Machaconamente se culpó a la manifestación del 8 de marzo de la expansión de la pandemia en Madrid. Era, por un lado, una forma de echar balones fuera y tratar de desviar la atención del auténtico problema: la desatención de la sanidad en Madrid por los que tuvieron la obligación de mimarla y cuidarla. Porque los problema hay que prevenirlos y los gobernantes, sobre los que la ciudadanía deposita su confianza para gestionar lo que es de todos, para gestionar el bien común, deberían anteponer el interés general al de cualquier otro. En Madrid no fue así y durante muchos años el abandono de la educación y la sanidad ha experimentado un continuo aumento. Culpar al 8M suponía una buena estrategia para derivar la atención de esta responsabilidad cuyas consecuencias no tardaron en manifestarse.

La avalancha de noticias falsas y bulos, aderezada con las intervenciones cuando menos pintorescas de algunos líderes políticos, es una de las cosas más fascinantes de estos tiempos convulsos. Uno de mis favoritos es el que patrocina el propio Donald Trump, acusando a China de haber “fabricado” el virus. Dejando al margen lo pintoresco, llama mi atención la fe en la tecnología de quienes lo hayan considerado cierto, que no serán pocos, porque en realidad estamos muy lejos de poder crear vida en un laboratorio, aunque sea tan simple como un virus.

En estos días se conmemora el 75 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. En estos tiempos de coronavirus y, a pesar, de que esto que padecemos no es una guerra, como en distintas ocasiones hemos explicado, si podemos hacer algunas reflexiones sobre el futuro a través del pasado para cuando se supere la crisis sanitaria.

Francisco Pacheco, más conocido como Billy el niño, fue uno de los más destacados agentes de la Brigada Político Social franquista destinado especialmente a la desarticulación de la protesta universitaria contra la dictadura. Sus métodos, lejos de ser individuales o un caso aislado, seguían una serie de pautas propias de un sistema represivo que en su recta final recrudecía su dureza y contundencia. En 1974, la Brigada Político Social, seguía estando dentro de una de las cuatro grandes Comisarías Generales, la de Orden Público, y dependía directamente del Ministerio de Gobernación". Su estructura militar, su mando político y sus funciones, no habían variado un ápice a lo largo de la dictadura, tras su desdoblamiento dos años después del final de la guerra civil. Tampoco sufrieron grandes modificaciones ni la procedencia ni el perfil profesional de sus componentes. El análisis de las hojas de servicios de algunos de sus miembros más importantes, al frente de las comisarías y jefaturas de la investigación político-social de Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza o Bilbao, así lo demuestran. La mayor parte habían accedido a la BPS al final de la guerra, con la desmovilización definitiva del SIPM (Servicio de Información y Policía Militar) en 1941.

Se va a discutir en el Congreso la conveniencia de prolongar el estado de alarma. El Gobierno ha puesto toda la carne en el asador para lograr su aprobación colocando a aliados y a adversarios ante una disyuntiva maximalista: la alarma o el caos, heri Ábalos dixit.

¡Hombre, no! Imitar al general De Gaulle a estas alturas carece de sentido y, además, no estamos en Francia en 1968.

Si se rechaza prolongar el estado de alarma, seguramente se extenderá el contagio, incluso es posible que tengamos que volver al confinamiento, pero eso, que no es bueno, no es el caos. En esta difícil coyuntura, nadie puede decir que tiene la única solución válida para salir de ella y que la alternativa o ausencia de ella es el caos. Más aún cuando el Gobierno está difundiendo la idea de que es necesario un gran acuerdo nacional para hacer frente simultáneamente a la crisis sanitaria y a la económica que viene detrás.

Es fácil de entender que los partidos nacionalistas rechacen la propuesta de prorrogar el estado de alarma y que acusen al Gobierno de centralista, porque quieren aplicar su propio centralismo desde la capital de su territorio autonómico. También lo es el rechazo de la presidenta madrileña, que confunde sus funciones al querer convertir la Comunidad de Madrid en una sobrevenida cámara de oposición al Gobierno central, pero no se entiende bien que el Partido Popular y Ciudadanos rechacen la propuesta, en vista del resultado positivo obtenido por el confinamiento al reducir los contagios y los casos de muerte, y la experiencia, en sentido contrario, de los contados días de la “media veda”.

La percepción del uso que, en términos generales, han hecho los ciudadanos urbanos del alivio a la reclusión ofrecido en la primera fase de la “desescalada”, no invita a suspender las medidas de alarma, sino a prorrogarla.

Al menos en las grandes ciudades, cuando no existe una imposición expresa, como sucede en los transportes públicos, en los que no se puede viajar sin llevar la mascarilla, los viandantes han interpretado con bastante holgura las normas para prevenir el contagio, desde incumplir los horarios, desplazarse en grupo, no guardar la distancia de seguridad ni haciendo deporte, utilizar la mascarilla a su albedrío, etc.

Las ganas de salir del encierro, el ansia de libertad, que indicaba un diario conservador en una primera plana que hubiera merecido publicarse en los años en que la libertad con mayúscula faltaba, y no por un virus, pueden haber llevado a demasiadas personas a confundir el alivio en una situación de excepción con su drástica abolición para volver a la normalidad previa a la pandemia, cuando lo cierto es que los hábitos anteriores al mes de marzo se deben dar por acabados para una larga temporada, si no lo son para siempre.

Me temo que con las provisionales medidas de alivio ha vuelto a salir a flote el español indisciplinado que todos llevamos dentro, al que le molesta ajustarse a las normas comunes.

Por otra parte, y como otra de las lecciones de la pandemia, se podría pensar en que el Estado recuperase las competencias de sanidad.

A la luz de la experiencia pasada y también de la reciente, carece de sentido racional -y nacional- seguir manteniendo el fragmentado sistema actual. Debería buscarse un pacto nacional para que el Estado recuperase las competencias transferidas y acabase con el desbarajuste de las 17 administraciones sanitarias, las 17 tarjetas de usuarios y los 17 calendarios, que atomizan y encarecen los acopios, dificultan la difusión de la investigación y los avances técnicos, dispersan los datos, impiden la visión general y actualizada del sistema sanitario y conocer el estado de salud del país, azuzan los celos autonómicos, dificultan la movilidad interior, devienen privilegiadas reservas de empleo y reductos del nacionalismo más sectario y complican la vida a quienes precisan de tales servicios.

El objetivo de un sistema sanitario de alcance nacional debería ser la salud de los ciudadanos en general, vivan donde vivan, estén donde estén y voten a quien voten, porque la salud no entiende de colores o banderas. Y con la división ganan los virus, que no reconocen fronteras.

© Antonio Roca

Con motivo de la Pandemia que estamos soportando en la actualidad por el COVID-19, con resultado de muertes espectacularmente altas en las Residencias de Mayores, debemos revisar nuestras conductas como individuos, analizando nuestro modelo social, del por qué y para qué necesitamos estas prácticas.

Ahora que de pronto parecemos darnos cuenta de que, para las cosas importantes, es importante recurrir "a los que saben", es momento de observar cómo hemos estructurado todo este tinglado.

Mayo ha sido florido, lluvioso, tormentoso y guerrero en la historia. En mayo se fundó el Partido Socialista Obrero Español y se produjo el levantamiento del pueblo de Madrid contra el francés. En Estados Unidos fue tormentoso entre el 1 al 4 de mayo con las revueltas obreras y la masacre de la plaza Haymarket en Chicago. Para mí, Mayo, a más que florido, ha sido de lucha.