Max Aub dice en un pasaje de la “La calle de Valverde”, que “ancha muerte la tarde en la calle de Alcalá”. No ha podido decirse en este otoño resistente “ancha muerte la tarde en la calle Sainz de Baranda”. Maricarmen, todo junto es separado y separado es todo junto, ha dejado un recuerdo despeinado y en ropa coloquial, con algo de parecido al cantautor Paco Ibáñez, que las biografías prolongadas producen rostros de homogeneidad de género. El nombre ya común de la patrona del mar y los océanos, a quien los creyentes le añaden el prefijo de virgen, Carmen, ha resucitado del santoral y de los registros civiles para inundar con sus vocales y consonantes todas las perspectivas, incluso las públicas y políticas, que vienen a intercambiar significados idénticos.

Es de suponer que no haya controversia en la necesidad de la denominación de estas elecciones próximas como las “elecciones Maricarmen”, con la etiqueta impuesta por la fuerza de la realidad del desahucio de la anciana de Sáinz de Baranda, reinterpretada y revisada la salida de la casa de siempre de Maricarmen por la visión empresarial, quién sabe si rehumanizada, por los propietarios del inmueble. Antes del desahucio la posibilidad de comicios era remota, al albur del instinto del presidente Sánchez, entre el rapto y la intuición, muchas veces demostrado como capaz de puntuar en el marcador de los éxitos.

El Tribunal Constitucional tiene previsto pronunciarse sobre los recursos de los ex consejeros de la Generalitat de Catalunya Jordi Turull y Dolors Bassas. Según todos los indicios previos a su manifestación, serán atendidos favorablemente, lo que redundará en la aplicación de la ley de amnistía no solo a los recurrentes, sino también al presidente Puigdemont, hasta el momento negada por la oposición técnica y al parecer ideológicamente sombreada del Tribunal Supremo, donde ondea la bandera de la autoridad indiscutible del juez Marchena, ponente de la sentencia condenatoria del procés. Es decir, que, en breve, Carles Puigdemont podrá pisar territorio catalán y de cualquier otra circunscripción española con todos los derechos restituidos y su manifestación sobre materias humanas y divinas habrá de ser respetada de modo y manera por el resto de los ciudadanos.

Entre el 14 de julio y el 5 de octubre de 2022, fechas en que se votó en el Congreso y en el Senado, se aprobó la Ley de Memoria Democrática, cuya sustancialidad se vertebra en la reparación de derechos, superación de injusticia, afirmación de la responsabilidad del Estado franquista y la dignificación de las víctimas. El bloque de oposición votó en contra en ambas cámaras, es decir, PP, Vox y Ciudadanos, con las aportaciones en el voto negativo de Junts y CUP por otros motivos de índole distinta al manejo de la oposición principal. Ciudadanos, ya en descomposición, significaba un valor residual que siempre eligió la vía de las derechas, si bien ya con anterioridad había abierto el pasillo del inicio del estrellato a figuras ahora cuajadas como Díaz Ayuso y Martínez Almeida.

La crisis de Ceuta se está convirtiendo en un parteaguas del mandato controvertido del gobierno de coalición emanado de las elecciones de julio de 2023, donde la aritmética se impuso sobre los sondeos para disgusto de las sociedades de prospección y de los pagadores de los servicios facturados. El contencioso ha demostrado tener dos caras, la geográfica y la humanitaria. La primera es irremplazable, porque Ceuta tiene unas coordenadas geográficas en espacio africano, y eso por vecindad, por capilaridad, por visión territorial, tiene y tendrá connotaciones que siempre habrán de producir dolores de cabeza al gobierno español. La españolidad tantas pregonada por unos y por otros de la plaza autónoma de Ceuta se ve atravesada por etnias de creencias cristianas, musulmanas, con alguna presencia hinduísta y judía. Y por si fuera poco el crisol religioso, la apetencia de soberanía sobre Ceuta y Melilla de algunas facciones del Marruecos profundo hacen de la realidad de la ciudad autónoma un foco de inestabilidad y en algunas ocasiones, como el presente caso, un riesgo de polvorín. La otra dimensión, la humanitaria, ofrece en Ceuta la versión más relevante que pueda apelar a los sentimientos de la especie humana, con asaltantes a la plaza española con etiqueta de desfavorecidos por la máxima penuria, y algunos de ellos con minoría de edad y sin compañía familiar o parental. Esta segunda parte representa una acción que afecta a muchos países en el mundo, también a los europeos con jurisdicción en el mar Mediterráneo, por ejemplo Italia.

