En alguna ocasión nos hemos referido a los problemas de salud derivados de la Guerra de Marruecos y su repercusión en España, especialmente en 1913, y que el lector interesado puede consultar en la hemeroteca de El Obrero. En este nuevo momento regresamos a esta cuestión en septiembre de 1921, unas semanas después, precisamente del Desastre de Annual, ahora, cuando escribimos, hace cien años.

En un trabajo anterior, publicado en octubre de 2020, en El Obrero estudiamos la compleja historia del Partido Socialista Italiano, donde se vivieron intensos enfrentamientos. Pues bien, El Socialista publicó en septiembre de 1921 una columna donde se explicaban las posiciones de los socialistas de aquel país, que rescatamos en esta pieza para profundizar en esta cuestión.

Hace un tiempo repasamos en El Obrero la historia del derecho de asociación en la España del siglo XIX. Ahora nos acercamos al siglo XX.

En la sociedad industrial del siglo XIX, los obreros terminarían por desarrollar una conciencia de clase propia y surgirían nuevas formas de conflictividad social, desde la destrucción de máquinas a la creación de asociaciones de trabajadores, participando también en las luchas políticas. Este nuevo fenómeno social y político es denominado en la Historia como movimiento obrero.

La cuestión del trabajo infantil en España comenzó a abordarse claramente en el Sexenio Democrático. A partir de la Revolución de 1868 se empezó a plantear la necesidad de abordar la cuestión social, superando la supuesta neutralidad liberal del Estado. Intentaremos explicar en este artículo lo que hizo en materia legal en en esta intensa etapa de la Historia

Cuando estudiamos la Liga de los Proscritos aludíamos a Theodor Schuster como uno de sus líderes y más activos miembros. En este nuevo trabajo queremos profundizar en su vida y obra, por su protagonismo en las primeras etapas de la Historia del socialismo, especialmente por la importancia que dio a la ideología en relación con la revolución y el cambio.

Además de las acciones del ludismo y la lucha por las mejoras salariales, los obreros españoles comenzaron también a movilizarse por el reconocimiento del derecho de asociación en los años treinta del siglo XIX. Al calor de los cambios de signo aparentemente progresista que traía la promulgación de la Constitución de 1837, los obreros de Barcelona solicitaron al gobernador permiso para poder asociarse, junto con la petición de que interviniese para conseguir un aumento salarial. La Comisión de Fábricas se opuso a ambas pretensiones. Los patronos catalanes respondieron con el argumento típico del liberalismo económico sobre las relaciones individuales entre el empresario y el trabajador. El primero era libre de poder despedir al obrero, como éste de dejar su trabajo. El asociacionismo, la creación de una organización obrera, de un sindicato, lógicamente distorsionaba esta relación. Pero los trabajadores de Barcelona siguieron insistiendo en su solicitud. Al año siguiente se dirigieron al capitán general, aunque con el mismo resultado negativo.

La Segunda República llegó de forma pacífica. Se trató de una excepción en la historia contemporánea española, ya que los cambios bruscos de situación política se habían producido con una mayor o menor carga de violencia. Así se puede comprobar en el bienio 1835-1837 cuando se consiguió que la Corona se inclinase definitivamente hacia la construcción de un Estado liberal para superar el régimen del Estatuto Real, en 1854 con la Vicalvarada que terminó con el monopolio moderado en el poder y abrió el Bienio Progresista, o con la Revolución de 1868 que derribó el régimen isabelino y trajo la intensa etapa del Sexenio Democrático. Las razones que pueden explicar esta paz social y que aquellos días de abril fueran los de una fiesta popular en el auge de la primavera deben encontrarse, especialmente, en la confluencia de diversos sectores políticos y sociales a favor del cambio, superando momentáneamente sus diferencias (republicanos de distintas tendencias, socialistas y nacionalistas) o dejando hacer (anarcosindicalistas), junto con la presión popular en la calle que sorprendió a partidos y sindicatos. Por otro lado, tiene que tenerse en cuenta el desbordamiento que supuso para las fuerzas dinásticas y conservadoras la rapidez de los acontecimientos, y que impidió actuar, sin olvidar que era impensable seguir defendiendo con energía la causa monárquica, completamente desprestigiada al vincularse con una dictadura que había liquidado el régimen constitucional liberal.

Manuel Núñez de Arenas, uno de los intelectuales más intensos que ha tenido el PSOE en su historia, aunque terminara en el PCE, fue el fundador de la Escuela Nueva, planteando un modelo de formación para los trabajadores muy estimulante, y al que hemos dedicado atención en distintos artículos en El Obrero. Pues bien, también participó en 1913 en esta especie de debate que se suscitó en las páginas de El Socialista sobre los libros y los trabajadores, y que inició Rafael Urbano.

La Casa del Pueblo de Madrid decidió en el verano de 1913 que su biblioteca fuera circulante, es decir que todos sus socios pudieran llevarse libros a sus casas, fábricas o talleres, para que no solamente disfrutasen ellos de la lectura, sino también sus allegados.

Estimulado por los artículos de Rafael Urbano sobre los libros que debían ser leídos por los socialistas, el tipógrafo, escritor y periodista Juan Almela Meliá decidió aportar su contribución al asunto. Recordemos que Meliá fue un fundamental periodista vinculado a la prensa socialista, seguramente uno de los mayores publicistas que ha tenido, en nuestra opinión, el Partido Socialista en toda su historia.