Jóvenes y pensionistas: un falso conflicto

Históricamente, el debate sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones se ha utilizado con frecuencia para justificar políticas de recortes o revalorizaciones mínimas. Sin embargo, tras los acuerdos del Pacto de Toledo y en el marco del diálogo social, las reformas implementadas desde 2021 han consolidado un consenso institucional sobre la viabilidad del sistema bajo el actual esquema de financiación y revalorización. Un aspecto fundamental, a menudo ignorado, es el precepto recogido por la Constitución Española (CE): el artículo 50 insta a los poderes públicos a garantizar pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas. Por tanto, la revalorización no debe entenderse como una concesión política discrecional o una estrategia electoral, sino como el cumplimiento estricto de un mandato constitucional que asegura la suficiencia económica de los mayores.

La imagen del pensionista como un colectivo homogéneo y privilegiado —que tiene una “vida cañón”, de viajes y ocio— tampoco resiste el contraste con los datos. En 2025, la pensión media del sistema rondaba los 1.300 euros mensuales, mientras que la pensión media de jubilación se situaba en torno a los 1.500 euros. Sin embargo, estas cifras escondían una realidad mucho más desigual: más de la mitad de los pensionistas cobraba por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, fijado para 2025 en 1.184 euros mensuales por 14 pagas, y cerca de uno de cada dos no alcanzaba los 1.000 euros al mes. Las pensiones máximas, que suelen utilizarse de forma demagógica en el debate público, eran percibidas por menos del 5 % del total de pensionistas.

Con estos datos sobre la mesa, resulta difícil sostener que los pensionistas sean responsables de la precariedad laboral y salarial de los jóvenes. Congelar o reducir las pensiones no garantizaría en absoluto una mejora de las condiciones de vida de la juventud. El origen del problema se encuentra en un mercado laboral marcado por la estacionalidad y/o la temporalidad, los bajos salarios, la parcialidad involuntaria y la dificultad de acceso a empleos estables y bien remunerados. Muchos jóvenes trabajan en condiciones que incumplen las normas legales, compatibilizando estudios y empleo, o aceptan puestos muy por debajo de su nivel de formación ante la falta de alternativas. Otros son directamente descartados por estar sobrecualificados.

Además, las nuevas generaciones han cambiado su forma de entender el trabajo y la vida: valoran más la conciliación, el tiempo libre y la calidad de las condiciones laborales sin renunciar a salarios dignos. El conflicto no es generacional, sino estructural, y responde a un modelo económico que ha normalizado la precariedad. A menudo, la confrontación entre jóvenes y pensionistas se utiliza para defender sistemas de capitalización, como los planes privados de pensiones. Que en nuestro país son de carácter voluntario, apenas alcanzan al 10 % de los trabajadores y se concentran mayoritariamente en grandes empresas. El objetivo de fondo es reducir el peso del sistema público y trasladar la protección social al ámbito privado, en coherencia con una visión que apuesta por minimizar la intervención del Estado y relegarlo a un papel meramente asistencial.

Nuestro sistema es de reparto y se basa en la solidaridad intergeneracional: los trabajadores actuales financian a los jubilados actuales. En este sentido, es fundamental resaltar el papel económico y social de los pensionistas. Lejos de ser una carga, su consumo contribuye de forma significativa a la actividad económica y al empleo. A ello se suma su función de apoyo familiar: el cuidado de nietos, la ayuda económica a hijos e hijas y el respaldo en momentos de dificultades, como se evidenció durante la crisis financiera de 2008. El verdadero debate no debería enfrentar a los pensionistas con los jóvenes que sufren la precariedad, sino centrarse en reducir las desigualdades y reactivar el ascensor social.

La prioridad política y social debe ser mejorar las condiciones laborales y salariales de la juventud, facilitar el acceso a la vivienda, reforzar la inversión en educación y avanzar hacia una fiscalidad más justa que grave a las rentas más altas y a los grandes grupos económicos. Son medidas mucho más eficaces que señalar a los pensionistas como chivo expiatorio. Enfrentar a generaciones es una estrategia que pretende desviar la atención de la causa principal de las desigualdades: el injusto reparto de la riqueza.

Existen cuestiones que podrían aportar claridad a este debate, como la realización de la auditoria de las cuentas de la Seguridad Social prevista por la reforma del sistema público de pensiones de 2021. El Pacto de Toledo, acordó separar las fuentes de financiación, distinguiendo los gastos impropios (destinados a políticas sociales) de la función contributiva. Dado que el Estado debe asumir los gastos no contributivos para equilibrar las cuentas, la demora en realizar esta auditoría no facilita conocer con exactitud el coste real de las pensiones y dificulta el diseño de medidas más eficaces para la sostenibilidad del sistema.

Para erradicar la instrumentalización partidista de las pensiones públicas, desde ámbitos políticos, sindicales y sociales se exige el blindaje constitucional del sistema. Esta demanda busca reformar la Constitución Española para prohibir explícitamente a cualquier gobierno futuro la privatización o el recorte de las pensiones, elevándolas a la categoría de derecho fundamental. Asimismo, se reclama que la Carta Magna garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones mediante una revalorización anual obligatoria ligada a la evolución de los precios, evitando así que se repitan pérdidas de poder de compra como las derivadas de reformas previas.