Menos de un mes de acontecimientos en Ceuta y ya se da por descontada la influencia que habrá de tener en los resultados electorales de los próximos comicios generales. Al agravio pregonado, según la versión de la oposición, del ejecutivo actual a la España económica, social, territorial, por sus malas prácticas barnizadas con la corrupción, ahora se añade la coda de Ceuta. La gestión de la crisis de Ceuta, abordada por setenta mil personas en trance de desesperación en una sola jornada, 30 de julio, ecuador de vacaciones también políticas, no es asunto banal, y tiene variables territoriales y humanitarias a las que le florecen las aristas. Cualquier gobierno no desearía enfrentarse a tal incidente, pero una vez producido la gestión es un imperativo del que se desbrozan muchas derivadas.

Hay una ausencia colosal que invade de orfandad al entorno de la presidenta Ayuso. Es la de Miguel Ángel Rodríguez, quien funge en todo momento como primer jefe de gabinete de la mandataria de Madrid. Rodríguez blande sus facultades como propietario de su agenda y se jacta de una anticipación de las decisiones de magistrados y jueces en materias que afectan al gobierno socialista. Su punto más álgido de ebullición resultó en la imputación y condena del fiscal general del Estado, cuando su apócope “p,alante” provocaba las delectaciones de las gradas y tertulias de aposento de subvenciones y generosidad para la hipérbole. Desde el día 29 de julio, en que Fernando Peinado firmó la información, en El País, de la compra del ático de General Martínez Campos, con foto de Claudio Álvarez, con la realidad urbanística de una gran finca, con dimensión, vegetación y vistas, sin la preocupación tributaria del sujeto pasivo y con la euforia triunfadora de quien puede mover un dedo para señalar el objeto del deseo para uso y disfrute.

La entrada a Ceuta de 60000 personas procedentes de Marruecos ha sucedido en el interés nacional a los incendios de más intensidad de que se tiene recuerdo, que a su vez ocupó el puesto de relevancia en la atención depositada en el Mundial de fútbol. Las dos primeras no produjeron víctimas personales ni por desequilibrio emocional en el caso de los goles nacionales ni tampoco en la siniestralidad espectacular de la quema de tantas hectáreas de monte sin lamento de personas por la coordinación de los servicios de seguridad y control. El tercer frente de focalización, el de la entrada masiva por Ceuta, ha arrojado un provisional balance de casi un centenar de fallecidos por ahogamiento, todos ellos de nacionalidad de Marruecos o asimilados en territorio marroquí para la intentona de salir de nada que parezca un paraíso para la obtención de un ensanchamiento de metas y propósitos personales.

La dimensión humana que presenta el caso Zapatero revela los altibajos del itinerario de la especie pensante en la defensa de las intimidades. El ex presidente está siendo investigado por los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y falsedad documental, a lo que habría que añadir delito fiscal y contrabando por las concomitancias derivadas de las joyas extraídas de la caja fuerte de su despacho. El peso de todas esas acusaciones es el de una carga física y productora de una fatiga psicológica notables para una persona y su entorno más cercano, incluso para la influencia concéntrica de su corteza pública, que se puede ver afectada desde el más humilde seguidor de la trayectoria referencial del político ubicado en lo alto de la estima como al propio presidente de gobierno actual, con el que hasta hace poco compartía mesa en actos para la comunión de objetivos y metas que habrían de culminar en la continuidad de la labor de gobierno. El profesor italiano Nuccio Ordine citaba con frecuencia la obra de Shakespeare, “El mercader de Venecia”, para referir el oro como “pálida medianera común entre hombre y hombre”.

A poco que los meandros procesales del Tribunal Supremo y otras instancias judiciales comunitarias ganen tiempo en la infinitud de la categoría temporal se habrá decretado el comienzo de la campaña de las elecciones generales para dar continuidad histórica a las de julio de 2023, donde nadie ganó pero de las cuales emergió la sucesión de Pedro Sánchez a manos del propio Pedro Sánchez en virtud de acuerdos con otras fuerzas, de cuyo conjunto emerge sobre todas las demás Junts, santo y seña independentista y conservador del movimiento que hizo valer su audacia en el otoño de 2017 sin producción de violencia ni terror, pero sí confrontación constitucional si la carta magna de la transición se moviliza como abanderada de la convivencia de los españoles, entre los cuales cabe sumar a los catalanes. La revisión de aquella pertenencia catalana al común español tambaleó en aquellas fechas el edificio constitucional con la intervención del gobierno de Mariano Rajoy en forma de aplicación del famoso artículo 155 que permite la invasión de facultades de una comunidad por el Estado central cuando se dan circunstancias excepcionales como las habidas en octubre de 2017.

