El Gobierno de España ha tomado la decisión de condonar parte de la deuda de las comunidades autónomas, y el Consejo de Política Fiscal y Financiera, encargado de la coordinación entre la hacienda nacional y las autonómicas, lo ha ratificado.
La lógica de los abusones es simple. ¿Por qué lo hago? Porque quiero y porque puedo. Punto.
Las palabras importan, porque establecen el marco del debate público. No es igual hablar del “pago” a Hacienda que de la “contribución” a la caja común, aunque puedan parecer términos sinónimos.
Fuera caretas. La alianza pública de la ultraderecha y la tecnocasta se ha convertido en la mayor amenaza global para los derechos humanos y las libertades democráticas.
Óscar López será Presidente de la Comunidad de Madrid porque esta es una región de gente progresista. Pese a los clichés que pretende establecer la derecha, la mayoría de los hombres y mujeres de Madrid no son odiadores ni terraplanistas ni agoreros apocalípticos, como Ayuso y compañía, sino gente abierta, solidaria, trabajadora, optimista, moderna y alegre, como Óscar y el proyecto socialista para esta Comunidad.
Hace mucho tiempo que el PP renunció a convencer a la ciudadanía española de que cuenta con una alternativa de interés general para gobernar España. Sus dirigentes son conscientes de que la situación económica, laboral y territorial del país es buena. Los españoles recuerdan que las políticas liberales de la austeridad y los recortes fracasaron en la gestión de la crisis de 2008. Y el líder del partido no convence, no motiva, no genera confianza, no suma a las siglas, en definitiva, como muestran las encuestas.
El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso ha registrado una proposición de ley “de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas” que, a juicio de la reacción airada de sectores ultras en la política, las redes y la judicatura, tiene un fundamento muy acertado.
La dirigencia del PP ha salido en tromba a criticar la celebración de actos que conmemoran el fin de la dictadura franquista y la posterior recuperación de las libertades democráticas en España.
El año parlamentario se cierra con 25 leyes en el Boletín Oficial del Estado, impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez. Más de dos leyes por mes, incluyendo julio y agosto.
El liderazgo menguante de Feijóo se está convirtiendo en un problema para la sociedad española. Consciente de su incapacidad para generar apoyos propios, la dirección del PP ha decidido dedicar todos sus esfuerzos de oposición a la destrucción del adversario político, especialmente del Presidente del Gobierno de España.
Todo un exministro del Interior del Gobierno de España acaba de afirmar desde la tribuna del Senado que entre los científicos avanza “la verdad de la creación frente al relato de la evolución”.
Varios de los muchos invitados internacionales que han participado del 41 Congreso del PSOE han trasladado en estos días a los delegados españoles tanto su felicitación como su asombro. Felicitación por un Congreso exitoso, bien organizado, optimista, rico en ideas y propuestas, con claras expresiones de unidad y compromiso, con confianza en el futuro. Y asombro por las reacciones de la oposición y el seguimiento en buena parte de los medios de comunicación.
La política no sirve. Han de mandar los que saben mandar. ¿Y quiénes son los que saben mandar mejor? Los generales, claro.
Con motivo de la desgracia que ha acompañado a la última DANA, el populismo ultra ha divulgado la versión tramposa de una frase aparentemente positiva, por invitar a la acción solidaria y a la esperanza colectiva: solo el pueblo salva al pueblo, dicen.
El triunfo de la candidatura de Donald Trump en las elecciones de los Estados Unidos celebradas el pasado 5 de noviembre tiene consecuencias que van más allá de la política doméstica en Norteamérica y que superan, incluso, las repercusiones más previsibles en términos económicos y geoestratégicos.
La sociedad española se ha movilizado en solidaridad con los miles de afectados por la DANA que ha asolado buena parte del levante español. Como sucede ante cada tragedia colectiva, la ciudadanía española, sus instituciones, sus profesionales, sus voluntarios, han reaccionado con empatía, generosidad y eficacia.
Las cosas que importan en el país van razonablemente bien. Los problemas seculares más graves están resueltos o reducidos a la mínima expresión. Las aspiraciones de la sociedad española para situarse entre las más prósperas y justas están justificadas. Compartimos los desafíos del presente y del futuro entre las naciones más avanzadas…
La estrategia de la derecha política y mediática consiste en deteriorar el escenario político hasta lograr que una parte importante de la ciudadanía se aleje con hastío y con asqueo, en la confianza de que su electorado siempre será más inmune a la toxicidad y más disciplinado ante la urna.
Cada vez que arrecia una necesidad social, surgen dos tipos de obstáculos para su atención debida. Primero, los que hacen negocio de la necesidad, en beneficio propio. Segundo, los que convierten la necesidad en instrumento político, para el beneficio propio también.
Ha sido una constante en los gobiernos derechistas a lo largo de la historia. Cuando llegan al poder, imponen recortes en derechos sociales a las clases medias y trabajadoras, al tiempo que aplican medidas represivas para limitar sus protestas.
La derecha política y mediática deriva sistemáticamente el debate sobre presupuestos y financiación pública al agravio y la confrontación territorial.
El Partido Popular se ha convertido en el principal problema de España.
El penúltimo bulo de Trump en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos ha causado estupefacción e hilaridad en buena parte del mundo. En esta ocasión, el candidato republicano ha denunciado falsamente que los inmigrantes favorecidos por su adversaria demócrata se dedican a comerse los perros y los gatos de las familias norteamericanas.
El debate sobre fiscalidad, es decir, sobre cúanto y a quién recaudar, sobre cuánto y a quién repartir, es un debate clave en la persecución del interés general. La financiación de las Comunidades Autónomas, que prestan la mayor parte de los servicios básicos, forma parte fundamental de aquel debate.
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