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No basta una ley de registro horario, los empresarios deben cumplirla


  • Escrito por Gonzalo Pino
  • Publicado en SINDICATOS

 

La Ley de registro horario, que lleva ya en vigor dos años, fue uno de los resultados de la negociación colectiva y del diálogo social llevados a cabo por UGT. El sindicato valoró el registro diario de la jornada como “un instrumento imprescindible para luchar contra el fraude laboral, que supone graves perjuicios para la salud de los trabajadores, para su economía, para la Seguridad Social y para el conjunto de la sociedad”. Pese a ello, la organización siempre expuso que la norma no era suficiente, dado que dejaba en manos de la negociación colectiva y de la voluntad del empresariado su cumplimiento.

UGT urge a que se renueve el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que finalizó en 2020, y denuncia que las empresas han tenido tiempo de sobra para cumplir con la norma, pero que no han tenido la voluntad de hacerlo. Esta situación se ha visto agravada por la pandemia, lo que se plasma en un informe sobre las horas extra realizado por el Servicio de Estudios Confederal de la organización.

En este, el sindicato manifestaba que el año pasado se realizaron 320 millones de horas extra, un 6,3% más que en 2019. De estas, no se pagaron casi la mitad, lo que implica que las horas extras no pagadas se habían incrementado en un 12,3%. El 42,1% de estas, además, las realizaron las mujeres, que han formado parte mayoritaria de actividades esenciales como la educación, la sanidad, los servicios sociales o los cuidados. UGT pone de manifiesto, en este sentido, que las mujeres acaparan tres cuartas partes del empleo a tiempo parcial y que, si queremos salir de esta crisis, debe ser con perspectiva de género. El registro horario es una herramienta vital también en este ámbito.

Así mismo, el fraude laboral de las horas extra, insiste UGT, supone que se hayan dejado de percibir 2.500 millones de euros, lo que implica 750 millones de euros menos recaudados por la Seguridad Social. Esto, por sí solo, bastaría para demostrar que la desproporcionada flexibilidad del tiempo de trabajo implica una estrategia empresarial ineficiente e inservible para salir de esta crisis.

Por tanto, el Gobierno debe impedir que la precariedad laboral y los bajos salarios, lacras estructurales de nuestro país, sigan pasando por encima de los derechos de las personas trabajadoras. UGT reclama, por ello, que el registro se perfeccione en el marco de la negociación colectiva, lo que permitirá un mejor control del volumen de horas extra, la mejora del modelo de relaciones laborales de nuestro país y una redistribución más justa de los puestos de trabajo.