¿Qué queda de la Ursula von der Leyen que fue elegida Presidenta de la Comisión Europea en 2019 en sustitución del gris Jean-Claude Juncker? ¿Se puede reconocer en la actual von der Leyen la gobernante europea que supo gestionar la crisis sanitaria del COVID-19, fue leal al pacto democracia cristina–socialdemocracia y se atrajo la enemistad de su compañero de partido Manfred Weber?

La candidata del Partido Popular a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, fracasó el pasado 6 de marzo en la primera votación de investidura. Como ahora veremos, otra vez ciertas fuerzas conservadoras piden al PSOE que se abstenga en la votación, que ya no requiere mayoría absoluta, a fin de que el Partido Popular no tenga que depender de los votos de Vox. Con independencia de que España (y otros países europeos) tiene un problema tras la ruptura del antiguo sistema de partidos (que en España era el bipartidismo imperfecto) y que habría que acordar una salida constitucional para asegurar la gobernabilidad, el tema inmediato es si los Diputados socialistas deberían abstenerse en lugar de votar en contra, con el fin de que el Partido Popular no tenga que pactar con Vox, ni comprometerse con un programa de extrema derecha. Por eso vamos a ver los motivos por los que el PSOE no puede entrar en el juego de las abstenciones.

La agresión en sí. Otra vez Estados Unidos agrade a un Estado soberano. La agresión ha sido mucho más brutal que la de Venezuela porque no han secuestrado a un Jefe del Estado, sino que lo han asesinado, junto a sU familia, a Ministros y a muchos altos cargos. También han asesinado a muchos civiles.

Si hace diez años nos cuentan que el Fiscal General del Estado iba a ser condenado por el Tribunal Supremo por filtrar determinada información (delito de revelación de secretos) a partir de un simple juicio de inferencia, que la esposa del Presidente del Gobierno iba a estar investigada durante casi dos años por parte de un Juez de Instrucción por un delito sin víctima (imputación que también se ha intentado con todo el entorno de la señora Gómez, incluyendo a todo un Delegado del Gobierno y a un Subsecretario), que el hermano del mismo Presidente del Gobierno iba a estar igualmente imputado por haber sido contratado por una Diputación Provincial por un modesto salario (a años luz del que percibe el Presidente de la CEOE), que la Presidenta del Consejo de Estado iba a ser considerada inidónea por una Sentencia del Tribunal Supremo o, en fin, que ese mismo Tribunal Supremo iba a modificar arbitraria e ilegalmente el régimen administrativo de los concursos de libre designación para impedir que el Gobierno efectúe ciertos nombramientos de funcionarios, no nos lo habríamos creído.

El intelectual contrarrevolucionario germano-austriaco Friedich Gentz (1764-1832) escribió que el sistema de la Santa Alianza se había construido como una federación de las principales potencias del continente y donde las potencias de segunda, tercera y cuarta clase “se someten en silencio, y sin ninguna estipulación previa, a las decisiones tomadas unitariamente por los poderes preponderantes” (apund Hans J, Morgenthau: La lucha por el poder y por la paz, Buenos Asures, 1963, pág. 609). ¡Si lo sabría aquel asesor de Metternich que seguramente estudiaría con el Canciller austríaco la manera de invadir la España constitucional en 1823 por decisión de la Santa Alianza! Un siglo después, Europa conocería los intentos de Alemania y de Italia de someter Estados singulares (España, Austria, Checoslovaquia, Albania, Polonia….) cuyo carácter voraz desembocó en la Segunda Guerra Mundial. Después de 1945, el nuevo equilibrio de poder entre dos bloques se hundió en 1989. Tras la caída del bloque soviético se implantó un nuevo orden internacional basado en el multilateralismo, que Trump y sus aliados en Europa han venido a quebrar.

El pasado domingo 8 de febrero tuvo una inhabitual proyección electoral, en Japón, en Portugal y en Aragón. Con resultados muy diferentes.

El anuncio por parte del Gobierno de la próxima regularización de casi un millón de inmigrantes, que están en España en situación administrativa irregular, ha dado lugar a curiosas −pero esperables− reacciones de la derecha. Antes de comentarlas conviene reflexionar un momento sobre el fenómeno que arrasa por todo el mudo, desde Estados Unidos a Chile y desde Dinamarca hasta España, por el que millones de ciudadanos rechazan a los inmigrantes y legitiman a los Gobiernos que los persiguen con más o menos ferocidad.

