Tras las elecciones de 23 de julio el panorama político está en parte despejado pero también con alguna incertidumbre importante. Por ello vamos a examinar: I) el fracaso de las predicciones y sondeos; II) cómo quedan los partidos; III) las causas del fracaso del Partido Popular; IV) los motivos por los que el PSOE ha soslayado el anunciado fracaso; y V) el panorama constitucional que se abre.

En las elecciones del próximo domingo se dilucida qué partido o partidos gobernarán España en la próxima legislatura. Muchos sondeos apuntan un triunfo del Partido Popular, triunfo insuficiente para formar Gobierno si no es con el apoyo de Vox. Dejando a un lado la poca calidad de muchos de esos sondeos y de la intención evidente de desmovilizar (desmoralizando) el voto de la izquierda, como aportación al debate de los últimos días se pueden compendiar algunas de las razones por las que los partidos de la derecha no deben gobernar España.

Las noticias electorales de esta semana se inician con el debate Sánchez-Núñez Feijóo, pero también tiene interés recordar que la Junta Electoral Central ha incoado expediente al Presidente del Gobierno por hacer campaña en Bruselas, coincidiendo con el inicio de la Presidencia de España de la Unión Europea. Una vez más descubrimos la politización del Poder Judicial en favor de la derecha, porque solo desde una perspectiva conservadora se puede explicar que se quiera sancionar al Presidente del Gobierno por hacer política. La derecha quiere un Presidente del Gobierno callado y que la propaganda electoral solo proceda de ella, nunca de la izquierda. Y la mayoría de la Junta Electoral Central, aliada a la derecha, así lo ha explicado. Cuarenta y cinco años de democracia todavía no han igualado a la derecha y a la izquierda.

En el juego de contradicciones que caracteriza a la campaña electoral del Partido Popular, la existencia del Ministerio de Cultura es uno de los últimos casos en que el principal partido de la derecha se desdice de lo declarado. Recordemos los hechos.

La hipotética pérdida de un millón de votos del PSOE en el electorado de centro, del que habla alguna prensa, es un fenómeno estasiológico llamativo, porque denota la dificultad de unos electores para entender la dinámica de los partidos y sus posibilidades de acción política en el Estado democrático. De ser cierta esa apreciación (que deberá confirmarse en las próximas elecciones en un contexto de extrema polarización de las derechas por la ya evidente colaboración del Partido Popular con Vox) llama la atención que un electorado que se consideraba maduro, después de cuarenta y seis años de elecciones democráticas, se deje guiar más por los ecos que por las voces que emanan de la situación política española.

La derecha política española no se ha distinguido por sus inclinaciones democráticas. En el siglo XIX apoyaron a un Monarca absolutista como Fernando VII y con la hija de éste, Isabel II, se dividieron entre actuar a través del carlismo (que provocó tres guerras civiles) o del Partido Moderado que creó un régimen excluyente que sacó del juego político al Partido Progresista.

La experiencia de la campaña electoral para la convocatoria del pasado 28 de mayo puede dar indicios de cómo se desarrollará la de la convocatoria del 23 de julio. En esta campaña han predominado temas colaterales a las elecciones, pero que servían para dos fines, a saber, “nacionalizar” las elecciones restándoles su contenido local e introducir dudas sobre la limpieza de las elecciones por si en su momento hubiera que utilizarlo como arma. Como la elección la ha ganado el difusor de las dudas, el Partido Popular, ya no se ha vuelto a poner en duda la honestidad del proceso electoral, pero aun así merece examinarse este fenómeno porque nunca se sabe si lo volverán a exhumar.