La vicepresidencia de Vox en el gobierno de la Junta de Andalucía, con sus variantes y vectores, en la persona de Manuel Gavira, que le convierte en clave de bóveda de toda la labor de gobierno, que mece la cuna con vaivén melódico de la prioridad nacional como himno y sinfonía de todas las músicas, contiene o puede contener un riesgo de mimetismo que pudiera ensancharse a otros niveles de representación. Sin ir más lejos, en la cercanía de la puerta del Sol, sede de la Comunidad de Madrid.

La contención es virtud que podría ser exhibida por el Partido Popular a la hora de la espera de la llegada del próximo año, 2027, en que la previsión temporal ha de ser objeto de prescripción para la convocatoria electoral. Del mismo modo que el jefe del ejecutivo, Sánchez, podría ganar tiempo de respiro con el estiramiento del tiempo electoral, amén de la desinflamación de algunas causas judiciales en sazón en este momento que operarían en ese sentido, el PP, con sus urgencias desatadas, parece caminar en la seguridad del momento presente como lapso mollar para la obtención del máximo provecho en votos si se tiene en cuenta el poco favorable escenario judicial del partido socialista. Es decir, que no es el agónico “ahora o nunca” del PP, sabedor de su ventaja mediática por la extensión del escándalo del ex presidente Zapatero y las curiosidades familiares del presidente Sánchez, convertidas en colosales excepciones de corrupción en los avatares personales mediante la implosión de las instrucciones de los jueces.

Todo el tiempo restante hasta la convocatoria y celebración electoral próxima, o en 2026 o a lo sumo 2027, vendrá marcado por la peripecia que emane del caso Zapatero, inevitablemente unido a todo cuanto acontezca a Sánchez, su gobierno y sus concomitancias públicas. A partir de este momento, todo vertebrará en torno al futuro judicial del ex presidente Zapatero. La plataforma de males que irradiarán al presidente Sánchez habrán de partir del entorno de Zapatero, investigado por la Audiencia Nacional a través del juez Calama. Esta semana se han producido las dos comparecencias del mandatario con sesiones amplias ante el instructor, saldadas con el retorno del investigado a su domicilio, contrariamente a lo solicitado por Fiscalía Anticorrupción y el movimiento Iustitia Europa, entre otros, con la representación de la acción popular, y participante en los comicios europeos de 2024, con el balance de 27407 votos que han sido paseados como un éxito sin precedentes. Esta divergencia de cuantificaciones de representación, al margen de los cargos imputados contra el ex presidente, permite la presencia habitual del movimiento Iustitia Europa en púlpitos y micrófonos en pie de igualdad con otras partes en el contencioso.

La semana de visita del Papa León XIV a España, con calor y vísperas de Mundial de fútbol, pasará por derecho propio a la historia de las relaciones diplomáticas entre nuestro país y el Vaticano, del mismo modo que supone un paréntesis en la beligerancia de los trazados sentimentales y de respeto institucional entre políticos de distintos partidos, militantes, hasta la llegada de la autoridad católica, de la animadversión y el garrotazo. El análisis y su tiempo de asimilación tienen el carácter de urgente porque el Papa vuelve a sus quehaceres en la plaza de San Pedro y aquí, en la caldera estival, se vuelve a la costumbre del trallazo judicial, el auto, la investigación y la UCO tomando calles y avenidas, todo el mundo simpatizante del gobierno de coalición tiene en su frente la señal y el estigma de la corrupción y los negocios.

La peripecia de la activista Leire Díez, por el momento carne de investigada, desvela, según las entregas del sumario que se dan a conocer, un interés magnífico a la hora de conocer las interioridades y las posibilidades intestinales de los poderes del Estado. La denominación de cloacas como etiqueta del caso supone un acierto sin precedentes en la clasificación de tales asuntos en los tribunales. Si el propósito, como se anuncia, de la red investigada era el alumbramiento de malas prácticas en los cuerpos de seguridad del Estado, el que quiera entender que entienda según la acreditada sintaxis de Aznar, se ha producido un adelanto en el entendimiento de la razón de ser de la Unidad Central Operativa (UCO, en siglas) de la Guardia Civil, como policía judicial. Al trasluz, como se hacía con las cartas al modo del tarot, el papel de la UCO en determinadas investigaciones de asuntos capitales para la credibilidad del gobierno actual resulta de un escrutinio muy gravoso para la imagen del cuerpo.

