El martes 3 de septiembre ha culminado la renovación del Consejo General del Poder Judicial mediante la elección de su Presidenta. Es una buena noticia, porque la arquitectura constitucional del Estado vuelve a estar completa tras tantos años de boicot por parte de la derecha política y de la derecha judicial. Los ciudadanos esperan de este Consejo que cumpla sus funciones de órgano de gobierno del Poder Judicial y que corte la tremenda politización que ha llevado a este Poder a actuar como instrumento de oposición contra el Gobierno. No será tarea fácil porque han sido muchos años de manipulación de una minoría judicial en beneficio de la derecha política, pero ya se puede intentar.

El Magistrado Peinado García compareció, como había resuelto, en la sede de la Presidencia del Gobierno para interrogar como testigo al Presidente Sánchez. Más allá de la humillación que comporta interrogar al titular de la Presidencia, con la posibilidad de variar la condición de testigo por la de imputado (como ha hecho dos veces este Magistrado en la pseudo-acusación penal de la esposa del Presidente Sánchez), la maniobra, de dudosa justificación jurídica en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no ha tenido los efectos deseados por quienes la maquinaron (el partido de extrema derecha Vox con la aquiescencia de un Magistrado emparentado con una Concejal del Partido Popular) porque el Presidente se ha negado a prestar declaración como le permite la Ley. Poco pueden difundir sobre este interrogatorio frustrado, por lo que el objetivo de hacer aparecer al Presidente como una persona acosada por un Juez se ha frustrado.

Con pocos días de diferencia se han conocido varias noticias de contenido muy próximo: la imputación a la esposa del Presidente Sánchez, la imputación, por los mismos motivos, al Rector de la Universidad Complutense de Madrid, las diversas Sentencias del Tribunal Constitucional sobre los juicios de los ERE de Andalucía y, para acabar, la Providencia del Magistrado Peinado (padre de una Concejal del PP de la periferia rica de Madrid) para que el Presidente del Gobierno declare oralmente (y no por escrito, como corresponde por su condición de Presidente del Gobierno). Providencia que expresa toda la carga humillante que ya había desplegado el Magistrado en alguna resolución anterior.

La ruptura de los Gobiernos de coalición PP–Vox en cinco Comunidades Autónomas ha sido la gran noticia política de la semana pasada. Es preciso ante todo preguntarse por los móviles que han llevado a Vox a esta ruptura, si bien se debe señalar antes de nada que la ruptura no va a paliar los daños infligidos en materia de violencia de género y de símbolos culturales en estos territorios, pues Vox se apresuró a cobrarse sus exigencias en esta materia y el PP se prestó a otorgárselas.

El acuerdo del Gobierno y el Partido Popular para elegir un nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras cinco años de boicot por parte de la derecha política y la derecha judicial, tiene el gran valor de restaurar la validez de la Constitución. Por lo menos a partir de algunas semanas todos los órganos constitucionales estarán en funcionamiento y podrán contribuir a una convivencia política regular.

El pasado 21 de junio la Secretaria General del Partido Popular compareció ante la prensa para anunciar que su Grupo Parlamentario en el Senado va a promover en esta Cámara una Comisión de Investigación para estudiar por qué el CIS realiza sondeos que según ellos favorecen al PSOE en períodos electorales. La Secretaria General del Partido Popular llegó a mencionar en tres ocasiones el delito de malversación, que es lo que pretende indagar a través de esa Comisión. No es la única operación de este tipo que impulsa la derecha, pues en la Asamblea de Madrid la Mesa de la Cámara regional acaba de admitir a trámite una propuesta popular para constituir una Comisión de investigación para determinar responsabilidades políticas (nada menos) en programas de postgrado de la Universidad Complutense. Comisión dirigida de forma específica contra la esposa del Presidente del Gobierno.