“Vieron a media docena de agentes federales rodear a un ciudadano estadounidense sin antecedentes y disparar al menos seis balas” (Francisco Peirón: “Un agente federal mata a otro estadounidense en Minneapolis”, La Vanguardia, 25 de enero de 2026). Así contó el diario barcelonés la muerte del enfermero Alex Pretti, tras la muerte en parecidas circunstancias de la poetisa Renée Good y de la detención del niño Liam Conejo Ramos. Dos muertes gratuitas al servicio de la política de ocupación interior del Presidente Trump. ¿Qué está ocurriendo en Estados Unidos para que un grupo policial antes irrelevante, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), se convierta en un Ejército de ocupación en su propio país y actúe con la misma crueldad e impunidad que las Schutzstaffel (SS)?

Para impedir que el Gobierno y su Presidente marquen la agenda política, el Presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo, ha vuelto a hacer una de sus propuestas irreales que denotan que ni él ni sus colaboradores conocen el Derecho Constitucional español. El Presidente del Partido Popular y su equipo son muy libres de mostrar ignorancia en estas materias y no merecería siquiera que se comentaran las propuestas que formulan, pero en esta ocasión, al socaire de iniciativas parlamentarias erróneas, Núñez Feijóo ha amenazado al Presidente Sánchez con mandarle a la cárcel en la vieja tradición de la derecha española, y eso son palabras mayores.

Si no fuera porque tiene demasiados antecedentes similares, el día 3 de enero de 2026 sería una efeméride luctuosa para el Derecho Internacional y para la democracia en el mundo. Pero no es una efeméride luctuosa porque antes del 3 de enero de 2026 está el 20 de diciembre de 1989, día en que Estados Unidos invadió Panamá y acabó deteniendo a su Presidente, Manuel Noriega y, después de Panamá, Estados Unidos agredió el 20 de marzo de 2003 otro país soberano, Irak, que quedó destrozado y con un Jefe de Estado, Sadam Hussein, finalmente ejecutado en 2006. Con estos antecedentes de la forma de actuar de Estados Unidos en el mundo, el secuestro del Presidente Maduro es una más de las violaciones del Derecho Internacional por parte de las autoridades de Washington. Otra vez por arte de los Ejecutivos republicanos, aunque en el pasado los demócratas también agredieron a algunos países iberoamericanos.

En entrevista a La Vanguardia del 14 de diciembre, el Presidente de la Conferencia Episcopal de España, el Arzobispo Argüello, ha dado a conocer su opinión sobre algunas materias políticas y constitucionales, en la misma línea de algunas consideraciones que ofreció el pasado mes de julio a la opinión pública. La opinión del arzobispo de Valladolid no deja de ser inquietante, por lo que supone de llevar a la Iglesia a la confrontación política directa con el Gobierno.

A mediados de la década de los setenta del siglo pasado, un jurista y politólogo francés, Roger-Gérard Schwartzenberg, habló del dilema de la oposición en las democracias occidentales: o renuncia a singularizarse y se distingue poco de los partidos del Gobierno o, por el contrario, cultiva con intransigencia su particularismo y se despega de parte del cuerpo electoral (Sociologie politique. Élements de Science Politique, París, 1974, pág. 354). Poco antes, otro jurista y politólogo francés, Maurice Duverger, expuso la distinción entre la lucha política en el régimen y la lucha política sobre el régimen, siendo la primera propia de las democracias asentadas con consensos generales, en tanto que en la segunda (propia de países con partidos antisistema, fascistas y comunistas) hay partidos que niegan legitimidad y rompen el consenso (Sociología política, Barcelona, 1970, págs. 246-249).

