Si la justicia es inverósimil, no es justicia

Pretender proteger ciertas personas e instituciones del escrutinio público, es una invitación a que finalmente las tentaciones se impongan por sobre las obligaciones que le son propias. Los privilegios o los fueros son la esencia de la decadencia de la calidad de la democracia. Porque en los Estados democráticos los poderes se contrapesan entre sí como un modo de evitar la corrosión que conlleva la sensación de impunidad o de inequidad. El Statu Quo procura que se entrelacen favoritismos cruzados que, en la práctica, terminan arribando a la cooptación. Ello supone, de facto, las inevitables colusiones que nos han traído hasta aquí. Se confunden así, las lealtades constitucionales con las correspondientes a instituciones comprendidas por esta. La monarquía, por ejemplo. Así se termina atribuyendo, por el statu quo, legitimidad a los actos ilegítimos que se pudieran cometer a su amparo. La justicia, al decir de un ministro del Opus, se podía “afinar”.

Se jura la bandera. Se debe obediencia a la Corona. A figuras religiosas. A España, sin precisar que supone esto. La obediencia a grupos filosóficos. A ocultar las atrocidades del pasado. Las lealtades se confunden. Los secretos oficiales se prolongan más allá de los límites previstos. Hay una sensación de ocultamiento. Inadmisible, porque todas esas instituciones no pueden estar por encima de la propia Constitución.

Así, dados los acuerdos oscuros de la Transición, tenemos lealtades que se imponen, aunque colisionen con el marco jurídico constitucional. Todo esto produce tanta confusión como puede hacerlo la celebración del nacimiento de Jesús en el Solsticio de Invierno o el curioso desarrollo del Caso Infanta junto al del Caso Gurtell. A los informes de la UCO, sin haber cerrado el de la policía patriótica, en plena lenta instrucción del caso Montoro. Se apela con solemnidad al “Sentido de Estado”. Todo, mientras se postergan procesos y se incurre en prescripciones, con los consecuentes archivos oportunos. De la instrumentalización para perseguir sin fundamento a los rivales políticos, nada o casi nada. Recuérdese que el mismo magistrado que no identificó a M. Rajoy fue el curioso instructor del caso Fiscal General del Estado. Si la Justicia no es verosímil no es Justicia.

Lo que debería hacer de nuestro sistema político, económico y social, algo sólido y equitativo, es la existencia de Poderes Democráticos que lo hagan posible. Que sea este equilibrio cruzado quien impida la comisión de transgresiones de otros poderes. Así también la de otros poderes de impedir los abusos de jueces y fiscales. Como el nombramiento de jueces afines, por su pertenencia a asociaciones de definida línea ideológica. Si entre quienes se proponen los miembros solo son los “afines” se crearán clanes que se preservarán a sí mismos, más que a la Justicia. La histórica tendencia del Consejo General del Poder Judicial con su mandato caducado es el caso.

Esto trae aparejado la necesidad de una regulación de los fueros y del sistema de elección de los magistrados. En muchas ocasiones, tras ellos, se parapetan los oportunistas incompetentes. Los ciudadanos deben ser conscientes de lo que se juega hoy en materia de calidad democrática en España. La Justicia debe recuperar la verosimilitud o no será la Justicia que permita y defienda el Estado de Derecho. De ello depende nuestro futuro como Estado y el de las personas que lo habitan.