Sanidad en nuestras prisiones: un olvido imperdonable

Por iniciativa del grupo parlamentario de Unidas Podemos se ha sacado adelante, y por amplia mayoría, algo que no deja de admirar en los tiempos que vivimos de enfrentamiento político permanente, una iniciativa para mejorar la sanidad de internos, pero también de los trabajadores de prisiones de este país.

Ha tenido que llegar una pandemia, que nos ha sensibilizado a todos sobre los problemas derivados de la concentración de personas, para que nos demos cuenta de las graves carencias sanitarias de nuestros establecimientos penitenciarios, aunque la incidencia de la Covid-19 en las cárceles españolas ha sido menor de lo que se temía.

En todo caso, hay que conseguir un aumento del personal sanitario para garantizar una atención continua y de calidad, además de equiparar en salario y condiciones de trabajo al personal existente con el general, y en la misma línea que las condiciones que se establecen en el sistema público sanitario.

Lo que parece intolerable es ese retraso de 17 años para aplicar la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003, según establece la disposición adicional sexta que dispone que ‘los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias serán transferidos a las comunidades autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud’, todo ello siempre ‘conforme al sistema de traspasos establecidos por los estatutos de autonomía’.

Lo más sangrante es que la disposición daba 18 meses para que se cumpliese. El diputado de IU, Enrique Santiago, que es quien ha sacado adelante la iniciativa, no sabe las razones de este retraso en realizar las transferencias a los servicios de salud de las Comunidades Autónomas. Nosotros nos preguntamos: ¿no era un asunto prioritario, no interesaba a la sociedad española ni a las Administraciones del Estado y Autonómicas, no es un tema atractivo, no importan los reclusos, y por añadidura los trabajadores?

Pero en nuestras cárceles, independientemente o no de la incidencia del Covid-19 hay graves problemas sanitarios, en relación con enfermedades infecciosas y, sobre todo, con las vinculadas con la salud mental.

Cumplir una pena de privación de libertad no puede ir acompañada en un Estado de Derecho de otras penas añadidas, fruto no de ese Derecho, ni de la Justicia, sino de la negligencia de las Administraciones. Y quienes, como funcionarios públicos, hacen un trabajo muy intenso, tampoco pueden padecer carencias que no sufren otros funcionarios.

Esperamos que este olvido sea subsanado en un brevísimo plazo.