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SEGUNDA REPÚBLICA. 1º MAYO: Madrid, 1-5-1931.- Pedro Rico, Francisco Largo Caballero, Miguel de Unamuno, Indalecio Prieto y Mellie Staal, (de izda a dcha), durante la manifestación del Primero de Mayo. EFE/jgb / E/Coloreada @latinapaterson

1926. Los anarquistas Francisco Ascaso (1901-1936), Buenaventura Durruti (1896-1936) y Gregorio Jover (1891-1964) integrantes de "Los Solidarios". E/Coloreada https://twitter.com/latinapaterson/status/1313515912671252481/photo/1

19/12/1933. Los diputados socialistas Francisco Largo Caballero y Margarita Nelken posando sentados en sus escaños del Congreso. Foto Luis Ramón Marín / Fundación Pablo Iglesias. E/Coloreada. https://twitter.com/latinapaterson/status/1311207535429513217

Pablo Iglesias Posse, político y fundador del PSOE en el despacho de su casa (foto sin fecha) / EFE / E. Coloreada @latinapaterson

1932, visita de Niceto Alcalá Zamora, Presidente de la República Española, a la Fábrica de Tabacos de San Sebastián. Foto posando junto a las empleadas de Tabacalera, del fotógrafo Martín Ricardo / Kutxateca. E/Coloreada. https://pbs.twimg.com/media/Ef5yI4eXYAE8MRH?format=jpg&name=4096x4096

06/01/1937, mujeres de un taller de costura de la C.N.T. en Gijón. Foto Constantino Suárez. Archico Muséu del Pueblu d’Asturies. Coloreada. https://twitter.com/latinapaterson/status/1205762029782523904/photo/1

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Un juez desestima la demanda de Iberdrola contra Florentino Pérez (ACS) por vulneración del honor


(Tiempo de lectura: 2 - 3 minutos)

Un juez de Bilbao ha desestimado la demanda interpuesta por Iberdrola contra el presidente de ACS, Florentino Pérez, por el daño moral y reputacional ocasionado por las manifestaciones del empresario en la causa que investiga la relación de la eléctrica con sociedades del excomisario Villarejo.

En una sentencia fechada el pasado 29 de marzo a la que ha tenido acceso EFE, el juzgado de primera instancia nº 9 de Bilbao destaca que las manifestaciones de ACS no eran injuriosas ya que “no transmitía informaciones, sino valoraciones sobre hechos indiscutidos” que afectaban a Iberdrola, cuya “incuestionable proyección pública” justifica “el legítimo derecho fundamental a la libertad de expresión”.

El juez recuerda que se trata de la investigación de una “macrocausa” sobre los “presuntos trabajos ilícitos desarrollados en relación con Iberdrola por el comisario jubilado Villarejo”, y destaca que “era conocido que buena parte de esos trabajos se referían a ACS y a Florentino Pérez”.

Iberdrola presentó la demanda después de que ACS publicara, en marzo de 2021, un comunicado “manifiestamente injurioso y difamatorio”, señalaba la eléctrica, en el que le imputaba responsabilidades penales en el caso Villarejo -en el que Iberdrola ni siquiera tiene la condición de investigada-, acusándole de amparar la actuación de un ex directivo al haberle pagado una cuantiosa indemnización por despido.

En el comunicado, se “tildaba hasta en dos ocasiones de repugnante el comportamiento de la compañía”, añadía la demanda.

En 2019, relata la sentencia, se conoció el contenido de unas conversaciones entre Villarejo y el entonces jefe de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, en las que, en referencia a Florentino Pérez “y con la presunta intención de causarle el mayor daño reputacional posible”, ambos valoraron la posibilidad de organizarle un montaje con “un niño al lado”.

El comunicado de ACS abordaba este asunto, prosigue el juez, “estando ACS en su pleno derecho de aclarar públicamente la cuestión suscitada y de calificar los anteriores hechos de ‘repugnantes'”.

El adjetivo “repugnante” no se refería a Iberdrola ni a su exresponsable de Seguridad, sino al contenido de los audios, y tampoco se atribuía una responsabilidad de carácter penal a la empresa, sino que simplemente se mencionó su responsabilidad, prosigue la sentencia.

La presentación en sede judicial de las copias de las conversaciones entre Villarejo y Asenjo y de un “mero comunicado” de ACS “está plenamente amparada por el derecho constitucional de Florentino Pérez a su defensa y a utilizar los medios de prueba pertinentes para ello”, añade.

En paralelo a la demanda rechazada por el juzgado bilbaino, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón investiga si Iberdrola contrató al excomisario por un millón de euros entre 2004 y 2012 para, entre otras cosas, infiltrarse en plataformas contrarias a sus intereses o investigar a un accionista crítico con su gestión, y entre los presuntos espiados figura ACS.