El populismo de la vivienda

Justo una semana antes del desahucio, el 15 de septiembre, la propuesta de Sumar para prohibir la adquisición de viviendas por parte de empresas, fondos de inversión y otras personas jurídicas fue rechazada por el Congreso de los Diputados. En dicha votación, los socialistas se abstuvieron, por lo que no tardaron en llenarse las redes sociales de comentarios tachando al PSOE de “falsos progresistas”, de “aliados de los fondos buitres”, e incluso señalaban a varios ministros socialistas del Ejecutivo como “especuladores” y “grandes tenedores”.

Más allá de esto, no tardó en difundirse la afirmación de que el PSOE había tumbado la propuesta por encontrarse mal redactada. A partir de esto, varios miembros y personas afines a los partidos que integran la coalición Sumar aprovecharon para lanzar el mensaje de que el Partido Socialista supondría un enemigo para las clases obreras y que sus argumentos que lo llevarían a rechazar el texto presentado eran falsos y ridículos. Los motivos esgrimidos por el partido de Pedro Sánchez para justificar la abstención fueron, contrario a lo que las redes advertían, la defensa de otras medidas dentro del marco legal existente.

El aprovechamiento por parte de organizaciones situadas a la izquierda del PSOE de casos mediáticos, como la situación de Maricarmen, evidencia, a mi juicio, un oportunismo tremendo. En las últimas semanas han tenido lugar otros casos de desahucios que han recibido bastante menos atención mediática, como el caso de David, desahuciado en el distrito de Vallecas (Madrid) el mismo día que Maricarmen, o el de Olga, que terminó quitándose la vida tras un desahucio en l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), entre otros motivos. Además, en nuestro país tienen lugar 44 desahucios diarios, que tampoco trascienden a los medios de comunicación. ¿Por qué Mari Carmen, una señora mayor, de Madrid y fácilmente asociable a la imagen de una “abuela de clase obrera”, se convierte en un símbolo de la lucha por la vivienda? ¿Y por qué pide Sumar la expropiación, en concreto, de la casa en la que vivía Mari Carmen y no sale en defensa de todas las personas que hemos sufrido abusos por parte de nuestros caseros?

Y podríamos seguir señalando alguna de las contradicciones presentes en los socios del Gobierno. Entre ellas destaco dos más: En primer lugar, que, hasta la iniciativa presentada a principios de este mes, Sumar no había presentado ninguna iniciativa en materia de vivienda ante el Congreso de los Diputados desde abril de este año. La vivienda, por tanto, no surge ahora como un punto de negociación o de diálogo entre los socios, sino como un instrumento de confrontación con el Gobierno. En segundo lugar, la Policía Nacional y la justicia habían sido señaladas por distintos sectores de la izquierda desde hace unos meses como instrumentos de la derecha, basándose en casos como el de la profesora (presuntamente) agredida durante una manifestación en Valencia, la pasividad de la Policía Nacional en manifestaciones de Núcleo Nacional, mientras se cargaba contra antifascistas, o los presuntos casos de lawfare contra miembros de partidos y organizaciones de izquierda. Sin embargo, en apenas un par de días, la Policía Nacional se ha convertido, según ellos, en subordinada de Marlaska y el PSOE en ejecutor del desahucio.

La situación, por tanto, no puede ser tomada como una serie de actuaciones aisladas, pues los hechos nos conducen a entenderla como una forma de construir políticamente el problema de la vivienda bajo una lógica concreta: el uso propagandístico de casos mediáticos y altamente emocionales, de identificación de enemigos concretos y soluciones aparentemente evidentes y de confrontación política. De cierta manera, la situación podría recordarnos a lo sucedido aquel 15 de mayo de 2011, al modo en que el malestar social de aquel entonces se convirtió en una fuerte movilización política. Lo único que falta por esclarecer es si las fuerzas existentes de la izquierda alternativa (las cuales muchas encuentran su origen en aquel primer 15M) serán capaces de capitalizar el descontento ciudadano o si, por el contrario, y repitiéndose la historia nuevamente, surgirán nuevos actores políticos que logren canalizar esta protesta.

Sea como fuere, todo lo expuesto en este texto no niega la existencia de una crisis en torno a la vivienda, ni exime de culpa al gobierno de España. Y es, precisamente debido a la gravedad de esta crisis, que cabe preguntarse si su utilización como arma política contribuye realmente a alcanzar soluciones. La cuestión que la actual situación política de nuestro país nos obliga a plantearnos es: ¿merece la pena la confrontación política dentro de la izquierda ante la creciente amenaza de la ultraderecha de cara a las próximas elecciones generales?