El 20 de noviembre, cuando el Gobierno empezó a conmemorar la desaparición del dictador como primer paso del azaroso camino hacia la democracia, se difundió el fallo de la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que condena al Fiscal General del Estado por un delito de revelación de secretos. Se difundió el fallo, pero no el resto de la Sentencia, lo que impide conocer los fundamentos jurídicos y fácticos de la condena, pero ello no es óbice para avanzar algunas consideraciones que enmarcarán el futuro comentario. Estas consideraciones se refieren a: el atípico modo de difundir el fallo, la respuesta de la derecha a la noticia, el inquietante papel que algunos personajes han tenido en estos hechos, la operación política que late detrás de la condena, el alcance estratégico que tiene la intervención judicial en la vida política de las democracias, la equívoca posición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en toda esta maniobra de las derechas, política y judicial y, en fin, las vías para parar en España una deriva que empieza a amenazar al propio sistema democrático.

Antes de conocer la sentencia que dicte la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre García Ortiz, conviene avanzar algunas reflexiones políticas que en cierto modo son independientes del sentido de la sentencia.

Desde que la Portavoz de Junts en el Congreso habló de cambios en una sesión de control parlamentario, la actitud de este partido ante el Gobierno se ha ido precipitando de manera que todo ha desembocado en una votación de las bases del partido aceptando la protesta de Puigdemont de cortar todo apoyo al Presidente Sánchez y a su Gobierno. Al final, tras la votación de un número reducido de militantes de Junts, la cuestión quedó planteada en términos relativamente claros: los parlamentarios de Junts en las Cortes sólo apoyarán las iniciativas legislativas que favorezcan a Cataluña (como si en Cataluña o en Asturias no hubiese intereses sociales enfrentados y distintos). Cada cual puede pensar de una manera u otra sobre esta decisión de Puigdemont (máxime cuando se justifica en un supuesto incumplimiento del Gobierno que, como es notorio, ha cumplido sus acuerdos con Junts hasta donde ha podido llegar), pero, en todo caso, respondía a una lógica que puede parecer equivocada, pero que tiene un cierto trasfondo.

La comparecencia del Presidente Sánchez ante la llamada “Comisión de Investigación sobre los contratos públicos realizados durante la pandemia de Covid-19, relacionados con la intermediación de Koldo García Izaguirre, así como los posibles casos de corrupción que, directa o indirectamente, tengan relación con las actividades y contactos de las personas que forman parte de la trama investigada en la Operación Delorme” ha transcurrido como previmos en el anterior artículo (“La comparecencia del Presidente Sánchez ante la Comisión de Investigación del Senado”, Sistema Digital, 22 de octubre de 2025). Confieso a los lectores que cuesta mantener la serenidad ante un hecho tan grave y tan destructivo como han sido las intervenciones de los Senadores del Partido Popular, de Vox y de Unión del Pueblo Navarro, que comportan una grave actuación dirigida, no contra el Gobierno, contra su Presidencia o contra el PSOE, sino contra la democracia en este país.

La próxima semana, a petición del Grupo Parlamentario Popular del Senado, el Presidente Sánchez comparecerá ante la Comisión de Investigación del “caso Koldo”, es decir la “Comisión de Investigación sobre los contratos, licencias, concesiones, ayudas y otras operaciones del Gobierno y del sector público, relacionadas con la intermediación de Koldo García Izaguirre y con las demás personas vinculadas a la trama investigada en la Operación Delorme, y respecto a los presuntos delitos relativos a la corrupción que tengan una relación, directa o indirecta, o conexión con las mismas” que es la denominación que tiene en la actualidad. Sin perjuicio de comentar la comparecencia, la mera petición ofrece puntos dudosos que merecen analizarse desde ahora porque ya causan perplejidad.

Cuando se preside el principal partido de la oposición es lógico que los diarios nacionales más importantes dediquen mucha información al líder del partido. Sin embargo, cuando la mayoría de las informaciones y de los comentarios son críticos con el líder, de manera explícita o incluso soterrada, algo está fallando en ese liderazgo. Eso es lo que se pudo ver el domingo 12 de octubre en la prensa nacional respecto a Núñez Feijóo.

Todas las personas que fueron detenidas por la Armada israelí por navegar en la flotilla que pretendía llegar a Gaza coinciden en el maltrato de los policías y militares israelíes, maltrato tanto más grave cuanto en realidad habían sido secuestrados por Israel en aguas internacionales. Es cierto que, como explicó Ada Colau a La Vanguardia, en comparación con el genocidio que sufre Gaza, por muy duro que fuera el trato israelí, no hay comparación con lo que sufren los gazatíes. Pero no deja de llamar la atención que al Estado de Israel no le importe maltratar y hasta torturar a ciudadanos de países con los que Israel sostiene relaciones diplomáticas y que al llegar a sus países narrarán el trato degradante que han sufrido de las autoridades de Tel Aviv.