El gobierno vasco, a través de sus representantes, viene pidiendo flexibilidad y comprensión financiera al gobierno central en la liquidación de la deuda comprometida por Tubos Reunidos, grupo industrial nacido en Amurrio hace 130 años, y con sedes en la propia Amurrio, el vizcaíno Valle de Trápaga y Vitoria. Entre principal e intereses existe una deuda con la SEPI de 150 millones de euros, que traen causa del rescate en 2021 por la propia sociedad estatal. Por el momento, no hay realidades que sustenten imputaciones sobre personas físicas que hayan intervenido en la persuasión para aquel rescate por parte del Consejo de Ministros. De haberlas, con o sin participación de gentes pertenecientes al partido socialista o allegadas a tal, se podría hablar de una enmienda a la totalidad de cuanto hizo el gobierno de coalición en materia de ayudas industriales ante la pandemia y derivados.

La enseñanza obtenida por Moreno Bonilla desde los apoyos de Vox tras las elecciones de diciembre de 2018 ha ido ganando posiciones hasta el aborrecimiento como calidad política de su prestamista de ayuda entonces, en la campaña electoral de mayo de 2026. Se desprende, pues, una distancia insalvable que no permite pensar, a día de hoy, en acuerdos que hagan posible un entendimiento entre PP y Vox en Andalucía de cara a la investidura del candidato del PP. La versatilidad de María Guardiola respecto de sus afectos hacia Vox no parece guardar similitud con Moreno. Guardiola milita, aun con las mismas siglas de referencia, en otra clasificación de aspiraciones. La extremeña alcanza la gloria en coincidencia con las fechas electorales en su territorio para dejar paso a otros asuntos debatibles en otros foros fuera de Extremadura.

Se está ya en una situación en que se puede decir en voz alta que Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, constituye un problema para el Partido Popular porque subvierte la estrategia de su formación en su designio emanado y centralizado en la dirección nacional de la calle Génova, de Madrid. La oposición de Ayuso a la labor del gobierno de Pedro Sánchez se manifiesta obsesivamente en ejercicio de omisión de sus responsabilidades en el seno territorial de Madrid, donde cede y delega en áreas de gobierno autónomo, para dirigir sus denuestos hacia el gobierno de la nación, en dirección unívoca a su presidente. No se tiene seguridad del momento en que se programó el viaje de Ayuso a México, pero la realidad temporal lo ha situado muy cercano en el tiempo a la vista de la presidenta Sheinbaum a la cumbre de Barcelona convocada por el presidente Sánchez para objetivar el rechazo a la política internacional de Trump. Amén de las declaraciones del Rey de España en el sentido de acercamiento a la sensibilidad histórica de México desde la perspectiva de España, con aspiración de superación de diferencias y hostilidades.

El 17 de mayo, domingo, termina la secuencia de elecciones autonómicas con la cita de Andalucía, y se inicia el itinerario judicial, con muchas paradas e hitos en el camino. Caso “mascarillas”, con Ábalos, Koldo García; caso “Kitchen”, con Jorge Fernández Díez y María Dolores Cospedal; caso “David Sánchez”, hermano del presidente de gobierno; caso “Begoña Gómez”, esposa del presidente de gobierno, entre otras piezas de menos rango que afectan a gobierno y oposición. El primer caso tiene su origen en UCO, servicio Guardia Civil, seguido de Fiscalía; el asunto Kitchen, iniciado por Fiscalía Anticorrupción; los dos últimos que atañen de manera directa al decoro moral del presidente de Gobierno por tratarse de familiares en grado directo acusados de prevalencia por pertenencia al círculo íntimo del jefe del ejecutivo, nacen en el mismo manantial, el denominado sindicato Manos Limpias, que actúa como látigo denunciante contra todo aquello que luzca apego a la izquierda en cualquiera de sus versiones y fuerzas o movimientos nacionalistas que en su prontuario abarque algo que tenga que ver con desapego a la unidad de España.

