Es legítimo que quien lea este artículo piense que su autor ha enloquecido y que es imposible que en las próximas elecciones la izquierda progresista alcance 176 escaños. Cuando en la historia de España un partido se puso una gran meta, como la CEDDA en febrero de 1936 (“A por los 300”), falló. En segundo lugar, se puede pensar que hay que estar loco por pensar que se puede alcanzar ese resultado cuando muchos barómetros que publican los medios de comunicación calculan que el Partido Popular y Vox alcanzarían juntos el 50% de los sufragios. Pero lo que no dicen esos medios de comunicación (no pueden hacerlo) es que se trata de pseudo-encuestas, telefónicas o por email, sin el rigor necesario. Hay otro motivo adicional para creer que hay que estar loco para pensar que la izquierda progresista alcance una mayoría suficiente y es la ola de extrema derecha que está anegando todas las elecciones del continente americano, donde los explotados votan alegremente a sus explotadores y ese fenómeno puede aparecer en España como ya ha aparecido en Alemania y. dicen, quizá aparezca en Francia.

Hace justamente un año, en Temas para el debate recordábamos como Friedrich Engels, en su Contribución al problema de la vivienda de 1872, mostró ya uno de los problemas sociales que más pesaban en los comienzos de la industrialización del siglo XIX, pero al mismo tiempo no entendió las medidas que proponían los socialistas alemanes enturbiando su análisis con un maximalismo que le restaba valor. Decíamos también que si una lección se ha sacado al analizar el problema de la vivienda desde el siglo XX es su complejidad política y el papel protagónico que corresponde a los poderes públicos en su solución. Ello explica la relevante importancia que en la regulación de las políticas de vivienda tienen las Constituciones, desde la de Weimar en 1919 hasta la española de 1978 (Javier García Fernández: “El marco constitucional de la acción del Estado en materia de vivienda”, Temas para el Debate, núm. 370, octubre 2025, págs. 15, 16 y 18).

El Poder Judicial español va camino de apuntarse a algún récord Guinness. Por el momento, lleva dos condenas penales por delitos inexistentes (el Fiscal General del Estado y el hermano del Presidente del Gobierno) y está haciendo esfuerzos notables de alcanzar la tercera condena, la de la esposa del Presidente, por un delito inexistente y sin víctimas… ¡Ya tiene mérito! Esperemos que alguien con sentido del Estado de Derecho pare esta carrera que no tiene aspecto de detenerse fácilmente, pues no me extrañaría ver pronto a alguna autoridad del Gobierno imputada por la crisis de Ceuta.

Édouard Lambert fue un jurista francés de la Universidad de Lyon (1866-1947) que se dedicó especialmente al Derecho comparado. Se interesó por el Derecho soviético y también por el Derecho de Estados Unidos sobre el que publicó en 1921 El gobierno de los jueces (traducción española, Madrid, 2010). El libro de Lambert fue una gran obra porque estudió el funcionamiento del Tribunal Supremo de Estados Unidos que, como se sabe, cumple funciones algo distintas de las de los Tribunales Supremos europeos, pues además de una cierta actividad casacional actúa como Tribunal Constitucional en calidad de cabeza de la justicia constitucional difusa que todos los Jueces de Estados Unidos tienen atribuida. En su gran monografía, Lambert explico cómo los Tribunales estadounidenses (y no sólo el Tribunal Supremo) habían entrado en la lucha política combatiendo la legislación obrera y a ello se agregaba la gran influencia política del Tribunal Supremo y demás Jueces y Tribunales en el control de constitucionalidad de las Leyes, ya que todo Juez, todo Tribunal de Estados Unidos, está habilitado desde 1803 (Sentencia Marbury vs. Madison) para inaplicar una Ley. El diagnóstico de Lambert era duro y pesimista pues constataba que en Estados Unidos, en contra de las funciones tasadas que Montesquieu atribuía al Poder Judicial (“El poder ejecutivo de los que dependen del derecho civil”, Del espíritu de las leyes, 1748, libro XI, capítulo VI), los Jueces actuaban como un Gobierno que hacía política en contradicción con el Poder Legislativo y con el Poder Ejecutivo. Ese era el Gobierno de los Jueces.

