Esperamos que así sea
- Escrito por Hilde Sánchez Morales
- Publicado en Opinión
Los comportamientos no ajustados a lo socialmente establecido o normativizado forman parte del propio desenvolvimiento social, y han sido abordados desde variados ámbitos del conocimiento: Filosofía, Psicología, Derecho, Criminología, Medicina… Para la Sociología es un hecho social clave, afectando al funcionamiento de la sociedad.
Es una problemática que da lugar a rupturas, resistencias y fragilidad en las relaciones sociales. Además, altera el orden sobre el que se sustenta la convivencia humana, trastorna la previsión en los comportamientos que esperan los unos de los otros (teoría de los roles sociales) e impacta sobre el orden social. Orden social que debemos entender como un aglutinamiento social unido por la aceptación de un elenco de normas, que, contienen medidas disciplinarias y/o punitivas. Materializándose en “sanciones”, cuya función social es reparar daños, evitar nuevas faltas y servir de ejemplo disuasorio que retraiga la desobediencia a las normas.
Cada sociedad dispone o dicta (informal o formalmente) sus propias normas e impone sus sanciones, de forma que están asociadas a su historia, determinadas por un espacio y un tiempo y su cumplimiento adopta distintas modalidades. Suma importancia adquiere el aprendizaje, interiorización y cumplimiento de las pautas sociales establecidas, pues su objetivo es alcanzar una armoniosa convivencia y el mantenimiento de la cohesión social.
Contemplamos al acto delictivo y al infractor con una mirada desaprobatoria. Muchos comportamientos se instalan en los límites de la aceptación y dan lugar a situaciones ambiguas. Más cuando se ponen en peligro derechos básicos y universales: el hecho cobra valor absoluto y los infractores son internados en centros cerrados.
Las cárceles son instituciones a las que el sistema penal otorga la función de rehabilitar a las personas condenadas a fin evitar la reiteración de los hechos delictivos. Deben facilitar los medios para una integración efectiva en la sociedad, tras el cumplimiento de las condenas. Así la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria dice que: “Las instituciones penitenciarias reguladas en la presente Ley tienen como fin primordial la reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad, así como la retención y custodia de detenidos, presos y penados. Igualmente tienen a su cargo una labor asistencial y de ayuda para internos y liberados”.
Los perfiles sociodemográficos de los condenados, así como los delitos más prevalentes muestran las particularidades de cada sociedad y son un reflejo del momento histórico en el que focalicemos la atención.
¿Quiénes son actualmente los internos en centros penitenciarios en España? Según datos del Consejo General del Poder Judicial, relativos al año 2023, el número total ascendió a 56.698, de los cuales 52.698 fueron hombres (96%) y 4.000 mujeres (4%). En situación preventiva había 45.429 varones y 9.908 mujeres. Resultando la Comunidad Autónoma Andaluza en donde hay una mayor concentración de presos (12.551 personas). Y mayoritariamente, en su conjunto, tienen edades entre los 31 y 50 años (26. 696).
¿Cuáles son los delitos de mayor prevalencia? En 2023 fueron los cometidos “contra el patrimonio y el orden socioeconómico” (17.343), “contra la salud pública” (7.368), los “delitos y faltas contra la violencia de género” (5.074) y “contra la libertad sexual” (4.039)[1].
Tratemos ahora de mostrar cómo y en qué medida los perfiles y comportamientos delictivos se encuadran en el espacio y el tiempo en donde se producen, basta tan solo con echar una mirada a los datos relativos al periodo más álgido de la pandemia de la COVID-19. La vivencia entre marzo y junio del 2000 del confinamiento domiciliario tuvo repercusiones muy significativas en la criminalidad de todo ese año.
