Resulta complejo dibujar la realidad de las migraciones y su relación con el suicidio. Pese a las abundantes referencias bibliográficas sobre salud mental y migraciones, pocos estudios reflejan la relación entre la población migrante –y, más concretamente, la población refugiada– y los actos suicidas.

El Tribunal Superior de Londres ha concedido a Julian Assange permiso para apelar la orden del Ministerio del Interior británico sobre su extradición a Estados Unidos acusado de uso indebido de ordenadores y de múltiples cargos en virtud de su Ley de Espionaje.

El alto el fuego es una herramienta especialmente complicada en los conflictos armados. Posiblemente porque se encuentra en la intersección de la guerra, el derecho y la política. Ni siquiera es fácil definir qué es y predecir qué implicaciones tendrá. Y eso hace que resulte extraordinariamente difícil de negociar y aplicar.

La detención de los sospechosos de haber mandado matar en 2018 a la concejala brasileña Marielle Franco abre la posibilidad de que por fin se haga justicia en el caso de una mujer nacida y criada en el Complexo da Maré, en la ciudad de Río de Janeiro, una zona de la que los poderes públicos sólo se acuerdan durante las truculentas operaciones policiales.

No se conocen casos públicos de afinidad al protagonizado por la pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, si acaso en niveles de responsabilidad inferior al de la primera mandataria madrileña. Por tanto, se estaría ante la manifestación y desarrollo de un asunto del que no se tenían noticias, como es el del mantenimiento en cargo público, presidenta de una comunidad autónoma señera en la estructura del Estado, amén de la corporeidad que suministra a una peculiar manera de producirse en la política hasta el punto de representar una alternativa de gobierno en su propio partido.

La prensa de los días 19 y 20 de marzo anunció la intención del Senado de suscitar un conflicto constitucional de atribuciones ante el Tribunal Constitucional con el argumento de que la proposición de ley de amnistía −que el Congreso de los Diputados ha remitido a la segunda Cámara− es inconstitucional según el informe de los servicios jurídicos de ésta. Nunca había ocurrido una cosa así desde 1978, por lo que conviene examinar los perfiles jurídicos de esta iniciativa, si llega a suscitarse, los móviles políticos del Partido Popular, mayoritario en el Senado, los efectos prácticos de esa iniciativa y lo que denota esta nueva guerra constitucional.

Desde mediados de los setenta, en España, las tractoradas se han convertido en una de las formas de presión del sector primario. El tractor, paradójicamente, aparece como el medio de lucha de los propietarios agrarios. Las protestas de los agricultores encierran diversas confrontaciones. Una de ellas se desenvuelve dentro del propio sector, bajo la forma de la competencia en que se relacionan los propietarios de las grandes explotaciones y los de las pequeñas. Hay otra, de la que nos vamos a ocupar, quizás menos evidente, que enfrenta al conjunto del capital con el sector primario.

Hace ahora cien años, en 1924, moría Lenin (enero) y el oscuro y maniobrero Stalin conseguía desplazar al resto de dirigentes bolcheviques y hacerse con el timón de lo que, un par de meses después, sería la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), nombre del nuevo país consagrado en la primera Constitución del nuevo estado revolucionario.