l acuerdo del programa de gobierno del PSOE y Sumar tiene entre sus objetivos alcanzar el pleno empleo, el control de la inflación, aumentar el poder adquisitivo, revalorizar las pensiones, mejorar el acceso a la vivienda, reducir las listas de espera médicas, avanzar en igualdad o reforzar la cohesión social. Este nuevo mandato del Gobierno progresista se inició en una situación de incertidumbre internacional, con dos guerras simultáneas en Europa y Oriente Medio, y la Unión Europea (UE) condicionada por los problemas que atraviesan Alemania y Francia. A este contexto externo, desfavorable en nuestro país, se añaden la crispación y polarización política provocada por el PP y Vox por no aceptar los resultados electorales de 2023, algo que es completamente inadmisible, ya que el Gobierno progresista está avalado por la mayoría expresada en las urnas.

La democracia parlamentaria se basa en un principio muy simple que consiste en que el Gobierno ha de contar con la confianza del Parlamento. Si el Gobierno (o su Presidente, como establece la Constitución española) dispone de suficientes apoyos parlamentarios, el parlamentarismo funciona. El fundamento de este principio es que el Parlamento, como expresión de la voluntad de los ciudadanos a través del sufragio, otorga su confianza a un órgano que es el Gobierno, que ha de desarrollar políticas públicas que responden a los principios políticos de la mayoría parlamentaria. El continuum Parlamento-Gobierno, a través del programa de gobierno con el que el segundo obtiene la confianza del primero, expresa muy bien la teoría y la práctica de la democracia parlamentaria. También existe la democracia presidencialista, donde el titular del Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, dispone de un mayor margen de actuación política porque ha llegado a su puesto sin necesitar de la confianza parlamentaria, sino gracias a la elección de los electores, pero, como se ve en Estados Unidos y en los Estados más sólidos de América, el titular del Poder Ejecutivo ha de gobernar en colaboración con el Parlamento. En definitiva, la democracia de nuestros días, sea parlamentaria o presidencialista, es un sistema político bipolar que funciona mediante la interrelación o interlocución del Parlamento con el Gobierno (o con el Presidente de la República en los sistemas presidencialistas).

Reducir la semana laboral es una aspiración lo suficientemente lógica en un mundo en el que el aumento de la productividad lo hace posible y si queremos repartir el trabajo disponible que cada vez será menos. La tecnología y la mejora de procesos ha hecho disminuir, y lo hará aún más, el trabajo necesario, a pesar de las nuevas funciones y profesiones que la sociedad y la economía irán requiriendo. En el mundo occidental se da la paradoja de que la tasa negativa de reposición de la población provoca falta de población en edad de trabajar a la vez que existe un paro estructural bastante elevado. Esto tiene que ver en la necesidad de cubrir puestos de trabajo en el segmento bajo de la ocupación, mal remunerada, que se realiza con mano de obra procedente de la inmigración que, por su situación está dispuesta a trabajar en condiciones laborales más precarias. En cambio, existe una población joven, a menudo bien formada, que le cuesta encontrar empleo. Esto es compatible con la movilidad hacia otros países buscando mejores remuneraciones y condiciones, como ocurre por ejemplo en el sector sanitario. El trabajo disponible no es una bolsa única, sino que conforma un mundo complejo hecho de segmentos muy diferentes y difícilmente interconectados.

James Carter será recordado por casi todo el mundo como el político que mejor dignificó un cargo después de abandonarlo.

El panorama económico para el año 2025 se define, más que nunca, con una palabra: incertidumbre. Si cada vez resulta más difícil realizar pronósticos ajustados sobre la evolución de la economía (no se crean a quienes dicen saberlo todo), cuando se producen factores que pueden ser desestabilizadores esa realidad todavía se complica más. Diferentes analistas realizan sus augurios a partir de los datos conocidos, y a tenor de informaciones más o menos precisas que pueden condicionar el futuro inmediato. Pero nadie sensato tiene certezas. Por nuestra parte, vemos unos pilares clave que, a nuestro entender, van a condicionar la trayectoria de la economía mundial en diferentes vectores (inflación, déficits, apertura comercial, etc.).

Consejeros áulicos son aquellas personas que se sitúan muy cerca de los poderosos, gobernantes, monarcas o mandatarios en general, a los cuales asesoran en sus decisiones. Han de ser personas instruídas e informadas que basan su cometido, precisamente, en informar a gobernantes cuya acción se proponen guiar con sus consejos, recomendaciones y sugerencias. Asimismo, pueden recibir encargos para actuar en determinados cometidos que requieren de la discreción. Por ello, habitualmente, buscan el anonimato. Y lo buscan por distintas razones que abarcan desde la seguridad personal hasta la estricta guarda del secreto de la actuación encomendada. Son igualmente, aunque de manera indirecta, poderosos, pues su influencia sobre quienes gobiernan genera poder.

La actual Democracia liberal no es eterna ni está garantizada su vigencia ante el acoso ultra y los errores y vicios en su gestión. Si no la perfeccionamos sin más demora, en una era digital, la perderemos ante el acoso que viene sufriendo por parte de los partidos ultraliberales que ya forman la internacional del trumpismo.

Dos meses de invasión atmosférica en Valencia, aún el barro metido en los rincones de los armarios de cocina, y el impulso político de aquella gestión palpita en la factura del restaurante El Ventorro, cuyo documento todavía entraña cada día que pasa una versión y una perspectiva ajenas al conocimiento consolidado. El presidente Mazón, se conoció días más tarde, almorzó durante un período de tiempo de tres, casi cuatro horas, en el local de mención con una periodista de reconocida solvencia profesional para hablar de “trabajo”, si por trabajo se entiende la dirección de la televisión pública valenciana, que lo es y resulta de un provecho evidente si, como permite la ley, el control del medio público depende de una ley de mayorías, que permitió un gobierno de PP y Vox, del que se desgajó este último hace unos meses.