persona violencia él/ella o sus hijos (9,6) o tras salir de un centro de menores (2,7%).

La Encuesta de centros y servicios de atención a las personas sin hogar del INE relativos al año 2024, publicada el pasado 26 de septiembre, procura informaciones de interés sobre tan compleja realidad. Da continuidad a los estudios bienales que desde 2006 se ocupan de mostrar los servicios que brindan los centros para este sector social, así como datos sociodemográficos de los usuarios: desde las prestaciones que brindan, a cuestiones económicas y de funcionamiento interno, a sus principales fuentes de financiación, a los recursos humanos con los que cuentan, a su capacidad y ocupación…. La encuesta on line se efectuó entre los que hacían uso de los espacios pertenecientes al directorio oficial (1.375) y obtuvo un porcentaje de respuestas del 79,9%.

En el año 2024, como media y a diario, se alojaron en estos dispositivos 33.758 personas mayores de 18 años: el 24,6% mujeres (un 55,7% más que en 2022), se ofrecieron 70.343 servicios (el 36,9% más que en 2022), resultando los migrantes los que en mayor medida hicieron uso de las plazas de alojamiento, doblando la cifra respecto a 2022 (20.911: un 97,2% por encima), con una media de 17.786 plazas ocupadas (+121,1% respecto a 2022).

Además, el número de viviendas destinadas a los programas Housing First/Housing Led[2] fue de 1.086, lo que supuso un aumento del 63,1% respecto a 2022 (1.092 viviendas en el mes de junio de 2024, ocupadas por 2.168 personas: 713 mujeres). Este modelo de atención surgió, hace dos décadas en los EEUU, siendo su objetivo prioritario satisfacer las necesidades de vivienda y a partir de esta estabilidad habitacional avanzar en su recuperación/autonomización.

En 2024, el 26,1% de los centros atendió con exclusividad a inmigrantes en situación de exclusión social extrema (el 20,0% en 2022), el 7,4% a mujeres víctimas de violencia de género (el 7,2% en el año previo), y el 66,5% restante no estaba especializado o cubría otras necesidades (el 72,8% un año atrás).

Es sintomática su titularidad, pues el 22% eran públicos y el 78,0% privados. Específicamente los focalizados a mujeres maltratadas eran mayoritariamente públicos (57,8%), los privativos para migrantes de titularidad privada (93,3%) y los que no disponían de ninguna especificidad privados (76,0%). Lo anterior confronta que, salvo en el caso de las mujeres, las prestaciones que se proporcionan a las personas más excluidas provienen de la iniciativa privada, con una más que notable financiación por parte de las Administraciones Publicas (85,7%).

El mayor número de casos atendidos en 2024 se concretó en: Inmigración/solicitud de protección internacional (51,9%) y Mujeres víctimas de violencia de género (17,9%) y las menos habituales VIH/Sida (2,0%) y Enfermedad de larga duración/dependencia (2,6%). Por su parte, las intervenciones prevalentes estuvieron dirigidas a: Información y acogida (84,4% de ellos), Atención y acompañamiento social (80,1%) y Alojamiento (79,9%).

Por último, revelar que el número medio de trabajadores en 2024 dedicados a la atención de estos ciudadanos fue de 26.079 (el 45,5% a tiempo completo y el 54,5% a tiempo parcial), de los cuáles el 51,7% asalariados, el 43,5% voluntarios y el 4,7% entre personal subcontratado, estudiantes en prácticas, religiosos… Confirmándose que los hombres y mujeres que velan por la atención de este colectivo son voluntarios (a tiempo parcial: el 39,6% y a tiempo completo: el 38,8%).

Ante una problemática como esta, que conlleva tanto sufrimiento humano y representa un fracaso como sociedad, el 11 de julio de 2023 el Consejo de Ministros aprobó La estrategia Nacional para la lucha contra el sinhogarismo en España 2023-2030[3] (en la que participaron todos los actores implicados, incluidas personas en situación de “sin hogar”).

Se estructura en dos objetivos generales y doce específicos, con cuatro ejes de actuación (prevención, promoción de la autonomía, personalización de las intervenciones, gobernanza y conocimiento). Los generales son erradicar el sinhogarismo de calle y articular mecanismos preventivos que faciliten que las 7.277 personas en calle y las 2.082 que llevaban entre 0 y 6 meses sin alojamiento se reduzcan al 50% en 2028 y al 95% en 2030 (con datos del 2022).

Llegar a buen puerto exige la colaboración entre las distintas Administraciones Públicas y las entidades del Tercer Sector, habiéndose aprobado entre el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y las Comunidades Autónomas, con fecha de inicio en 2023, un Acuerdo Marco del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para acometer el sinhogarismo bajo el impulso y marco de la precitada estrategia nacional.

El tiempo dirá… el tiempo, siempre el tiempo…

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[1] Véase, https://www.ine.es/prensa/epsh_2022.pdf

[2] Véase, https://hogarsi.org/housing-first/

[3] Véase, https://www.dsca.gob.es/gl/derechos-sociales/servicios-sociales/personas-sin-hogar

 

Nacida en Ingolstadt Donau (Alemania). Doctora en Ciencias Políticas y Sociología. Catedrática de Sociología de la UNED. Es autora de un centenar de publicaciones sobre los impactos sociales de la Biotecnología, exclusión social, personas “sin hogar”, familia, juventud, inmigración, etc.

Es miembro y secretaria del equipo de investigación del Grupo de Estudio sobre Tendencias Sociales (GETS) de la UNED. Ha participado en una treintena de proyectos de investigación. Es evaluadora habitual de revistas de Ciencias Sociales españolas e internacionales.

Desempeña tareas de gestión en la UNED desde el año 1996. Ha sido secretaria del Departamento de Sociología III (Tendencias Sociales) y subdirectora del mismo. Asimismo, coordinadora del Máster en Problemas Sociales y del Programa de Doctorado en Análisis de los Problemas Sociales de la UNED.

En el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha sido coordinadora y evaluadora de becas dentro del Área científica Ciencias Sociales.

Miembro de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida (1997-2010), vocal de la Comisión de Bioética de la UNED y Vocal Titular del Foro Local de “Personas sin Hogar” del Ayuntamiento de Madrid.


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