Hay que acabar con el acoso de acciones judiciales abusivas

Uno de los factores que alimentan la polarización y la crispación política intensa que vivimos proviene de la estrategia de esos mismos sectores ultraderechistas para hacer uso de acciones judiciales de forma claramente abusiva.

La estrategia consiste en fabricar bulos con acusaciones falsas contra políticos, periodistas o activistas sociales y culturales de ideas progresistas, con efectos perversos sobre la actividad y la fama de sus víctimas, que después multiplican activando un acoso judicial irregular y abusivo.

El penúltimo caso ha afectado a una presentadora de la televisión pública, que durante la emisión de las campanadas de fin de año mostró una ilustración con motivo religioso. El ataque ulterior por parte de la fachosfera fue tan brutal como injusto, en redes, en medios de comunicación, y también en la judicatura.

Los derechos y libertades vulnerados mediante tal conducta son múltiples: el derecho a la libertad de expresión y creación, el derecho al honor, el derecho a la intimidad y el derecho a la tutela judicial efectiva, entre otros.

El propósito de esta estrategia ultra es doble. Por una parte, se trata de destruir o cuando menos amedrentar a los adversarios políticos, mediáticos y sociales. Por otro lado, buscan ocultar los indudables éxitos de gestión del Gobierno progresista, que bate récords de crecimiento económico, creación de empleo y beneficios sociales para la mayoría de la población. Inventan escándalos inexistentes en los demás para disimular los escándalos auténticos que les son propios, en la Comunidad de Madrid sin ir más lejos.

Esta estrategia del bulo y las acciones judiciales abusivas deteriora la calidad de nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho. Y hay que defenderse. Nos va mucho en ello. Nuestros derechos y nuestras libertades están amenazados por el fascio, una vez más.

Las reformas legales planteadas en la proposición del Grupo Socialista se resumen en tres. Primero se acota la figura de la acción popular, que la fachosfera manipula para multiplicar los efectos de sus bulos contra adversarios progresistas. La herramienta constitucional se mantiene, pero se impide su uso por parte de partidos políticos y asociaciones relacionadas, se exige vínculo concreto con el interés público en litigio, y se imposibilita abrir procesos penales mediante meros recortes de prensa sin indicios de irregularidad.

En segundo lugar, se suprime del Código Penal el delito de ofensas contra los sentimientos religiosos, porque nuestra sociedad es lo suficientemente madura para encajar las opiniones contrarias a dogmas y ceremonias sin sufrir daños dramáticos.

Y, en tercer lugar, se regula la abstención y recusación de jueces por declaraciones o actividades de carácter político. Porque es de pura lógica que cuando un juez o magistrado realice públicamente manifestaciones a favor o en contra de partidos políticos, sindicatos, asociaciones o en relación a sus iniciativas, no se le permita participar después en un proceso en el que tales instancias formen parte. Están en juego los derechos de los afectados y la debida imagen de imparcialidad del poder judicial.

Esta es la realidad del contenido de la propuesta. Los bulos al respecto han sido muchos, como cabía esperar.

Se ha dicho que es inconstitucional limitar el uso de la acción popular y es falso, porque el artículo 125 de la Constitución atribuye su regulación a lo “que la ley determine”.

Se ha dicho que la propuesta busca la impunidad de algunos imputados en procesos actualmente en vigor relacionados con la familia del Presidente del Gobierno y es falso, porque cuando la ley se publique en el BOE tales procesos habrán concluido mucho tiempo atrás, habiéndose probado la honestidad de sus víctimas y la intención espuria de sus impulsores.

Se ha dicho que se despenaliza el acoso a las personas religiosas y es falso, porque el Código Penal mantendrá los tipos que castigan cualquier ataque por motivos religiosos. Si se ataca la reputación de una persona por su religión, está el delito de injurias. Si se alienta la violencia o la discriminación, está el delito de odio.

Hay que acabar con la estrategia ultra de acosar a personas honorables con bulos y con acciones judiciales abusivas, y la propuesta socialista es un buen paso hacia esa meta.