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El golpe sin precedentes de la derecha judicial al servicio del PP


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Por primera vez en 44 años desde la aprobación de la Constitución, una acción coincidente entre la derecha política del PP y la ultraderecha de Vox, junto a las derechas judicial y mediática, y con la colaboración necesaria de los miembros conservadores del Tribunal Constitucional, ha impedido que la legítima representación del pueblo ejerza sus competencias legislativas al frenar una tramitación parlamentaria.

Los magistrados conservadores sostenidos por el PP en el Alto Tribunal echaron por tierra las garantías que el Estado de Derecho reconoce a las partes en cualquier proceso. No haber dado trámite de audiencia a tiempo a las dos cámaras parlamentarias como partes afectadas provocó una total indefensión, todo ello en un procedimiento que suspende competencias al Poder Legislativo que, no se puede olvidar, es el máximo depositario de la soberanía popular.

La decisión del Tribunal Constitucional de acordar la suspensión cautelar de la tramitación parlamentaria de una proposición de ley que pretendía reformar el sistema de elección del propio Constitucional es una grave decisión que afecta a la separación de poderes e implica una grave crisis institucional al romper el equilibrio entre ellos

La separación de poderes en España sufre un serio golpe. Se ha impedido a las Cortes Generales ejercer su función legislativa por una resolución aprobada con los votos de los seis magistrados conservadores, dos de ellos, además, con el mandato caducado y afectados directamente por la reforma paralizada con su propio voto. En toda lógica, deberían haberse abstenido por tener un ‘interés directo’, tal y como reza el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Pero es que, para más vergüenza, esos mismos magistrados –Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez– fueron recusados, entre otros, por Unidas Podemos, y de nuevo ellos mismos participaron en el rechazo de su propia recusación. Esgrimieron para ello que las partes a las que se había impedido alegar libremente no tenían legitimidad para recusar, cuando los recurrentes sólo buscaban defender su derecho a ejercer el mandato popular como parlamentarios.

Con ser esto grave, no lo es menos que desde el inicio de la legislatura y la conformación de un Gobierno de coalición de izquierda que rompía por primera vez el bipartidismo, las derechas intenten perpetuarse en el control de ciertas instituciones claves del Estado. Especialmente ocurre con el sistema judicial, al tener bloqueada la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde hace cuatro años y la renovación del Constitucional desde hace seis meses.

A nadie se le escapa que todo ello conlleva también un riesgo evidente de influir en la abundante producción legislativa del Gobierno de coalición, en unas leyes que no sólo han aumentado los derechos y libertades de la ciudadanía, sino que han permitido levantar un escudo social contra la pandemia, la crisis económica y la crisis energética. El resultado se ve en cuestiones como que España tiene la inflación más baja de Europa y se ha evitado que la población sufra tantas consecuencias como en la crisis de 2012.

La decisión del Tribunal Constitucional de acordar la suspensión cautelar de la tramitación parlamentaria de una proposición de ley que pretendía reformar el sistema de elección del propio Constitucional es una grave decisión que afecta a la separación de poderes e implica una grave crisis institucional al romper el equilibrio entre ellos.

Se ha roto el sistema de pesos y contrapesos por el que el Tribunal Constitucional, como órgano de garantías, sólo puede anular normas una vez aprobadas por el Legislativo, pero no interrumpir su tramitación parlamentaria y, mucho menos, la de aquellas iniciativas legislativas que le afectan directamente.

Tal y como reclaman las asociaciones progresistas de la judicatura, es necesario que el Tribunal Constitucional respete la inviolabilidad del Parlamento y no interfiera más en sus competencias. Además, es obligado que el Partido Popular empiece a respetar la voluntad de la mayoría parlamentaria que ha sido elegida en las urnas y participe en la renovación de unos órganos caducados en la práctica y en su legitimidad constitucional.

 

Responsable federal de la Conferencia Interparlamentaria de Izquierda Unida y presidente del Partido Comunista de España (PCE), partido del que ha sido secretario general entre 2009 y 2018. Maestro de profesión, fue concejal en el Ayuntamiento de la localidad malagueña de Benalmádena, provincia donde inició su actividad política y por la que fue elegido diputado al Congreso en 1993, 1996 y 2000. En la X Legislatura (2011-2015) volvió a la Cámara Baja como diputado por Sevilla, ocupando la portavocía del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA-La Izquierda Plural.