Desde hace algunas semanas, no hay día que no nos enteremos de alguna actuación judicial contra el Gobierno, contra su Presidente o contra la familia del Presidente. No parecen casuales tantas actuaciones en el orden penal o en el orden contencioso-administrativo. Desde la reiteración de la imputación a la esposa del Presidente del Gobierno, hasta las acusaciones contra el hermano de éste, pasando por la autorización de unas concentraciones ante la sede de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE o una nueva Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo anulando otro nombramiento del Gobierno. También conocemos la posible imputación del Fiscal General del Estado por difundir una información que salía al paso de la tergiversación de las actuaciones del Ministerio Fiscal en la imputación del novio de la Presidenta Díaz Ayuso. Además, ya son constantes las actuaciones de los Tribunales y de algunos Fiscales para no cumplir las Leyes vigentes. Esta semana se ha conocido la resolución del Tribunal Superior de Madrid frente al Ministerio de Asuntos Exteriores por retirar, en ejecución de la Ley de Memoria Democrática, el retrato de un Ministro de la dictadura o la rebelión de algunos Fiscales y de la Junta de Fiscales de Sala para inaplicar la Ley de Amnistía.

Toda elección al Parlamento Europeo tiene efectos nacionales, como se puede ver en Francia o en Bélgica, donde la política comunitaria ha trastocado la política nacional hasta llegar a la disolución del Parlamento o a la dimisión del Primer Ministro. Nada de eso va a ocurrir en España (aunque lo soñara Núñez Feijóo), pero es inevitable que ese tipo de elecciones proyecte sus efectos sobre la política interna de los veintisiete Estados. Concretamente, vamos a examinar: a) el triunfo/fracaso del Partido Popular; b) el fracaso/triunfo del PSOE; c) la crisis de Sumar; d) la maldición española de los pseudo-partidos; y e) el fracaso del independentismo catalán.

El 30 de mayo el Congreso de los Diputados levantó por mayoría absoluta el veto opuesto por el Senado a la proposición de ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social de Cataluña. No es una fecha baladí, por lo que conviene reflexionar sobre el significado político de esta aprobación y la respuesta hiperbólica de la derecha, la respuesta falaz de los esbirros jurídicos de esa derecha, la reacción de los independentistas catalanes y, en fin, los medios jurídicos y políticos que debe poner el Estado democrático para que se pueda aplicar la Ley orgánica recién aprobada.

Pocos meses después de iniciarse la agresión rusa contra Ucrania tuve ocasión de señalar en esta sección la paradoja de una izquierda que se alineaba con los agresores sin importarle los daños a la población civil, la destrucción de todo un país y los rasgos claramente autoritarios del régimen político ruso (Javier García Fernández: “¿No a la guerra? ¡No a la agresión!”, Sistema Digital, 9 de marzo de 2022). Esa izquierda no sólo se sitúa en un campo ético reprobable, sino que ni siquiera tiene valor de confesarse pro-rusa, sino que adopta una posición de equidistancia expresada en una consigna aparentemente humanitaria, pero falaz, pues falaz es el “No a la guerra” cuando con esta consigna se pretende que el país agredido no se defienda frente al agresor. Porque la consigna, lanzada en marzo de 2022 por cierta izquierda española y europea, ha de entenderse como el permiso a Rusia para que acabe de invadir y sojuzgar Ucrania. No a la guerra de defensa de Ucrania, en definitiva.

Las elecciones catalanas del 12 de mayo han sido, al menos en lo que se refiere a los resultados, unas elecciones predecibles. Otra cosa serán sus efectos sobre la formación del Gobierno, de lo que luego hablaremos. Pero, aun siendo predecibles, justifican algunas reflexiones sobre la situación política de Cataluña.

