Una crisis grave, pero no mortal

No es agradable para ningún Gobierno ni para ningún partido descubrir que a su amparo se han cometido delitos de corrupción. Menos aún si los presuntos corruptos han ocupado puestos relevantes en la estructura gubernamental y partidista. Pero aquí hay una primera distinción que hacer. No es lo mismo que haya militantes (o Ministros) corruptos que se lucran personalmente del delito, que esos militantes estén enquistados en una trama de corrupción en la que se lucra el propio partido, como ha ocurrido con la trama Gürtel. La corrupción de Luis Roldán o de Mariano Rubio tuvo consecuencias políticas para la honorabilidad del Gobierno de Felipe González y para el PSOE, pero no tuvo consecuencias penales porque ni Gobierno ni partido se beneficiaron de los delitos de los antiguos Director de la Guardia Civil o Gobernador del Banco de España. En el caso de Cerdán-Ábalos-García el PSOE no está implicado, a pesar de la preeminente posición interna de Cerdán, lo que constituye un cortafuego para defender la honorabilidad del partido ante la sociedad española. Porque es mucho más difícil de evitar la corrupción de los seres humanos que se da en cualquier ámbito social y en cualquier relación. Además, el corrupto tiene especiales mañas para hacerse pasar por honrado, por lo que no es de extrañar que se haga pasar por honesto y engañe a todo el mundo.

Ante esta situación deben examinarse cinco cuestiones: a) la reacción del Presidente del Gobierno ante el estallido de la noticia; b) la respuesta política; c) la posición de los aliados parlamentarios del Gobierno; d) las medidas que no se deben aplicar; y e) las medidas que pueden servir para pasar página.

a) La reacción del Presidente del Gobierno y del PSOE ante el estallido de la noticia. No es habitual en los países europeos que un dirigente pida perdón por su conducta. Lo vimos con el Rey Juan Carlos, pero las disculpas no valen en la puerta de un hospital y como de pasada, máxime cuando más adelante afloraron las cuentas corrientes que poseía fuera de España el propio Jefe del Estado. A diferencia de aquel acto de contrición no muy sincero, la intervención del Presidente Sánchez el 12 de junio no es habitual, pues nadie la reclamaba, nadie la esperaba y se adelantó a las críticas y comentarios. Este tipo de mensajes denota una vocación de conexión con los ciudadanos, de no escapar de las crisis y de trasmitir el sentimiento de repudio por lo que es un abuso de confianza. No todos los gobernantes son tan sinceros en estas situaciones, máxime cuando a priori no se sabe cómo va a reaccionar la opinión pública ante este tipo de informaciones ni cómo se va a juzgar al gobernante que acude a contar estos problemas.

b) La respuesta política. Forma parte del arte de gobernar ponderar la respuesta política ante situaciones que comprometen al gobernante. Más abajo veremos lo que, a nuestro juicio, no se debe hacer, pero siempre es más fácil discernir lo que no se puede hacer que lo que se debe hacer. En el cuerpo humano las crisis de salud se resuelven con la muerte o con la curación del enfermo. En política también. Nadie ha buscado el estallido de la crisis, pero puede servir para fortalecer el Gobierno de coalición y su posición parlamentaria. Puede ser el momento de examinar la acción de cada Ministerio y sacar las oportunas conclusiones. En la prensa y en algunos partidos se está hablando de cuestión de confianza que, como veremos más abajo, no parece adecuada. Pero sí puede ser adecuado fortalecer los apoyos parlamentarios en el Congreso en torno a temas que si prosperan conllevan la reafirmación de la confianza, sin los efectos penalizadores de este procedimiento. Tampoco se debe entrar en la perspectiva, que ha lanzado algún responsable de Sumar, de pedir que se acentúe el contenido social del Gobierno cuando es evidente que este Gobierno ya tiene una agenda social sólida y atractiva que no se debe subestimar. Pero el fantasma del trumpismo que recorre América, Europa y Oriente Medio crea tanta incertidumbre sobre la paz y sobre el futuro del Estado social y democrático que un Gobierno progresista todavía puede ofrecer un programa político atractivo y, sobre todo, tranquilizador para una ciudadanía inquieta ante el avance de las derechas extremas. Esta crisis no deseada es un buen pretexto para que los ciudadanos comparen las políticas destructivas de tantos países con el fortalecimiento de la democracia y del Estado del bienestar en España.

