IU plantea al Gobierno que ejerza su derecho legal a denegar la extradición del activista norteamericano J.C. Chambers ante los evidentes riesgos de una entrega a EE. UU.

Todos los/as diputados/as de IU, encabezados por su portavoz parlamentario, Enrique Santiago, firman una iniciativa registrada hoy para plantear a los máximos responsables de Justicia y de Exteriores del Gobierno español si “en el supuesto de que los órganos judiciales españoles acordaran finalmente la extradición”, si piensan “ejercer las competencias que le atribuye la Ley 4/1985, de 21 de marzo, de Extradición Pasiva, para denegar la entrega si apreciara un riesgo de vulneración de derechos fundamentales o la concurrencia de alguna de las causas legales que impiden la extradición”.

A mediados de 2023, el ahora detenido recibió aproximadamente 250 millones de dólares tras romper vínculos con su familia y vender su participación heredada en Cox Enterprises. Desde entonces ha destinado ese patrimonio al activismo social y a la solidaridad internacional, a través de fondos personales y de su labor fundacional. En este contexto, consta que ha donado más de un millón de libras a proyectos humanitarios en Gaza, además de financiar organizaciones activistas y medios de comunicación propalestinos.

Izquierda Unida denuncia en su iniciativa que la detención de Chambers en España se produce en un “contexto de creciente represión de la Administración Trump contra el movimiento de solidaridad con Palestina y de la tensión creciente entre Donald Trump y el presidente del Gobierno español motivada, entre otras cuestiones, por las críticas de este último a la actuación del Estado de Israel en Gaza”.

Enrique Santiago, en concreto, advierte de que la solicitud de extradición de Chambers “puede responder a motivaciones políticas relacionadas con su apoyo a la causa palestina y una eventual extradición supondría un peligroso precedente de cara a cualquier ejercicio de las libertades de expresión, asociación y participación política”. Por ello, IU coincide con todas las organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos seriamente preocupadas por esta detención.

El Departamento de Justicia de Trump solicita esta extradición por varios cargos, entre ellos, el más grave y sin la aportación de prueba alguna es la supuesta financiación de la resistencia palestina, además de acusaciones vinculadas a protestas locales de apoyo para actuar contra instalaciones de fabricación de armamento israelí en EEUU. Solo consta que el detenido transfirió fondos propios desde Estados Unidos a Túnez, país donde residía, y donde él y sus actividades empresariales patrocinaron el Club Africain, campeón de fútbol de Túnez.

Extradición por razones políticas

Izquierda Unida completa su iniciativa parlamentaria, registrada a través del Grupo Plurinacional Sumar, además de pedir una “valoración” concreta sobre la solicitud de extradición, inquiriendo una respuesta concreta sobre si el Gobierno valora que dicha solicitud está “motivada, total o parcialmente, por razones políticas relacionadas con su apoyo a la causa palestina”.

Interroga también sobre los “criterios que aplica el Gobierno para valorar la existencia de un riesgo de tortura, de tratos o penas inhumanos o degradantes, de imposición de penas incompatibles con los estándares europeos de derechos humanos o de una posible persecución por motivos políticos para resolver una solicitud de extradición”

Por último, plantea si desde los ámbitos competentes del Ejecutivo estiman que “la protección de la libertad de expresión, de asociación y de participación en actividades de solidaridad internacional debe ser un elemento a tener en cuenta en la valoración de las solicitudes de extradición formuladas por terceros Estados con intereses opuestos a los defendidos por las personas reclamadas”.