Después de inventarse el “sanchismo” para derogarlo, el Partido Popular se acaba de inventar el “pedrismo” para seguir teniendo blancos a los que disparar. El “pedrismo” es la aportación más original en la entrevista de Núñéz Feijóo en La Vanguardia el pasado 5 de mayo, y si toda la labor de oposición del Partido Popular pasara por la invención de blancos a los que disparar, no sería preocupante. Lo preocupante es que la invención del “sanchismo” y del “pedrismo” se inserta en una estrategia de guerra sucia del que el caso más duro es la guerra contra la esposa del Presidente. Pero no contentos con ese frente familiar, las derechas y sus más conspicuos medios como ABC y El Mundo se han abonado a todas las guerras sucias posibles.

Tanto en la breve intervención de Pedro Sánchez para informar sobre las decisiones que adoptó tras su carta del pasado 24 de abril, como en la entrevista que dio el Presidente del Gobierno a la Cadena SER el 30 del mismo mes se detecta una preocupación por el deterioro de la convivencia democrática y un deseo de regeneración. Ese deterioro se expresa en varios frentes (el frente judicial, el parlamentario, el mediático), pero quizá no sea útil formular propuestas de regeneración si antes no identificamos las causas de la degradación de la convivencia democrática.

La carta que el Presidente Sánchez difundió en la tarde del 24 de abril en la que se plantea “si debo continuar al frente del Gobierno o renunciar a este alto honor” abre, inevitablemente, varios interrogantes de naturaleza constitucional que conviene examinar. El primer interrogante es, naturalmente, cuáles son las consecuencias y el procedimiento de una eventual dimisión del Presidente del Gobierno. Pero las dudas no se agotan ahí porque en el supuesto de que Pedro Sánchez decidiera no dimitir es previsible que adopte alguna decisión política importante. Decisión que también ha de tener una dimensión constitucional. Por todo ello vamos a ver a continuación la forma y los efectos de una hipotética dimisión del Presidente del Gobierno y, a continuación, las posibles decisiones que podría adoptar Pedro Sánchez. Decisiones que, a mi juicio, se contraen a una disolución de las Cortes y a una cuestión de confianza.

Las elecciones al Parlamento Vasco celebradas el 21 de abril han sido, ante todo, unas elecciones previsibles y carentes de todo dramatismo. Pero ello no resta interés a sus resultados y al modo en que se ha desarrollado la campaña electoral.

El Comisario de Justicia de la Comisión Europea, el liberal belga Didier Reynders, cesa en su cargo para aspirar a otro en el Consejo de Europa. No se puede decir que Reynders haya actuado con neutralidad en los temas judiciales españoles. Ha hablado demasiado y siempre en favor de las posiciones de la derecha política y judicial española y ha sido sensible al lobby judicial europeo, que pretende asentar una cierta autonomía política del Poder Judicial, autonomía que no prevén los Tratados de la Unión.

Vaya por delante una constatación: sin reforma constitucional el sistema político español ha de mantener el Senado aunque cada vez más se extienda en la opinión pública la percepción de su inutilidad. Mientras la mayoría parlamentaria del Congreso y del Senado han coincidido, la opinión pública, los constitucionalistas y una gran parte de los políticos han considerado que el Senado es como esos muebles antiguos recibidos en una herencia que no sabemos dónde colocar pero que acaban dejándose en un rincón del salón porque tampoco molestan mucho. Pero cuando el Senado, por tener una mayoría parlamentaria distinta del Congreso y en oposición al Gobierno, se convierte en un órgano que desestabiliza la política gubernamental muchos ciudadanos se preguntan por su funcionalidad y no si no es una Cámara que dificulta la gobernabilidad. Porque si hay un valor constitucional que cada vez tiene importa más a los ciudadanos (porque incide sobre sus intereses vitales) es la gobernabilidad de modo que el ciudadano valora y exige ante todo que el Gobierno (todos los Gobiernos, el de la Nación, el autonómico y el municipal) proporcione bienes y servicios que contribuyen a hacer confortable la existencia. Y cuando se descubre que hay un órgano del Estado que dificulta la gobernabilidad el ciudadano examina con mirada crítica ese órgano.