Llegado el mes de abril del presente año se ha descubierto una alarma social en la geografía y en la administración de Extremadura. La insoportable presión inmigrante, tasada en un 4 por ciento “según las últimas estadísticas”, se ha demostrado argumento incuestionable para llevar la incidencia al pacto de investidura luego travestido como de gobierno que permite la presidencia de María Guardiola y el reparto de consejerías entre PP y Vox. El vicepresidente de Vox, Óscar Fernández Calle, será el titular de la consejería de Familia, Desregulación y Servicios Sociales, y muestra, al parecer, gran seguridad al hacer compatible su encargo con su formación de enfermero, trampolín profesional que lo elevó a la gestión de una firma de laboratorio farmacéutico.

La presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola, dejará el pre nombre para ser presidenta sin aditivos ni colorantes, en su desnudez de autoridad como primera autoridad de la Junta de Gobierno en la ciudad de Mérida. Entre las elecciones de Castilla y León, ya celebradas, y las elecciones de Andalucía, por celebrar, se ha producido el paréntesis genesíaco que ha permitido el acuerdo de mediados de semana entre el Partido Popular y Vox, parido con dolor por el paso del tiempo con intervención de las planas mayores de ambos partidos. 61 puntos y 74 medidas tienen la culpa para el subrayado del acuerdo más esperado del presente ejercicio político. El PP se encontraba en estado de urgencia para la firma del acuerdo, pero nada comparado con la situación de auxilio institucional de la que se hallaba necesitado Vox, en medio de la encrucijada por ganarse un entendimiento de su papel en el Estado. Su parón en tierras castellanas, su presencia en Andalucía cargada de anti futuro, y el apoyo sin fisuras a la extravagancia bélica de Donald Trump con todo lo que representa e ilumina, componían una puesta en escena de la insignificancia en la derrota y la incomprensión. Es decir, que este acuerdo tiene el marchamo de lo forzado, de lo impuesto, de lo involuntario, de lo no querido.

En plena semana de pasión y muerte, en una carta a la militancia de Vox firmada por su secretario general, Ignacio Garriga, de profesión odontólogo, se dirige a sus compañeros de bandería para alertar de las cualidades de los cargos del Partido Popular, en su demarcación del noroeste de España, como “clan gallego” y “contrabandistas gallegos”, con el punto de mira puesto en Miguel Tellado y Alberto Núñez Feijóo, a la sazón secretario general y presidente del partido conservador de la calle Génova, 13, domicilio social del PP, por su orden de responsabilidad. Todo ello escrito y firmado en coincidencia con un proceso negociador entre PP y Vox para investir en Extremadura a María Guardiola, en Aragón a Jorge Azcón, y a Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León.

La publicación de los resultados electorales de Castilla y León parece haber operado en el sentido de caída de sábana para descubrir el final de estación de Vox como partido político. Al viento a favor que sucedía tras el agotamiento de la opción de gobierno del partido en el ejecutivo de coalición y la debilidad de la oposición del Partido Popular, le sigue Vox como formación incapaz de acreditar hasta el momento una fuerza con suficiente empuje para constituirse en recambio indiscutible en el turno de ejercicio del poder. Entre una y otra insuficiencia y con la inestimable ayuda de la opinión mediática que adelanta una orientación, con o sin voluntad de hacerlo, Vox ofrecía hasta este preciso momento una imagen de crecimiento con pocas o escasas posibilidades de freno y contención en su impulso ascendente. La cita de Castilla y León ha parado las ansias del 20 por ciento, el porcentaje presentado como hito a partir del cual la conquista del sorpasso al Partido Popular habría de ser una actividad de un solo acto para coser y cantar.

Los test electorales que vienen siendo habituales desde diciembre del pasado año, con Extremadura por inicio, luego Aragón, hace poco Castilla y León, con parada en junio, en fecha por determinar, en Andalucía, representan un vía crucis no precisamente cuaresmal para PSOE, sino también para PP, este último en trance de necesidad de mirar las distancias entre su paso político y el del partido reaccionario en su pleito particular por la disquisición y disputa del entorchado del voto conservador, orientada esta pugna hacia la reconquista del poder ejecutivo, ahora en manos ilegítimas, que son conocedores ambos pretendientes, PP y Vox, del término que embriaga en su concepto y génesis y que están dispuestos a la práctica del olvido cuando se habla de coaliciones entre las formaciones de Génova y Bambú que han arrebatado derechos electorales para sentir el peso de la púrpura sin haber obtenido el triunfo en las urnas.