La legislatura 2019-2023 ha sido desde luego una de las más inusuales que se recuerdan en la democracia española. Al poco de arrancar, con el primer gobierno de coalición de la historia, de corte progresista y liderado por el socialista Pedro Sánchez, hubo que hacer frente a la pandemia del coronavirus, que por razones de salud pública conllevó el cese de la actividad de la mayoría del comercio y servicios no esenciales, lo que obviamente suponía una caída del PIB y del empleo. Pero gracias a la intervención del Estado, con apoyo de Europa, los puestos de trabajo se mantuvieron durante el confinamiento. Posteriormente la guerra de agresión de Putin en Ucrania redujo el suministro de energía a Europa y de productos agrícolas (cereales, fertilizantes) al conjunto del mundo, generando la consiguiente inflación de costes, la cual acabó trasladándose al resto de la economía.

Cuando el PP daba las elecciones por ganadas, su candidato no iba a los debates, y se estaban repartiendo el poder con las élites económicas, políticas y mediáticas, de pronto se les complica la última semana de campaña, y, además, se encuentran con un PSOE que avanza, avanza y avanza.

Se habla mucho de las dificultades de gobernar con minoría, teniendo que llegar permanentemente a acuerdos, consensos, negociaciones. Pero nos olvidamos que nuestro sistema democrático es parlamentario y que, una mayor representación de partidos políticos, con toda su complejidad, representa mucho mejor las distintas opciones electorales de los españoles.

Los acuerdos y pactos de gobierno entre el Partido Popular y Vox en muchos ayuntamientos y comunidades autónomas prefiguran la ola de lo que se nos puede venir encima a toda España. Si esto se acaba por producir, el retroceso político, la pérdida de libertades y derechos sociales será de las que conforman una época. Entre otras cosas, volveremos al ejercicio del nacionalcatolicismo que sufrió este país durante décadas. La derecha hispánica, ya siempre difícil de homologar con el conservadurismo europeo por el mantenimiento de sus vínculos no totalmente superados con el franquismo y por su cultura más bien rancia, ha sido llevada hacia el extremo y la vulneración de cualquier signo de moderación por la emergencia de una extrema derecha que le ha conducido hacia la radicalización. La estrategia seguida en los últimos años de polarización extrema y de construcción de trinchera política negando legitimidad a la izquierda gobernante, los ha llevado a identificarse con esta extraña versión del españolismo más recalcitrante y del autoritarismo decimonónico. Los personajes que aparecen estos días cogiendo consejerías o presidiendo parlamentos, parecen extraídos del friquismo más extraño o de una colección de cómics. Toreros designados consejeros de cultura, negacionistas de la ciencia convertidos en autoridad política, homófobos confesos, cuestionadores públicos de las libertades, propagadores de las virtudes del franquismo... La normal alternancia política en el gobierno en España, con la dinámica y los mimbres actuales, provoca miedo. Cultura del odio, espíritu de revancha y voluntad de acabar con los consensos básicos que requiere cualquier sociedad democrática para su funcionamiento. Ciertamente, al menos hasta ahora, tienen la legitimidad democrática para alcanzar el gobierno y hacer acuerdos donde los votos se lo han hecho posible. El sistema permite que incluso quienes pretenden destruirlo se presenten a las elecciones y, si se da el caso, gobiernen.

Feijóo quiere auditar las cuentas del Estado, pero quizá debiera comenzar por las de su propia casa y clarificar lo que contenían aquellos ordenadores cuyos discos duros fueron destruidos a martillazos. Curioso protocolo informático. Tampoco sabe contestar a preguntas muy a simples. ¿Cuánto le abona el Partido Popular como gastos de representación? Si no le basta el sueldo de Senador, es obvio que será partidario de incrementar sobremanera el salario mínimo Interprofesional, salvo que distinga entre gentes pagadas requetebién y las que no merecen igual suerte por dedicarse a trabajar.¿A quien afectaría su generosa rebaja de impuestos? ¿Se beneficiarían quienes pagan poco por tener ingresos muy modestos o los que recaudan horrores y podrían permitirse un gesto solidario?

Según el último Informe de Desarrollo Democrático del prestigioso semanario The Economist, 21 de los 165 países miembros de Naciones Unidas pueden considerarse democracias plenas. Se trata tan solo del 12,6% de las naciones del mundo, que a su vez registran solamente al 6,4% de la población mundial. España está incluida en este pequeño grupo de democracias de calidad.

En la última legislatura 2019-2023 la vivienda ha sido un tema de continua referencia dentro de la política económica y social. Al medio año de gobierno se modificó la norma para actualizar los alquileres. Con el gobierno anterior del Partido Popular se había rebajado hasta tres años el plazo mínimo del contrato de alquiler y no estaba claro cuál era el indicador a emplear para actualizar los alquileres. El Real Decreto-Ley 7/2019 restableció el periodo mínimo del contrato de alquiler en cinco años y se recuperó al índice de precios de consumo como indicador de referencia para la actualización de los contratos de alquiler. En dicha norma se redujo hasta los tres quintos del número de propietarios al quorum preciso para autorizar o impedir la creación de viviendas turísticas en las comunidades de propietarios.

Vaya por delante que los resultados de la inminente contienda electoral serán indiscutibles, al reflejar el dictamen del pueblo soberano. Huelga decirlo, pero no está de más hacerlo para dejar las cosas claras desde un principio. No se trata de cuestionar uno u otro resultado. Se pretende más bien hacer una reflexión en voz alta sobre algunos aspectos que bien pudieran estar devaluando la democracia. Vayamos a ello de una forma un tanto rapsódica.