Los políticos y las políticas a veces emplean estrategias lingüísticas y comunicativas para evitar hacer declaraciones concretas o comprometedoras. Esta misma semana nos hemos encontrado con un ejemplo ilustrativo cuando Íñigo Errejón, portavoz de la coalición de izquierdas Sumar en el Congreso español, ha presentado su dimisión en medio de una serie de acusaciones sexuales.

La ciencia política y la sociología han constatado en distintas etapas históricas la existencia de una clase gobernante y una clase de gobernados. Así lo describía el sociólogo, politólogo y político italiano y también creador del concepto de “clase política” Gaetano Mosca en el libro La clase política:

A estas alturas de la legislatura no hay ninguna duda de que la derecha, que no acepta el resultado de las últimas elecciones, quiere derribar al Gobierno por todos los medios. Y el medio que esta derecha considera más eficaz para hacerlo es la presión judicial de la que en los pasados días hemos tenido varios ejemplos: a) la imputación del Fiscal General del Estado por parte del Tribunal Supremo, por un hecho que en otro tiempo ningún juez se hubiera atrevido a considerar delictivo; b) el auto ofensivo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que desestima la querella al Presidente del Gobierno contra el magistrado Peinado; y c) las actuaciones de la Audiencia Provincial de Madrid en torno a la imputación de la esposa del Presidente Sánchez, que ya hubiera debido cerrar de plano, pues es un procedimiento de evidentes connotaciones políticas sin rastro de delito.

Si, a la vista de la Constitución, un rey no tiene que responder ante un juez de por vida por actos privados realizados durante su Jefatura de Estado y que pudieran ser ilícitos ni rendir cuentas en ningún caso ante el Parlamento, podemos pensar que algo se hizo mal en la Constitución de 1978 y que, con el paso del tiempo, algunos errores que están haciendo daño a la democracia en España deben ser rectificados.

No hay semana en que los altavoces que sirven a la derecha (prensa, fundaciones, thing tanks) no difundan que las Cortes Generales son un Parlamento irrelevante y marginado. El propósito de este mensaje es, claro está, deslegitimar al Gobierno del Presidente Sánchez y de paso responsabilizarle del descenso de calidad de la democracia española. Pero lo cierto es que, hoy por hoy, el Parlamento español es un Parlamento muy vivo, con mucha vitalidad, que cumple sus funciones constitucionales de controlar al Gobierno y que también cumple su función legislativa y presupuestaria, incluso cuando esto no ocurre, pues es potestad de las Cortes aprobar o no aprobar los productos legislativos y presupuestarios que presenta el Gobierno.

Estados Unidos es un país multiétnico donde detrás de cada conflicto subyace el origen de cada uno de los interlocutores. Y las elecciones no escapan a esta lucha de etnias.

Los mexicanos no son muy adeptos de las monarquías. Durante el siglo XIX fusilaron dos emperadores. El primero, Agustín de Iturbide, el consumador de su independencia, pasó por el paredón el 19 de julio de 1824 en Padilla, Tamaulipas. Europa les regaló (o impuso) un príncipe de la casa Habsburgo, Fernando Maximiliano, que sufrió igual suerte que Iturbide en el Cerro de las Campanas, Querétaro, el 19 de junio de 1867.

La lectura de las crónicas parlamentarias de El País de la semana pasada son un buen ejemplo del clima que empieza a predominar en las Cortes Generales y que es un indicio de la deriva destructiva que la derecha está manteniendo desde que perdió el Gobierno en 2018. La comparecencia de la Ministra de Hacienda y Vicepresidenta, María Jesús Montero, para hablar de la financiación autonómica estuvo plagada de interrupciones e insultos, y fue completada con las intervenciones igualmente agresivas de los portavoces de la derecha. Simultáneamente, el Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Tellado, trató de acorralar a la Ministra de Trabajo y también Vicepresidenta, Yolanda Díaz, mediante varias preguntas orales en el Pleno y una interpelación.