La escasa participación de los españoles en alguna iniciativa sobre cuestiones públicas tiene su reflejo en la pertenencia o no a cualquier tipo de asociación o grupo. Concretamente, cuando se pregunta a la gente si pertenecen a alguna asociación y participan activamente; si pertenecen, pero no participan activamente; si pertenecieron, pero ahora no; o si nunca han pertenecido, los datos muestran una crisis del capital social en España estremecedora y muy preocupante si queremos que nuestra democracia continúe siendo una de las más avanzadas del mundo.

España es un país con cada vez menos niños debido a una natalidad que lleva mucho tiempo en caída libre. En los mejores años del baby boom (de mediados de los años 50 a mediados de los 70) se alumbraban en nuestro país entre 650 000/660 000 vástagos y, según los últimos datos del INE, en 2023 hubo tan solo 322 000 nacimientos, lo cual refleja una caída de más del 50 %.

A las adversidades propias de la investidura de Pedro Sánchez cuando todo parecía obrar en su beneficio electoral, en los comicios de julio de 2023, a Feijóo se le han añadido más contrariedades desde el incontestable triunfo americano de Trump, en noviembre pasado. Solamente Esteban González Pons ha sancionado con sinceridad la trayectoria del jefe de estado de relevancia internacional, mientras que el referencial Aznar se atrevió a decir que “algo pasa cuando el que intentó un golpe de Estado es elegido presidente”, en esa suerte que siempre prefiere el ex presidente entre la metáfora y la figura retórica de preferencia por el despiste y la manía por que el destinatario del enunciado trabaje y sufra en su interpretación.

En una sorprendente conferencia de prensa en Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso que Estados Unidos “se hiciera cargo” de la Franja de Gaza y reubicara de forma permanente a los casi dos millones de palestinos que viven allí en países vecinos.

¿Sabías que en España casi ocho de cada diez ciudadanos no han participado en ninguna iniciativa sobre cuestiones públicas durante los últimos doce meses? Un 77,6 por ciento de los hombres y un 77 por ciento de las mujeres, según la encuesta sobre Participación Política realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

La obsesión por una libertad económica sin control, con la premisa de que el problema económico central residía en el Estado y no en el mercado y que, por tanto, se debía recortar el gasto público –el social; pero no el militar, como se demostró en Estados Unidos con el programa de Ronald Reagan, la “guerra de las galaxias”–, ha consagrado las tesis más conservadoras en el pensamiento económico, con líneas específicas de actuación: privatización de empresas y servicios públicos, reducción de costos laborales unitarios tensionando los salarios a la baja, rechazo a las negociaciones sindicales, dominio de lo privado sobre lo público, rebajas impositivas a las franjas más ricas de la población. Consecuencias: déficits gemelos en la economía de Estados Unidos, comercial y presupuestario, en la década de 1980.

El próximo 6 de febrero el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debe aprobar una propuesta de reforma de su propio modo de elección. Todos los medios apuntan a que el acuerdo entre la derecha y la izquierda para ofrecer una propuesta que represente a todo el órgano se presenta muy difícil, por no decir imposible. El enfrentamiento entre los dos bandos del CGPJ es absoluto, pues la derecha quiere excluir al Parlamento de la elección, mientras la izquierda defiende la participación parlamentaria en la elección. El enfrentamiento es tan intenso, que la derecha ni siquiera acepta que se ofrezcan dos informes distintos. Nunca la derecha ha sido tolerante con las opiniones disidentes de la suya propia.

La reciente crisis parlamentaria del llamado Decreto Ómnibus, resuelta rápidamente por el Gobierno, debería obligar a una reflexión de los actores políticos y medios de comunicación acerca de la importancia que para el equilibrio social y la estabilidad de la democracia tienen los mayores en las naciones europeas, incluida la nuestra, en las que el envejecimiento de la población es un hecho que tiene que llamar la atención de los poderes públicos, con el fin de adecuar sus políticas presentes y futuras a una realidad que, salvo excepciones, se suele tratar en términos negativos, o simplemente frívolos, como si se tratara de un lastre para el desenvolvimiento económico y financiero del país. Desde mi punto de vista, tales actitudes, trufadas de conmiseración y de falta de realismo, denotan escasa visión de futuro y también de ausencia de preocupación sobre la estabilidad del modelo de gobierno democrático basado en el sufragio universal, que es el imperante en la Unión Europea de la que somos socios.