c) La posición de los aliados parlamentarios del Gobierno. En este punto llama la atención el cortoplacismo de algunos partidos que han apoyado la investidura. Con una visión miope temen que los escándalos de corrupción les salpique cuando sólo el apoyo firme al Gobierno ayuda a la ciudadanía a comprender que el Gobierno no está implicado en casos personales de corrupción. La imagen de unidad en torno al Gobierno fortalece a sus aliados parlamentarios ante la opinión pública y ayuda a disipar las reticencias y la fuerte presión de la derecha y de sus medios. Es más, las reticencias de los aliados dan la razón a la campaña de desprestigio y de calumnias de los conservadores.

d) Las medidas que no se deben aplicar. En los medios de la derecha y hasta en algún comentarista de prestigio en La Vanguardia se está hablando de medidas como la celebración de elecciones y la presentación de una cuestión de confianza. Algunos dirigentes territoriales del PSOE también parecen pedir la celebración de elecciones para no comprometer y contaminar sus futuras elecciones autonómicas y municipales, petición que merece una consideración distinta. Ningún manual de comportamiento electoral (si existe ese género bibliográfico) aconsejaría convocar elecciones en medio de una crisis, como no se puede cambiar de caballo en medio del río. Unas elecciones en estos momentos darían una victoria a la doble derecha que conseguiría a un precio muy barato que gobernara Vox subido a la grupa del Partido Popular. Eso es fácil de entender, por lo que proponer la celebración de elecciones en estos momentos implica, se quiera o no se quiera, dar el Gobierno a Abascal. Así de claro.

Más preocupante es que desde el PSOE territorial se quieran adelantar las elecciones legislativas. Y es preocupante porque denota una visión política corta, que pone al terruño por delante del Estado. Los ciudadanos españoles, su bienestar y sus derechos constitucionales necesitan un Gobierno nacional progresista, pero anteponer el Gobierno autonómico o municipal al nacional muestra que en todos los partidos nacionales se ha creado una red de intereses locales que olvida que sin el apoyo del Gobierno de la Nación la política local tiene muy poco recorrido. Con un Gobierno liderado de facto por Vox, las políticas autonómicas o municipales del PSOE estarían sofocadas cuando no perseguidas.

En cuanto a la convocatoria de una cuestión de confianza, vistos lo dubitativos y temerosos que son algunos aliados parlamentarios y visto que algún partido se ha especializado en votar junto al Partido Popular y a Vox con cierta frecuencia, sería también un suicidio. Cuando Michel Debré, en 1958, llevó a la Constitución francesa la cuestión de confianza no estaba pensando en que el Gobierno se pusiera el mismo la soga, sino que sirviera para reforzarlo.

e) Medidas que pueden servir para pasar página. Es obvio que el Gobierno tiene que tomar diversas iniciativas que calen en la opinión pública progresista. Lo primero es la batalla de la propia opinión pública. Las dos intervenciones del Presidente Sánchez los días 12 y 16 van en buena dirección, pero ha de ser secundado por el PSOE y por el Gobierno. Me gustaría recordar una circunstancia antigua que es muy reveladora. A pesar de las crisis de desprestigio de 1995, el PSOE estuvo muy cerca de ganar las elecciones en marzo de 1996 y hasta es posible que hubiera podido formar Gobierno con los nacionalistas si Felipe González no hubiera dado por perdida la batalla antes de entrar a combatir. Pongo este ejemplo para señalar que el Gobierno puede mantener la iniciativa y el apoyo de los ciudadanos si ofrece una acción política clara y al mismo tiempo no se siente derrotado por la campaña de las derechas que, como se ha visto en el Pleno del Congreso del 17 de junio, sólo practican la política de la extorsión y del desprecio de las instituciones constitucionales.

En definitiva, esta crisis no debe llevar a la derrota del Gobierno sino a su fortalecimiento para ganar las elecciones en 2027.