Atendiendo a las infracciones penales que se produjeron en 2019 (enero-diciembre 2019), éstas ascendieron a 2.199.475, a diferencia de las producidas para el mismo periodo en 2020: 1.773.366. Relevante al respecto fue que la Comunidad de Madrid, que fue la que ostentó el mayor número de casos de infectados redujo en un -84,1% la tasa de criminalidad. De igual modo los mayores descensos tuvieron lugar en las ciudades con más población (-79,7% en aquellas con más de 100.000 habitantes).
Los delitos contra la seguridad vial, los de odio y los del tráfico de drogas experimentaron una importante caída Los patrimoniales disminuyeron un 54,1% y los que más descendieron fueron las estafas. Ahora bien durante el estado de alarma, se elevaron ostensiblemente las detenciones por hechos de resistencia y desobediencia a la autoridad (+519,1%). Aumentaron los delitos de violencia de género y los “coronacrímenes” (fraudes financieros). Resultando el perfil del detenido el de un hombre entre 18 y 40 años español.
El confinamiento que vivimos a nivel planetario fue un hecho social inédito, que revelo la fuerza en la que contexto social condiciona la naturaleza de los episodios delictivos, una etapa reciente de la humanidad que a los efectos del tema que tratamos en este foro sea quizá equiparable a lo que acontece en los grandes periodos bélicos.
¿Qué hacer ante los hechos delictivos? ¿cómo acometer esta realidad desde instancias públicas? Es necesario conocer su naturaleza, su evolución temporal y diseñar políticas criminales ajustadas a los cambios sociales que vayan acaeciendo. Teniendo en cuenta, como hemos planteado, que cada sociedad genera sus propios delitos. Con esta afirmación nos adherimos a las teorías sociológicas, iniciadas por la Escuela de Chicago en los años veinte del siglo XX, que enfatizaron la importancia etiológica del factor ambiental (environmental factor) y su vinculación con las conductas delictivas.
En este sentido, consideramos que las soluciones más efectivas estarían asociadas a la construcción de sociedades realmente inclusivas, que apuesten por la prevención en distintos niveles, tal como detalla Naciones Unidas.
El Programa de Prevención del Delito[2], tomando como guía la Declaración de Kioto[3], promueve: “1º. El diseño de estrategias de prevención primaria, secundaria y terciaria, a nivel comunitario, institucional y ambiental. 2.º La capacitación en el reconocimiento de diferentes tipos de agresiones y en el fomento de habilidades que favorezcan estilos de vida sanos, libres de violencia y adicciones. 3.º El fortalecimiento de las estructuras locales de seguridad y justicia. 4.º La prevención del feminicidio, así como otras formas de violencia contra mujeres y niñas. 5.º La reducción de la delincuencia juvenil y la promoción de la rehabilitación y reintegración social de las personas privadas de la libertad”.
Esperemos que así sea…
____________________________
[2] Véase, https://www.unodc.org/lpomex/es/areas-de-trabajo/prevencion-del-delito.html
Hilde Sánchez Morales
Nacida en Ingolstadt Donau (Alemania). Doctora en Ciencias Políticas y Sociología. Catedrática de Sociología de la UNED. Es autora de un centenar de publicaciones sobre los impactos sociales de la Biotecnología, exclusión social, personas “sin hogar”, familia, juventud, inmigración, etc.
Es miembro y secretaria del equipo de investigación del Grupo de Estudio sobre Tendencias Sociales (GETS) de la UNED. Ha participado en una treintena de proyectos de investigación. Es evaluadora habitual de revistas de Ciencias Sociales españolas e internacionales.
Desempeña tareas de gestión en la UNED desde el año 1996. Ha sido secretaria del Departamento de Sociología III (Tendencias Sociales) y subdirectora del mismo. Asimismo, coordinadora del Máster en Problemas Sociales y del Programa de Doctorado en Análisis de los Problemas Sociales de la UNED.
En el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha sido coordinadora y evaluadora de becas dentro del Área científica Ciencias Sociales.
Miembro de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida (1997-2010), vocal de la Comisión de Bioética de la UNED y Vocal Titular del Foro Local de “Personas sin Hogar” del Ayuntamiento de Madrid.