Las elecciones municipales y autonómicas se han vivido, como pretendía el Partido Popular, con dimensión nacional y no local. La derrota del PSOE se debe examinar a partir de las siguientes circunstancias:

El 19 de mayo se ha difundió un sorprendente comunicado de la Asociación Profesional de la Magistratura (en adelante APM) que parecía dirigido a sus afiliados dónde les instaba a renunciar a la subida retributiva que han pactado otras asociaciones de las carreras judicial y fiscal con el Ministerio de Justicia, acuerdo “que consideramos insuficiente, indigno e inaceptable”. Además, el comunicado se refería a “la complicidad y el beneplácito de otras asociaciones judiciales” que han pactado con el Ministerio. No se ha confirmado que este comunicado fuera verídico y más bien parece una fake news dirigida a enturbiar un acuerdo útil para las carreras judicial y fiscal, pues una cosa es que una asociación judicial discrepe del acuerdo y otra que proponga algo que es simplemente ilegal.

El pasado 11 de mayo se conoció que el Partido Popular volvía a condicionar la renovación del Consejo General del Poder (en lo sucesivo CGPJ) a que PREVIAMENTE se modifique la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los doce Vocales del CGPJ sean elegidos exclusivamente por los Jueces y Magistrados, sin intervención parlamentaria. La noticia no era casual porque en el Pleno del Congreso de los Diputados de ayer 16 de mayo se debatió una proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular que propugnaba el cambio de elección de los Vocales judiciales del CGPJ en el mismo sentido, es decir, elegidos exclusivamente por los miembros de la carrera judicial.

Los resultados de las elecciones al Consejo Constitucional chileno, el órgano que debe redactar un proyecto de Constitución, no pueden haber sido más desastrosos por el triunfo de la extrema derecha y de la derecha frente a una exigua izquierda: sólo 16 consejeros de izquierdas frente a 34 consejeros de todas las derechas, con predominio de los pinochetistas.

Desde que el Partido Popular intentó derribar al Presidente del Gobierno durante la pandemia, la derecha desacredita al Gobierno con un argumento que ya se ha convertido en una consigna de agit-prop: el Gobierno socialcomunista ha establecido un régimen autoritario, cuasi bolivariano, y para ello ha “ocupado” los órganos y las instituciones. En realidad, esta consigna, que se repite en la prensa de derechas y ha llegado incluso a libros donde escribe lo más florido de la caverna, es la reacción contra la aplicación de la Constitución. Por eso la guerra a muerte para impedir la renovación, más que tardía, del Tribunal Constitucional y por eso el continuo boicot a la elección del nuevo Consejo General del Poder Judicial (en lo sucesivo CGPJ). Y por eso también la curiosa proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular del Congreso destinada a impedir que el Gobierno elija libremente al Presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, que el Congreso no tomó en consideración hace pocos días.

La política, al menos desde que en la Grecia antigua se tomó conciencia de la necesidad de gestionar la vida social con una perspectiva colectiva, consiste en diseñar acciones que mejoren la vida de las personas. Y el juego político en democracia se basa en ofrecer al ciudadano distintos programas de gobierno para que éste elija en las elecciones el que más se acomode a sus intereses. Ese juego interesa por igual a los gobernantes y a los partidos de la oposición, porque el futuro está abierto y el ciudadano debe formar sus juicios de valor sobre lo que ha hecho hasta entonces el gobernante, sobre lo que éste ofrece para el futuro y sobre las alternativas que los partidos de la oposición se comprometen a aplicar. Esta idea tan simple no parece que hoy rija en España porque, como se ha visto en el debate celebrado en el Senado el martes 25 de abril entre el Presidente del Gobierno y el líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, el principal partido de la oposición conservadora sigue sin atreverse a ofrecer a los ciudadanos un programa de gobierno.

Se dice que Mariano Rajoy ha comentado respecto a Núñez Feijóo que es el momento de estar callados. Sea o no verdad este rumor sobre el antiguo Presidente del Gobierno, la sensación que se tiene es que no va desencaminado. Núñez Feijóo habla mucho y, en términos coloquiales, parece que mete mucho la pata. La semana del 20 al 26 de marzo, con una prolongación al día 27, es indicativa de esta verborrea del presidente del Partido Popular.

