UGT ha realizado una encuesta a más de 4.300 personas afiliadas que ha permitido profundizar en la problemática de la vivienda que viven las personas trabajadoras en nuestro país

Lola Navarro ha destacado el “importante papel que juega UGT y el sindicalismo en el problema de la vivienda. Se trata de una preocupación de la mayoría de las personas trabajadoras, y no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras los precios siguen aumentando y los trabajadores y trabajadoras no pueden acceder a una vivienda”.

La vicesecretaria general de UGT ha explicado que “el cuestionario ha sido un proceso de escucha de la afiliación, que pretendía conocer su situación actual en referencia a la vivienda y se ha transformado en una herramienta sindical para nuestra representación y, también, en una hoja de ruta sindical por la que debe avanzar el sindicato para ampliar el derecho a la vivienda. Nosotros sabemos asesorar, sabemos mediar y sabemos negociar, y por eso nuestro papel es tan importante”.

En cuanto al informe, aunque la muestra mayoritaria corresponde a una afiliación con una situación económica estable, las consecuencias de la crisis habitacional se muestran de forma significativa, tanto en el temor a perder la vivienda como en el grado de insatisfacción en lo que se refiere a la resolución de esta crisis.

Por eso, desde UGT se han creado cuatro oficinas de asesoría de la vivienda. Esta experiencia piloto busca cubrir una demanda de la afiliación que necesita ayuda en diferentes aspectos de la vivienda y en función de su circunstancia, como el alquiler, las hipotecas, si es un propietario con dos viviendas o está en una cooperativa. UGT abrirá cuatro oficinas, en Andalucía, Aragón, Madrid y la Comunidad Valenciana, atendiendo además al resto del país por vía telemática.

Para UGT, la vivienda digna y asequible no es un lujo, sino un derecho constitucional y una condición esencial para la igualdad, la estabilidad laboral y la cohesión social. Por ello, el sindicato se compromete a trabajar en una línea que desarrolle el derecho sindical de la vivienda como forma de defensa colectiva, que permita definir la participación sindical en las políticas públicas de vivienda de nuestras ciudades y pueblos, con el objetivo de eliminar la desigualdad para que la ciudadanía pueda acceder y permanecer a una vivienda digna.