En los últimos días se ha conocido que el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla y León está impulsando una “Ley de concordia” que pretende neutralizar la Ley de Memoria Democrática de 2022. También se ha sabido que el Gobierno valenciano prepara varios proyectos de ley sobre libertad educativa y “concordia”. El tema es inquietante, porque sobre el mismo convergen dos cuestiones distintas que caracterizan a las derechas españolas y que impiden que éstas puedan desempeñar un papel de consenso en la política de este país.

La prensa de los días 19 y 20 de marzo anunció la intención del Senado de suscitar un conflicto constitucional de atribuciones ante el Tribunal Constitucional con el argumento de que la proposición de ley de amnistía −que el Congreso de los Diputados ha remitido a la segunda Cámara− es inconstitucional según el informe de los servicios jurídicos de ésta. Nunca había ocurrido una cosa así desde 1978, por lo que conviene examinar los perfiles jurídicos de esta iniciativa, si llega a suscitarse, los móviles políticos del Partido Popular, mayoritario en el Senado, los efectos prácticos de esa iniciativa y lo que denota esta nueva guerra constitucional.

El pasado 29 de febrero se supo que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la Sala Segunda, ha acordado investigar a Carles Puigdemont por el delito de terrorismo, como solicitaba la exposición razonada elevada por el magistrado Manuel García-Castellón, quien llevaba semanas buscando esta imputación en la mejor línea de los jueces-estrella del pasado. Conforme al largo comunicado del Consejo General del Poder Judicial (aún no se ha publicado el Auto), Puigdemont y Rubén Wagenberg, diputado del Parlamento catalán, serán investigados por el delito de terrorismo en relación con el caso “Tsunami Democratic”. La sección correspondiente acordó nombrar un instructor.

El pasado 25 de febrero algunos diarios publicaron una curiosa foto donde aparecían juntos Donald Trump y el presidente de Vox, Santiago Abascal. Según informa el propio partido Vox, el ex Presidente y el dirigente español de la extrema derecha tuvieron una reunión de quince minutos durante una reunión de la extrema derecha estadounidense, la Conferencia Política de Acción Conservadora. En esa reunión Trump animó y felicitó a Abascal y hasta le calificó como uno “uno de los mejores líderes mundiales” (ABC, 25 de febrero de 2024).

Las elecciones al Parlamento gallego del 11 de febrero han dado, en parte, los resultados esperables, pero también han frustrado expectativas que se iban conformando en la última semana de la campaña. Esperados o no, los resultados incitan a reflexionar sobre algunas cuestiones candentes de la política española.

El Estado de Derecho se funda, además de en la garantía de los derechos individuales, en el respeto de las competencias de los órganos de ese mismo Estado, competencias que ha diseñado y repartido la Constitución. Un Estado donde las competencias de cada órgano se ven mediatizadas y hasta neutralizadas por la acción de poderes de facto que pretenden suplantar a esos órganos, es un Estado de Derecho mermado. En España empieza a ocurrir que los órganos legítimos que representan a la soberanía nacional (las Cortes y, tras el otorgamiento de la confianza por parte de éstas, el Gobierno) ven obstaculizada su acción por poderes ocultos que manejan quienes se prevalen de las potestades que les ha otorgado el ordenamiento para desviarse de sus fines y lanzarse a la lucha política, siempre contra el Gobierno y contra la mayoría parlamentaria legítima. Las vicisitudes que está atravesando la tramitación de la proposición de ley de amnistía es un ejemplo de cómo ciertos poderes, que deberían estar fuera de la política se lanzan a la labor opositora. No es la primera vez que ocurre con el Gobierno del Presidente Sánchez, pues en diciembre de 2022 pudimos ver cómo el Tribunal Constitucional, presidido entonces por un activista de la derecha, intentó impedir la acción del Parlamento (véase Javier García Fernández: “La desestabilización constitucional de España”, El País, 19 de diciembre de 2022).