Para explicar cuál es la función del jurista, el filósofo del Derecho Luis Recasens Siches escribió que el jurista tiene que indagar la norma aplicable a cada situación, encontrar el precepto que se refiere a la materia en la que trabaja y, una vez hallada la norma, debe entenderla, es decir, interpretar lo que dice y las consecuencias implícitas que contiene (Luis Recasens Siches: Tratado General de Filosofía del Derecho, México, D. F., 1988, pág. 1). Esta labor de identificar la norma y el precepto aplicables, interpretarlo y sacar las consecuencias del mismo merece recordarse a propósito de la moción de censura presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario de Vox, que lleva como candidato alternativo a Ramón Tamames y que se debatirá los próximos días 21 y 22 de este mes de marzo.

Si Karl Marx y Max Weber son considerados padres de la Sociología es porque, ambos, cada uno en su época, tuvieron la clarividencia de describir el modo de producción capitalista. En El capital y en algunos capítulos de Economía y sociedad, Marx y Weber analizaron la esencia de ese modo de producción que ya en el siglo XIX era dominante en Europa y en América. Así, Weber describió la explotación lucrativa de mercado como aquella actividad orientada de modo continuado por las posibilidades del propio mercado en la medida en que empleando bienes como medios lucrativos puede obtener dinero mediante la producción y venta de bienes solicitados o mediante la oferta de servicios (Economía y sociedad. México, D. F, 1979, pág. 75). Y a su vez debemos a Hans Kelsen el haber despojado el análisis jurídico de connotaciones morales para dejarlo en una tarea ajena a lo axiológico.

Después de varias semanas de incertidumbre, Vox ha presentado por fin su moción de censura contra el presidente Sánchez, que incluye como candidato a Ramón Tamames. Una moción de censura, como las anteriores que ya vimos (salvo la que dio la Presidencia del Gobierno a Pedro Sánchez) presentada para ser rechazada por el Congreso de los Diputados. ¿Qué pretende Vox con esta maniobra?

Esta semana cumple un año la agresión rusa contra Ucrania. Un año en que han muerto miles de civiles ucranianos y otros miles han quedado heridos o mutilados. Un año de destrozos en las viviendas, en los servicios públicos y en las infraestructuras ucranianas que han arrebatado a muchas personas los bienes que constituyen los referentes materiales de su existencia. Y en Rusia han necesitado miles de muertos y de heridos para avanzar muy poco en el territorio que Putin pretendía conquistar, como hizo Brezhnev en 1968 en Checoslovaquia. A pesar de estar atascado (o quizá por), Putin ha practicado una huida hacia adelante propia de los animales acorralados en el discurso pronunciado el 21 de febrero sobre el estado de Rusia, al acusar de agresión a Estados Unidos y al denunciar los Tratados internacionales sobre proliferación nuclear suscritos por la Federación Rusa. Putin ha fracasado en su agresión, pero no puede dar marcha atrás porque estaría reconociendo su derrota. Y como buen bolchevique no le importa sacrificar a miles de ciudadanos y arruinar la economía rusa. Cualquier cosa antes que aceptar el fracaso.

La idea de la política no es unánime, sino todo lo contrario. Decía Maurice Duverger que el término “política”, a diferencia del término “sociología”, es muy antiguo y pertenece al vocabulario usual por lo que se ha convertido en un término vago (Sociología política, Barcelona, 1970, pág. 21). Pero esa vaguedad puede comportar una visión positiva de la política o, por el contrario, puede conllevar un desvalor. En los regímenes autoritarios la política suele concebirse como un desvalor porque no se desea que el ciudadano participe en la política, que se restringe a los gobernantes. En cambio, en democracia la política comporta una visión positiva porque se sabe que a través de la política y de los políticos la ciudadanía concurre a gestionar su vida colectiva. En las dictaduras, la política (y sus sujetos, los políticos) es objeto de repulsión en tanto que en democracia la política y los políticos se consideran beneficiosos para la gestión de los asuntos colectivos.