"Arde la calle al sol de poniente,

Hay tribus ocultas cerca del río

Esperando que caiga la noche.

Hace falta valor, hace falta valor,

Ven a la escuela de calor".

Hemos tenido que estar al borde de la campaña electoral para que nos hayamos dado cuenta de que las próximas elecciones del veintiocho de mayo son mucho más que un plebiscito o una primera vuelta de las elecciones generales. Y no solo para la derecha que se ha visto obligada a reconsiderar sus objetivos iniciales, casi meramente instrumentales, para las próximas elecciones. No le fuera a ocurrir lo mismo que a Pablo Casado y el cuento de la lechera de las elecciones de Castilla y León. También para el resto de las fuerzas políticas de la izquierda y de la mayoría de investidura que en la actualidad gobiernan en la mayoría de las CCAA y de las principales ciudades y capitales de provincia, y que aspiran a mantener o incrementar su poder, además de revitalizar las instituciones democráticas más cercanas a los ciudadanos.

Por eso Núñez Feijóo ha acabado rectificando y ahora dice que se contenta con arrebatar al menos la Comunidad Valenciana y algunas de las capitales importantes de provincia que gobierna a la izquierda, y también le sirvan de base para confirmar las encuestas y conseguir un nuevo impulso hacia las elecciones generales. Un objetivo bastante menos ambicioso que el inicial de barrer la presencia de la izquierda de las instituciones que ha proclamado la presidenta madrileña.

Casi tan poco ambicioso como el programa marco del PP, que en coincidencia con la ultraderecha incide de nuevo en el victimismo del infierno fiscal, y en consecuencia en la supuesta solución o mantra para todo de la manida rebaja generalizada de impuestos tanto autonómicos como locales, sin tener en cuenta la frágil situación de las haciendas y de los servicios públicos después de la pandemia, o quizá para continuar con su desmantelamiento y privatización, así como de las necesidades de los sectores más vulnerables ante la escalada de los precios de la energía y ahora de los alimentos, y también de los efectos de la emergencia climática sobre la salud y las condiciones de vida de los habitantes de las ciudades y también sobre los de las zonas despobladas.

Una delicada situación financiera de las administraciones públicas, que si bien se ha paliado primero con los presupuestos extraordinarios de la pandemia y ahora con los fondos de recuperación europeos, no debe hacernos olvidar que tanto el sistema de financiación de las CCAA como el de financiación de las haciendas locales siguen siendo deficitarios para hacer frente a unas demandas sociales y ambientales cada vez más crecientes. 

Además, por si acaso lo hubiéramos olvidado, los incendios catastróficos han hecho su aparición antes de lo previsto y la sequía se prolonga y se agrava con implicaciones económicas y sociales de todo tipo. Precisamente en el momento en que la oposición de derechas puede caer en la tentación de sumarse a las teorías de la conspiración y al negacionismo del populismo ultra, para al igual que hiciera en la pandemia, negar la gravedad de lo ocurrido y continuar con la estrategia de utilizarlo desgastar y deslegitimar al gobierno y por extensión al conjunto de la política y a las instituciones democráticas. El populismo y la antipolítica caminan de la mano.

Consolidando así el cambio de ciclo hacia un conservadurismo nacional populista. No hay más que ver la irresponsabilidad con que ha actuado ante la crisis energética primero y ante la sequía ahora en el Parque Nacional de Doñana con el intento de legalizar los regadíos ilegales por motivos meramente electorales y en contra de la ciencia y de las instituciones internacionales.

También la izquierda ha tardado en darse cuenta de la importancia de estas elecciones municipales y autonómicas por sí mismas, y de la necesidad de hacer balance, en especial de sus gobiernos, y también con carácter general de su actual presencia institucional. Pero sobre todo de la absoluta prioridad de presentar nuevos objetivos de cambio que motiven y movilicen a los ciudadanos de las ciudades y a los habitantes de los pueblos de España.

En relación a las próximas elecciones autonómicas y municipales, la izquierda debería darse cuenta de que no basta el pedigrí de defensora de lo público, ya que los problemas de un largo periodo de inercia propia y de recortes conservadores tienen exhaustas a las joyas de la corona, en particular a nuestra sanidad pública, a la educación y a los servicios sociales públicos, y que no basta con las modificaciones legales ni siquiera con los presupuestos adicionales recientemente aprobados en materias como la atención primaria, la salud mental, la educación infantil o la atención a la dependencia y el ingreso mínimo vital para relanzarla.

Las movilizaciones sanitarias generalizadas y los acuerdos 'in extremis' han puesto en evidencia problemas estructurales que la izquierda debe abordar con participación social y con valentía para defender el estado del bienestar frente a retos como el envejecimiento y la digitalización. También la extensión del malestar ciudadano ante la persistencia de las medidas restrictivas y de acelerada digitalización puestas en marcha a raíz de la pandemia, plantea el reto también urgente de recuperar la atención personal al tiempo que de la superación de la brecha digital, junto al relanzamiento de la participación, la transparencia y la lucha contra cualquier tipo de corrupción desde lo local, para así regenerar la imagen de los público y recuperar el mermado prestigio de la política.

