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EL PERIÓDICO
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El Gobierno debe garantizar los suministros esenciales, especialmente en situaciones de climatología extrema


  • Escrito por UGT
  • Publicado en SINDICATOS

Es en el invierno cuando se produce el mayor consumo energético, que unido a la situación excepcional derivada de la crisis provocada por la Covid-19, hacen que suministros como la electricidad, el gas y el agua alcancen un mayor carácter esencial. Además, el incremento de la demanda, unido a otros factores, producen una subida de los precios. Así, en los siete primeros días del año 2021 la factura eléctrica del usuario medio se ha incrementado más del 19% y la del gas un 22%.

Son muchas las familias que tienen dificultades para realizar dichos pagos, como consecuencia de un nivel de ingresos insuficientes, que no pueden mantener su vivienda a una temperatura adecuada, que a veces se ven obligadas a prescindir de estas energías sufriendo consecuencias en la salud, o que tienen que elegir entre comer o poner la calefacción, siendo la pobreza energética una causa de muerte más significativa que los accidentes de tráfico, en España.

Garantizar suministros esenciales a los colectivos en riesgo de exclusión social, con carácter indefinido

El Real Decreto Ley 37/2020, que entró en vigor el 22 de diciembre, supone un respiro para situaciones límites en las que se encontraban muchas familias desde que el 30 de septiembre había finalizado la prohibición de interrupción de suministros, fecha desde la cual UGT venía advirtiendo de las dificultades económicas que tendrían los consumidores para pagar las facturas. Dicho RDL prohíbe el corte de los suministros (electricidad, gas y agua), mientras está vigente el estado de alarma (previsiblemente mayo 2021), e interrumpe los plazos de requerimiento de pago.

Para UGT, la medida introducida por la disposición adicional cuarta es positiva, pero no debería tener un carácter temporal y estar supeditada a la duración del estado de alarma, sino que como ya ha reivindicado el sindicato, en otras ocasiones, debería tener carácter indefinido. Se debe prohibir los cortes de suministros de electricidad, agua y gas en el ámbito doméstico, hasta que se recoja legalmente el principio de precaución en materia de pobreza energética, que imponga a las compañías la imposibilidad de cortar cualquier suministro básico hasta que consulte la situación económica del hogar afectado con los servicios sociales competentes, y tenga la certeza de que no se trata de un hogar vulnerable.

La nueva norma introduce otros cambios positivos. Amplía el colectivo de beneficiarios, a todos los consumidores vulnerables y en riesgo de exclusión social, e incluso a aquellos que no pudieran acreditar dicha circunstancia, permitiendo que puedan realizarlo a través de los servicios sociales o los mediadores sociales (Entidades del Tercer Sector de acción social colaboradoras con la Administración General del Estado)

Reforzar los servicios sociales públicos para atender y ayudar a los más vulnerables

Para UGT es necesario el refuerzo de los servicios sociales públicos, dotándolos con más recursos humanos y económicos, y convertirlos así en el mediador oportuno para estas personas vulnerables, debido a la proximidad y conocimiento de la situación general y real en la que se encuentran, pudiéndoles prestar un servicio integral, informándoles y ayudándoles a tramitar otras ayudas.

El RDL también simplifica el proceso de gestión, ya que, para el agua y el gas, bastará presentar la última factura de electricidad que refleje la percepción del bono social de electricidad.

Para UGT es necesario garantizar los suministros esenciales a todos los consumidores, pero teniendo en cuenta especialmente a aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad y exclusión social; pero además hay que desarrollar otras medidas que ya están previstas en la Estrategia Nacional para frenar la pobreza energética que castiga en mayor medida a hogares monoparentales (especialmente los dirigidos por mujeres), con personas mayores, con personas dependientes, o con enfermedades crónicas, con menores a cargo, o sustentados por inmigrantes, y tratar la vulnerabilidad social con carácter transversal.