De la Gran Depresión a la Gran Recesión del 2008 hasta el Crac del COVID -19 en 2020, y tiro porque me toca. En España el endémico desempleo estructural ha ido creciendo desde los años 90 con 2 millones parados/as, hasta 2008 con 3.206.800 y una tasa de desempleo 13,79 %, según EPA, cifra que ya jamás vio descenso. A partir de 2009 la crisis se dispara, la tasa de paro alcanza el 18,66 % y 4.335.000 desempleados/as, en 2010 una tasa de 20,11%, y 4.702.200 personas en desempleo, 2011 cierra con una tasa de 22,56 % y un total de 5.287.300 paradas/os, y la máxima de paro (25,77 %) en 2012, cierra con 6.021.000 de desempleados/as, siguiendo también a la EPA.

Se oye el ruido de sus pasos rompiendo el silencio que se ha cernido sobre las ciudades. El mundo ha quedado confinado, escondido en las casas. Ellas no. Salen cada día, con el miedo pegado a la piel y la esperanza de quien sabe que sus cuidados son esenciales para salvar o, al menos, aliviar vidas. Y exhaustas regresan, con la mirada turbia por el espectáculo dantesco que han estado contemplando durante largas y agotadoras jornadas en los que el dolor y la muerte han sido protagonistas.

Los últimos datos de Eurostat nos informan de que el 22,5 % de la población en la UE está en riesgo de pobreza o de “exclusión social”. Éste último es un eufemismo; un “púdico” eufemismo para evitar decir “miseria”, que eso es lo que significa. Una miseria que no es un fruto de una crisis inesperada, sino la consecuencia de una política premeditada practicada consciente de sus consecuencias; por eso, cuando éstas han aparecido, ha seguido aplicándose: ése era el objetivo; dicho cínicamente, “un daño colateral”, otro eufemismo; en realidad es “un daño intrínseco”.

En estos días de pandemia hemos asistido a diferentes movimientos que, en todo el mundo, apelan a la libertad individual en contra de las medidas de confinamiento más o menos duras que han aplicado los diferentes gobiernos.

Si, han leído bien el título; gente honesta que cumpliendo con un deber de buena ciudadanía, cuando denuncian ante la justicia la existencia de corrupción, en vez de ser reconocida su valentía y honestidad, son perseguidos, calumniados, expulsados de sus trabajos, incluso encarcelados y represaliados. Me voy a referir a cuatro casos conocidos y que no quiero que caigan en el olvido; me refiero a Ana Garrido, Luis Gonzalo Segura, Marco Antonio Santos y el último caso conocido, Roberto Macías.

En estos tiempos en los que se acusa a familiares de políticos de haber sido terroristas, y en el que se recurre, de nuevo, al recuerdo del terrorismo de ETA con fines políticos, puede ser conveniente que repasemos otro terrorismo, ese que no es recordado, precisamente por los acusadores y resucitadores mencionados, pero que padecieron los españoles durante interminables décadas en el pasado siglo. Nos referimos al terrorismo de Estado.

No seré yo quien diga que la pandemia es otra cosa que un desastre que se ha llevado por delante vidas, ha golpeado la economía y los empleos, ha demostrado las insuficiencias dramáticas de una sanidad pública sometida a esos recortes presupuestarios que se llevaron los recursos y el personal para alimentar las insaciables fauces de los inversores privados. El Estado y sus administraciones autonómicas y locales habían debilitado los sistemas de protección hasta tal punto que ha habido que acudir a las colas de la beneficencia para taponar el hambre de las familias.

Antes de la pandemia, el capitalismo en su vertiente más neoliberal ya estaba desmoronándose después de la estafa que supuso la Gran Recesión. Los grandes economistas estaban resucitando a Keynes cuando llegó el coronavirus y ahora, las recetas keynesianas en defensa de “lo público”, del Estado, se han demostrado evidentes para hacer frente a una situación de emergencia.