La semana pasada analizamos la crisis estival de Ceuta en clave internacional, esto es, como efecto de la presión de las grandes potencias y de sus Estados aliados. En otros países europeos una crisis de este tipo hubiera provocado una confluencia de la oposición hacia el Gobierno para apoyar ante ese riesgo, pero eso es imposible con la oposición española, cuyos hábitos carroñeros han determinado que cada vez que hay una crisis intente derribar al Gobierno, como ocurrió en 2020.

Toda la situación de Ceuta desde el 30 de julio es un ejemplo de manual de la capacidad que tienen las grandes Potencias para tratar de imponerse a los Estados medianos mediante la extorsión, y ello en confluencia con un fantasma que recorre Europa, el fantasma de la antiinmigración como componente principal de la actual ideología neofascista.

A ningún español que siga la vida política le habrá extrañado la provocación del presidente argentino Milei al presidente brasileño Lula en su propio país, en São Paulo. Los españoles hemos visto actuar a Milei en Madrid ofendiendo igualmente al presidente del Gobierno con el aplauso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que incluso le ha condecorado. En los anales históricos de la diplomacia no hay ejemplos de un jefe de Estado que se presenta en un país extranjero a apoyar a un partido de oposición al Gobierno de ese país y además injuria a los jefes de Estado o de Gobierno de ese mismo país. En realidad, esos incidentes ocurren porque los Gobiernos de los países de acogida han practicado con Milei una cortesía diplomática inadecuada para un personaje provocador, pues lo adecuado habría sido prohibir la entrada del presidente argentino. ¿Que esa prohibición provoca un conflicto diplomático? ¿Qué importa si se sabe que la actuación del argentino en el país receptor lo va a provocar también?

En el irrespirable clima político que rodea al Gobierno del Presidente Sánchez, quien quiera hacer crónica política en cualquier medio tiene que hacer crónica judicial. Algo parecido pasaba en la dictadura, en los años sesenta y setenta, cuando gran parte de la política de oposición pasaba por el Juzgado y por el Tribunal de Orden Público, de modo que a partir de la mitad de los sesenta (ambos órganos represores se crearon por Ley 154/1963, de 2 de diciembre) una parte de la actividad política de oposición al franquismo apareció en la crónica judicial de la prensa.

Cuando dentro de unas décadas se escriba la historia del Gobierno del presidente Sánchez, los historiadores destacarán, ante todo, una circunstancia: el continuo intento de derribo del Gobierno a través de instrumentos judiciales. Ese será el núcleo de acontecimientos políticos que narrarán los historiadores dentro de cincuenta años. Y ese seguirá siendo el tema principal del acontecer político hasta la celebración de las elecciones legislativas de 2027 y aún lo será después si el PSOE puede volver a formar Gobierno. Porque el intento de desalojar al Gobierno a través de vías judiciales ya se ha convertido en el principal instrumento de oposición de las derechas españolas, desesperadas y rabiosas por no ocupar La Moncloa.

Vencido y desarmado Moreno Bonilla, el Ejército nacional ha alcanzado sus últimas posiciones. La guerra ha terminado… antes de comenzar. Éste podría ser el parte final de una guerra no comenzada. Porque Moreno Bonilla se ha rendido ante Vox antes de luchar, como no lo han hecho sus compañeros, los presidentes de Aragón y Castilla y León y la presidenta de Extremadura.

PRIMERO:

EL CONTENIDO DEL AUTO DEL MAGISTRADO PEINADO Y DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

En un sábado inhábil donde las noticias políticas tienen más repercusión, el Magistrado Peinado ha rematado su persecución contra la esposa del Presidente del Gobierno, su asistente y un empresario amigo y, por medio de un auto de 84 folios, ha acordado la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos, y contra su asistente y contra el empresario amigo por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

Desde que empezó el ciclo de elecciones autonómicas ordenado por Núñez Feijóo a sus presidentes, no ha pasado ninguna semana en que alguien lance la idea de que el PSOE debe ayudar al Partido Popular a formar gobiernos para que no tenga que depender de los votos de Vox, ni tenga que constituir gobiernos de coalición con la extrema derecha. La petición puede venir de la propia derecha, dirigida a los dirigentes regionales del PSOE para que desobedezcan a Ferraz y voten al Partido Popular.

