Las Leyes de Justicia también las hace el Parlamento

Las leyes de la seguridad pública no las hacen los policías. Las leyes de la sanidad no las hacen los médicos. Las leyes, todas las leyes, las hacen los representantes democráticos de la ciudadanía en el Congreso y en el Senado, atendiendo a los intereses generales, no a los intereses propios de una u otra corporación profesional.

Uno de los principios fundamentales de la democracia es el principio de la separación de poderes. Consiste en que el ejecutivo hace decretos, el judicial hace sentencias y el legislativo hace leyes. Y consiste también en que el ejecutivo o el legislativo no hacen sentencias y el judicial no hace leyes.

El principio de la separación de poderes ampara asimismo a cada uno de los poderes para ejercer sus funciones sin sufrir presiones indebidas de los demás poderes. Sería intolerable que el gobierno tratara de influir en el sentido de las sentencias que dictan los jueces. De igual manera resulta inaceptable que quienes forman parte del poder judicial traten de influir indebidamente en la redacción de las leyes.

El hecho de que, en la víspera de la votación en el Congreso de las enmiendas a un proyecto de ley, algunos jueces, en las puertas de los juzgados, exhibiendo con sus togas el poder del que están investidos, se hayan manifestado contra ese proyecto de ley, podría considerarse como una presión indebida sobre el poder legislativo. También podría serlo la amenaza de dejar de cumplir las funciones constitucionales para las que fueron nombrados.

Por otra parte, la libertad de expresión ampara claramente a los portavoces de las asociaciones judiciales que se han pronunciado de forma crítica y con respeto acerca del proyecto de ley de ampliación y reforzamiento de la carrera judicial y fiscal. Les ampara tanto como a aquellos representantes políticos que han criticado respetuosamente determinadas resoluciones judiciales, entre los aspavientos difícilmente entendibles de esos mismos portavoces asociativos.

Lo que no ampara la libertad de expresión ni principio democrático alguno son los bulos. Y se están difundiendo muchos bulos respecto a ese proyecto de ley que, como todos los demás, es valorable y mejorable. Pero que merece valoraciones desde la verdad, al menos.

Porque no es verdad que el proyecto de ley “cuele” jueces afectos al gobierno. Las reformas en las pruebas de acceso a la judicatura consisten básicamente en introducir una prueba escrita de carácter anónimo y en la grabación de la prueba oral ya existente. Además, se fijan por ley las becas que promueven la igualdad de oportunidades y se procura transparencia en la labor y las retribuciones de los preparadores.

El llamado cuarto turno de acceso está vigente en la ley desde hace cuarenta años, y la reforma tan solo se asegura su convocatoria anual. La estabilización de jueces sustitutos consiste en ofrecer dignidad laboral a jueces que ya dictan sentencias, que seleccionaron los tribunales superiores de las comunidades autónomas y que fueron nombrados por el Consejo General del Poder Judicial, sin participación alguna del Gobierno.

Tampoco es cierto que el Gobierno politice la comisión de ética del CGPJ, porque la reforma tan solo incorpora en su seno juristas de prestigio y experiencia, elegidos por los representantes de la ciudadanía en las Cortes Generales. Como no lo es que los cambios previstos en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal pretendan blindar al Fiscal General en ejercicio, porque la propia ley impide tal aplicación.

Por tanto, reivindíquese la separación de poderes, también para asegurar que los legisladores legislan sin presiones indebidas de otros poderes. Y reivindíquese la libertad de expresión para los jueces respecto de los políticos, y para los políticos respecto de los jueces también. Y, sobre todo, reivindíquese la verdad, en las expresiones libres de unos y de otros.