Meirás: justicia y didáctica
- Escrito por La redacción
- Publicado en Déjà Vu
La sentencia que declara que el Estado es el legítimo propietario del Pazo de Meirás es una noticia de primera magnitud, solamente superada por la más apremiante de la pandemia. Y lo es por dos razones, una de estricta justicia, y la otra de un gran valor histórico pedagógico.
En primer lugar, la sentencia deja claro que aquel “regalo” no fue hecho a Franco como particular, sino a Franco como jefe del Estado, y así se debió entender porque era el Estado quien se encargó de su conservación, custodia y servicio, como hacía con el Palacio del Pardo, la residencia oficial de dicho jefe del Estado, sin olvidar que el Estado nunca ha renunciado a sus derechos. La donación efectuada en 1938 es declarada nula, y los argumentos de la familia Franco no se respaldan porque los documentos dejaban claro que se hacía una donación al jefe del Estado, aunque, también deberíamos pensar si Franco lo era en 1938, pero su familia no podrá argumentar eso en un recurso porque sería admitir que no lo era, sino un general que comandaba una sublevación, y eso son palabras mayores.
Además, al parecer, la compraventa de 1941 fue una simulación, porque la investigación exhaustiva emprendida en los últimos tiempos ha permitido que apareciera el acta notarial del año 1938, que correspondería a la compra realizada por la Junta Pro Pazo, formada por prohombres del golpe de Estado que querían regalar el Pazo al “caudillo”, al “jefe del Estado Nacional”, y ese documento es clave no sólo para demostrar que se compró para el jefe del Estado, como se apuntaba anteriormente, sino para demostrar que la compraventa posterior de 1941 no fue más que una ficción para que el Pazo se quedara en las manos de Franco, “particular”. Es evidente que nadie puede vender dos veces (los herederos de Emilia Pardo Bazán) su misma propiedad, es decir, a la Junta mencionada y luego al propio Franco con la mediación de Pedro Barrie de la Maza, prohombre del régimen por su importancia financiera. Así pues, en 1941 nada se vendió.
Si el documento de 1938 nos dice que se compró un bien patrimonial con el fin de agasajar a un jefe del Estado y no a un particular, al aparecer tiene un valor mayor porque demostraría que el de 1941 fue una farsa, demostrando cómo funcionaba el régimen franquista. Cuando hay voluntad de investigar se encuentran verdaderos tesoros que desmontan las triquiñuelas de los regímenes dictatoriales.
Han tenido que pasar muchos años, pero esta sentencia, no sólo hace justicia, sino que es un ejercicio pedagógico histórico de primera magnitud.