Que una unidad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado investigue a su jefe superior y a la Directora General del ramo, no es una noticia que aflora todos los días. Que un Tribunal, en última fase de una vista, admita un nuevo delito contra el acusado sin que éste pueda defenderse de la nueva acusación, tampoco es una noticia que salte todos los días a la opinión pública. Que un Magistrado instructor dicte resoluciones contradictorias en asuntos de cierta semejanza, tampoco es habitual (véase Daniel Valverde Ríos: “que este auto del juez Calama no se parece a los suyos”, Info Libre, 5 de junio de 2026).

¿Hay una operación judicial contra el PSOE y contra el Gobierno? En los últimos días, el Presidente del Gobierno, algunos ministros, como Óscar Puente y Óscar López, y también ciertos dirigentes del PSOE se han referido a determinados comportamientos judiciales y policiales (de la Policía Judicial, que está a las órdenes del Poder Judicial) que parecen expresar un trato desigual hacia el PSOE en relación con el Partido Popular y también una actitud indagatoria que da una imagen harto negativa del principal partido del Gobierno. El Presidente del Gobierno se ha referido a la diferencia de trato entre José Luis Rodríguez Zapatero y Cristóbal Montoro, y entre su hermano y la hermana del Presidente de Andalucía, así como a cómo el juez competente ha archivado la denuncia por la extorsión que sufrió su esposa por parte de Vito Quiles (¿Qué habría pasado si un energúmeno hubiera molestado a Ana Botella o a Elvira Fernández? Como poco, habría acabado en una comisaría de policía).

No es verdad, como alguna vez se dijo, que haya derrotas dulces y victorias amargas. Toda derrota electoral es amarga y toda victoria es dulce si lleva a formar Gobierno y si no, no es victoria. Pero también es cierto que, al lado del resultado cuantitativo y objetivo en las elecciones, pesan mucho las expectativas y, en las andaluzas del 17 de mayo, las expectativas del Partido Popular iban más allá del triunfo como primer partido y se centraban en seguir obteniendo la mayoría absoluta que permitiría que el partido pudiera alcanzar el Gobierno sin apoyarse en Vox. Esa expectativa ha fracasado y el Partido Popular necesita a otro partido para que Moreno sea elegido Presidente de la Junta. En tal sentido, el resultado electoral se le ha atragantado a Moreno, que se ha pasado toda la campaña rechazando el futuro acuerdo con Vox. Estas elecciones suscitan varias reflexiones que ayudan a entender la política española en 2026, que empieza a ser distinta de cómo era hace unos pocos años.

La gestión del desembarco de los pasajeros del MV Hondius es un doble orgullo para España. Por un lado, ha sido un éxito logístico para toda la Administración española, en sus ramos de sanidad, transportes, seguridad y orden público y Fuerzas Armadas. En segundo lugar, es un orgullo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) haya pedido a España que gestione el desembarco, dadas las infraestructuras sanitarias y de transporte con que cuenta nuestro país. España, representada por la Canarias, era el primer Estado comunitario con garantías sanitarias y logísticas suficientes para efectuar el desembarco, garantías que no podían ofrecer Cabo Verde, Guinea-Bissau, Senegal o Mauritania. Adicionalmente, un éxito humanitario por el significado solidario que ha expresado España, su Gobierno y sus ciudadanos ante todo el mundo. Las epidemias y las pandemias circulan por todo el planeta y ningún Estado, si cuenta con medios adecuados, debe rehuir la aplicación de medidas que pueden dificultar su transmisión.

La noticia del intento de agresión del agitador Vito Quiles a la esposa del Presidente del Gobierno casi no es una noticia. Es frecuente que la prensa solvente hable de la actuación de este personaje en los pasillos del Congreso, actuación de la que se ha quejado la Asociación de Periodistas Parlamentarios porque, al igual que otros provocadores fascistas, acosan a los parlamentarios de izquierda y no ejercen funciones informativas. Este tipo de personajes son una plaga que erosiona la democracia, pero quizá sean producto de la libertad de expresión (que no de información, porque no la ejercen). Que en una sociedad democrática y abierta haya personajes de esta calaña no debe sorprender, porque los enemigos de la democracia siempre utilizan provocadores de mayor o menor categoría para crear inseguridad y descontento. Lo que es más preocupante es cómo reacciona el Partido Popular.

