El comisario Hoekstra debe revelar el coste del dañino acuerdo fiscal de Trump para Europa

El acuerdo fiscal mundial tenía por objeto frenar la competencia fiscal mundial y se esperaba que generara 64 000 millones de euros anuales en ingresos fiscales adicionales para la UE. Sin embargo, con arreglo al marco revisado acordado en el Marco Inclusivo del G20 y la OCDE, las multinacionales estadounidenses ya no estarán sujetas a las normas de tributación mínima previstas en el acuerdo original. Por tanto, el Grupo pide una evaluación transparente de las pérdidas de ingresos estimadas para los países de la UE y, en última instancia, para los contribuyentes europeos.

Mientras se envía la carta del S&D al comisario Hoekstra, el papel de la UE en la configuración de una fiscalidad más justa en una economía que cambia rápidamente se está debatiendo en el Simposio Fiscal de la UE 2026, que se celebra a principios de esta semana en Bruselas. El debate también se centra en otra cuestión fiscal clave: la fiscalidad digital.

El Grupo S&D ha condenado en repetidas ocasiones los continuos esfuerzos de la administración Trump para socavar la soberanía fiscal y digital de la UE, pidiendo una acción urgente de la UE sobre un impuesto de sociedades justo, también para las empresas digitales. Esto es necesario para romper con el sistema actual, que permite a los gigantes tecnológicos evitar pagar su parte justa.

Bruno Gonçalves, portavoz del S&D sobre fiscalidad, dijo:

"A pesar de la gran importancia de los puertos seguros establecidos por el acuerdo paralelo de la OCDE/G20, desafortunadamente no hay estudios publicados ni estimaciones de su impacto económico. Por tanto, el Grupo S&D pide al comisario Hoekstra que ofrezca una evaluación transparente de su impacto en los estados miembros de la UE y que publique cualquier dato o análisis disponible sobre las pérdidas de ingresos estimadas para los países de la UE.

"El acuerdo corre el riesgo de distorsionar el concepto de un impuesto de sociedades mínimo global, al tiempo que introduce una ventaja desigual para las empresas con sede en EE.UU. al blindar parcialmente los beneficios contabilizados en paraísos fiscales. Es igualmente crucial comprender las implicaciones de este marco sobre la igualdad de condiciones, especialmente si conduce a un traslado significativo de sedes corporativas y/o inversiones. El Comisario también debería supervisar esto de cerca y evaluar si es necesario un reequilibrio".

Jonás Fernández, portavoz del S&D para Asuntos Económicos y Monetarios, añadió:

"El acuerdo fiscal paralelo de la OCDE/G20 representa un retroceso significativo. Estamos muy preocupados por sus efectos. Podría reavivar las prácticas perjudiciales del impuesto de sociedades que el acuerdo global original fue diseñado para frenar. El marco fiscal mínimo global es una piedra angular de la cooperación fiscal internacional, y su aplicación exitosa es vital para garantizar una fiscalidad justa, proteger los ingresos públicos y apoyar el crecimiento económico sostenible.

"El acuerdo de enero es un recordatorio más de que Europa debe estar preparada para avanzar con soluciones alternativas que garanticen una fiscalidad justa, especialmente en la economía digital. La UE no debe abandonar su compromiso con la justicia fiscal, que es esencial para abordar la desigualdad y restaurar la confianza de los ciudadanos. Europa debe liderar el camino allí donde el progreso global se ha estancado".

Origen de los datos: sitio web de Grupo de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, el 17 de marzo de 2026.