Un informe técnico afirma que el "poco rigor" de Castor causó los sismos

En la elaboración del informe ha participado el Colegio Oficial de Geólogos de Cataluña, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Cataluña, el Colegio de Ambientólogos de Cataluña y expertos de la Universidad de Barcelona.

El Síndic ha explicado que los "indicios" vinculan directamente los terremotos ocurridos entre septiembre y octubre de 2013 en los alrededores de la plataforma del almacén de gas Castor "con una actuación poco profesional y rigurosa de la empresa promotora Escal UGS".

Por este motivo, ha anunciado que reclamará al Gobierno que encargue "una auditoría objetiva" sobre las condiciones técnicas de la plataforma que determine el grado de responsabilidad de la empresa y si las diversas decisiones tomadas "pueden ser calificadas de negligencia, incompetencia o dolo".

El Defensor del Pueblo de Cataluña ha insistido en pedir un peritaje oficial de los daños causados por los terremotos en edificios e instalaciones de la zona afectada, y, en función de los resultados, "habrá que revisar las reclamaciones de responsabilidad patrimonial".

El informe presentado por Ribó expone las bases técnicas que concluyen que "Escal UGS cometió varios errores técnicos e incumplió el código de buenas prácticas".

Según el documento, "la inyección de caudales excesivos de gas para un almacén con parámetros mucho más modestos de lo que estimó Escal UGS pudieron desembocar en sobrepresiones excesivas".

Estas sobrepresiones también pudieron "fracturar la roca sello y dar lugar a fugas de gas y petróleo, que al entrar en la falla de Amposta causaron su desestabilización y el movimiento".

El movimiento de la falla de Amposta (Tarragona) es lo que desencadena la serie de terremotos en los últimos días de septiembre y primeros de octubre de 2013, ha detallado Ribó.

El Síndic ha subrayado "algunos errores inaceptables" en la gestión del fallido almacén de gas, como que "se permitiera iniciar un proyecto altamente especulativo desde el punto de vista geológico y basado en unas previsiones de recuperación de petróleo imposibles de materializar".

"Tampoco se puede aceptar que la empresa elaborara un modelo geológico del almacén con parámetros extraordinarios sin una base objetiva comprobable", ha dicho el Síndic, que también ve "muy poco rigurosas" las estimaciones de presiones de fractura de la roca.

Ribó ha pedido que la auditoría técnica que el Gobierno "debe llevar a cabo" debería investigar todos los informes elaborados por parte de Escal UGS antes de la inyección de gas, y analizar si con los datos disponibles en los meses previos a los sismos, estos "se podían haber previsto e incluso evitar".

"Si este fuera el caso, habrá que aclarar por qué no se ejecutaron estas medidas", ha añadido.

El Síndic tiene previsto enviar este informe al Gobierno, al Parlament de Catalunya, a los grupos políticos con representación en el Congreso de Diputados, al Defensor del Pueblo de España y a la magistrada del Juzgado de Vinaroz (Castellón) que se encarga del caso.