No hay sondeo electoral que no señale el crecimiento de Vox a costa, principalmente, del Partido Popular. Incluso hay sondeos que advierten que Vox puede rebasar al Partido Popular convirtiéndose en el primer partido de la derecha. Pero, sobrepase o no sobrepase Vox al Partido Popular, pocos dudan de que será determinante en la formación del Gobierno si ambas derechas pueden constituir mayoría parlamentaria tras las elecciones de 2027. En la hipótesis (nada segura a pesar de los deseos de la opinión pública conservadora) de que el PSOE no pudiera formar Gobierno tras las próximas elecciones, se ciernen dos posibles horizontes que son: a) que el Partido Popular se apoye en Vox para formar Gobierno, con o sin coalición, como ha ocurrido en tantas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos; b) que ocurra lo contrario, es decir, que Vox sea el partido mayoritario de la derecha y se apoye en el Partido Popular.

La tensión interna que en todos los países europeos está provocando la agresión israelí contra Gaza, con sesenta y cinco mil muertos, ciento sesenta y cinco mil heridos y la destrucción de miles de viviendas y de infraestructuras, está creando una situación que no siempre es fácil de controlar. Un ejemplo de esa tensión es el Partido Popular español, cuyos dirigentes más sensatos apuestan por reconocer la existencia de un genocidio, pero donde figuras relevantes y de distinto nivel, como José maría Aznar e Isabel Díaz Ayuso, quieren arrastrar al partido a la trinchera que ocupan Netanyahu y Trump. Con un Presidente del partido con más autoridad y más criterio propio, ese intento de arrastrar al partido conservador al campo trumpista hubiera fracasado. Pero Núñez Feijóo sólo actúa cuando se ve arrastrado por unos y por otros, por la extrema derecha de su partido y por la extrema derecha de Vox.

- El papel constitucional y político del CGPJ. Un camino que se empezó a recorrer en 1978 (II) -

La semana pasada analizábamos los efectos políticos y constitucionales de la creación del CGPJ y la dinámica judicial que se ha ido asentando desde 1980, fecha de la primera Ley que regulo este órgano constitucional. El Poder Judicial y el propio CGPJ han sido considerados por la derecha política y por la derecha judicial como dos instrumentos que, llegado el caso, podrían neutralizar la acción de un Parlamento y de un Gobierno progresistas. Con la formación del Gobierno por Pedro Sánchez en junio de 2018, el “Estado Mayor” (político, empresarial, mediático, judicial) del poder marginado por el nuevo Gobierno progresista decidió que había llegado la hora de emplear las instancias judiciales para oponerse al Gobierno y, si se podía, derribarlo. A diferencia del Parlamento o del Gobierno, el Poder Judicial es un poder difuso que recae en todos y cada uno de los órganos unipersonales o colegiados que lo forman. Por ende, bastaba con unos pocos órganos, estratégicamente situados, para armar la ofensiva contra el Gobierno.

- El papel constitucional y político del CGPJ. Un camino que se empezó a recorrer en 1978 (I) -

El inicio del Año Judicial de 2025, como se ve en toda la prensa, ha estado rodeado de situaciones tensas, tanto por los intentos de la derecha política y de la derecha judicial para impedir la presencia y la intervención del Fiscal General del Estado, como por la presión muy dura de esas derechas y de su prensa adicta para que la Presidenta del Consejo General del Poder Judicial (en lo sucesivo CGPJ) replicara al Presidente del Gobierno que en una entrevista televisiva pidió que el propio CGPJ reflexionara sobre un hecho incontrovertible que nadie puede negar, que existe una minoría de Jueces que hace política. Además, este inicio tan polémico se ha complicado con la definitiva imputación del mismo Fiscal General que no sólo será llevado a juicio de inmediato. sino que será juzgado por una Sala conservadora. Además, el instructor le ha impuesto una fianza de ciento cincuenta mil euros que sólo se fija para delitos particularmente graves.