Asimismo la izquierda se ha caído de bruces a pesar de que se trata de una deuda histórica, la de la vivienda, muy en especial con la vivienda pública de alquiler para los jovenes, con las consiguientes prisas de última hora en la materia. Por una parte con el desbloqueo de la negociación parlamentaria de la primera ley de vivienda de la democracia, seguida de una serie de medidas para movilizar tanto las viviendas de la SAREB como la promoción de un buen número de viviendas públicas.

Es cierto que previamente y como consecuencia de la crisis energética el gobierno había ido poniendo en marcha varios paquetes de medidas que afectaban tanto a la limitación del precio de los alquileres como al abaratamiento del transporte público y a la mejora del ingreso mínimo vital y de las pensiones no contributivas entre otras, con un impacto evidente en la mejora de la vida de los ciudadanos y en las prestaciones públicas y en los servicios municipales.

El problema es sin embargo el retraso en la gestión de las ayudas al alquiler por parte de las CCAA que al final puede mermar la credibilidad de estas políticas. Por otra parte, el rosario de catástrofes que hemos vivido también hacen aún más urgente el avance decidido en materias como la movilidad activa, de la ruralización y la rehabilitación energética de los edificios, así como de la política de cuidados a nuestros mayores y la lucha contra la pobreza y la exclusión.

Todo ello unido al compromiso de todas las instituciones, en especial de las más cercanas a los ciudadanos, frente a las lacras del negacionismo, el machismo, el racismo, la homofobia y la transfobia que resumen los arietes del nacional populismo contra la democracia.

La derecha política y mediática ha salido en tromba contra la Ley del Derecho de Vivienda, aprobada por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.

Dos muertos y una decena de heridos, algunos de ellos gravísimos, fue el resultado del incendio registrado en el interior de un restaurante italiano en la plaza de Manuel Becerra de Madrid la semana pasada. El Parque del Cuerpo de Bomberos de la cercana calle de Maestro Alonso impidió que las 30 personas que se hallaban atrapadas en el interior del establecimiento murieran quemadas o asfixiadas. El restaurante, recién abierto, contaba con una licencia asignada hace 26 años a un bar que anteriormente se hallaba allí situado. Fuentes de la alcaldía dicen que todo estaba en orden.

Llama la atención que la filia constitucionalista que aqueja recientemente a las derechas españolas discurra paralelamente a la fobia al reconocimiento efectivo de los derechos constitucionales, sobre todo si éstos son mínimamente contradictorios con los inescrutables designios de los sacrosantos mercados.

La política, al menos desde que en la Grecia antigua se tomó conciencia de la necesidad de gestionar la vida social con una perspectiva colectiva, consiste en diseñar acciones que mejoren la vida de las personas. Y el juego político en democracia se basa en ofrecer al ciudadano distintos programas de gobierno para que éste elija en las elecciones el que más se acomode a sus intereses. Ese juego interesa por igual a los gobernantes y a los partidos de la oposición, porque el futuro está abierto y el ciudadano debe formar sus juicios de valor sobre lo que ha hecho hasta entonces el gobernante, sobre lo que éste ofrece para el futuro y sobre las alternativas que los partidos de la oposición se comprometen a aplicar. Esta idea tan simple no parece que hoy rija en España porque, como se ha visto en el debate celebrado en el Senado el martes 25 de abril entre el Presidente del Gobierno y el líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, el principal partido de la oposición conservadora sigue sin atreverse a ofrecer a los ciudadanos un programa de gobierno.

En la medida que se agrava la sequía como consecuencia del cambio climático, lejos de una respuesta urgente acordada con las organizaciones agrarias y de la búsqueda de un pacto para el ahorro la eficiencia y la reutilización del agua como recurso escaso entre el gobierno, la oposición y los gobiernos autonómicos, la oposición continúa con la polarización política y el negacionismo demagógico en la respuesta a las calamidades y a las catástrofes.

Aunque ya barruntemos la respuesta, conviene remontarse a los orígenes. Cinco personas fundan Podemos. Luis Alegre se vuelve a la universidad. Monedero tiene que pasar a segundo plano y oficiar de mentor al comienzo. A Carolina Bescansa le indicaron la puerta de salida. Iñigo Errejón intentó visibilizar el tándem que había formado de hecho con Pablo Iglesias y fue defenestrado. Sus funciones como portavoz del grupo parlamento y número dos del partido fueron asumidas por Irene Montero. En esa coyuntura decidió formar una nueva formación política con el espíritu originario de Podemos. La génesis de Más País y Más Madrid se consideró una traición al indiscutible liderazgo del mandamás que ocupaba en solitario el vértice de la pirámide. ¿Por qué marca Podemos debía identificarse con Pablo Iglesias como dueño absoluto sin socios en pie de igualdad?