Los pactos entre el Partido Popular y Vox para formar Gobierno en Extremadura y en Aragón (y, dentro de poco tiempo, en Castilla y León) han sido muy esclarecedores para atisbar cómo puede ser la política en España en los próximos tiempos. Muchas personas con sensibilidad democrática se han preocupado por el lema y el objetivo de la “prioridad nacional” como factor poco humanitario y discriminador de seres humanos que han huido de la guerra, de la pobreza y de la explotación, pero, además de la carga moral que conlleva esa vocación discriminadora (similar a la segregación racial de Estados Unidos y a la persecución actual de Trump), lo más revelador es cómo el Partido Popular se ha entregado a Vox.

La guerra feroz que tiene declarada Núñez Feijóo al Gobierno, con la que da salida a su rabia y frustración, empieza a generalizarse en ciertos ambientes que se están aficionando al divertido deporte de atacar al Gobierno con argumentos bastos e infundados. Es verdad que, como deporte, es más barato que el polo y que cualquiera lo puede practicar desde el sofá de su casa, pero hace bastante daño a la convivencia democrática, porque induce a ciertas franjas de la sociedad a entrar en una guerra dura y, sobre todo, irracional que tensa a gran parte de la ciudadanía. Ya nos hemos acostumbrado a la crítica feroz e infundada de algunas Comunidades Autónomas, especialmente de la de Madrid y de su Presidenta. El deporte lo ha continuado el antiguo Rey, cuyas declaraciones a Le Figaro solo se explican dentro de una campaña peligrosa contra su hijo, de la que es posible que salga trasquilado. Ahora, por segunda vez en poco tiempo, le ha tocado entrar en guerra al Presidente de la Conferencia Episcopal, el Arzobispo de Valladolid, Luis Argüello.

El auto de 11 de abril de 2026 dictado por el Magistrado Juez de la plaza núm. 41 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, Juan Carlos Peinado, por la que acuerda continuar el procedimiento contra Begoña Gómez, esposa del Presidente del Gobierno, contra la asistente de ésta y contra un particular por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida, puede parecer que crea un problema político al Gobierno, pero en realidad a quien crea un problema político serio es al Poder Judicial. Cuando los imputados recurran ante el Tribunal Superior al Magistrado Peinado, ¿se confirmará esta operación que desprestigia a todo el Poder Judicial o, por el contrario¸ se atreverán a desautorizar a un francotirador que lleva dos años escrutando a unas personas inocentes para poner en un compromiso al Presidente Sánchez? De la decisión de convalidar o rectificar una actuación judicial discutible depende el prestigio o desprestigio del Poder Judicial ante la ciudadanía, la imagen de un Poder Judicial cómplice en operaciones políticas desestabilizadoras o un Poder Judicial neutral que aplica el Derecho.

En las elecciones danesas, recién celebradas, el Partido Socialdemócrata ha resultado vencedor, si por vencedor entendemos el partido que más votos y más escaños ha obtenido. Pero la victoria ha sido pírrica, pues todos los comentaristas señalan que es el peor resultado de los socialdemócratas ¡desde 1903! Es muy posible que Mette Frederiksen vuelva a ser Primera Ministra, pues tanto el complejo sistema de partidos danés como la Constitución de 1953 favorecen esa reelección, pero conviene ofrecer una reflexión menos coyuntural sobre el auge y el declive de la socialdemocracia en Europa.

La dificultad que está teniendo el Partido Popular para formar el Gobierno en Extremadura (y próximamente en Aragón y en Castilla y León) se inscribe en un fenómeno que se da desde hace más de una década en muchos países europeos, fenómeno que posee, a mi juicio, una cuádruple vertiente, a saber: I) tendencia a la ruptura de los antiguos bipartidismos, más o menos perfectos; II) asentamiento de la extrema derecha, que compite con las derechas tradicionales; III) dificultad de mantener la preminencia de la socialdemocracia sin que al mismo tiempo se consolide otra izquierda alternativa; y IV) volatilidad del voto, que oscila entre derechas e izquierdas y entre extremismos y posiciones más templadas. Todo ello tiene como consecuencia la quiebra del paradigma sobre gobernabilidad, de modo que los marcos constitucionales que han regulado la formación de Gobiernos durante varias décadas se han quedado inservibles, con la necesidad de reformas constitucionales que en muchos países se presentan muy problemáticas, como ocurre en España.