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Pacto Verde Europeo: las dificultades de las que parte España para poder cumplir


  • Escrito por Sergio García Magariño y Unai Belintxon Martin
  • Publicado en Global
Shutterstock / Coffeemill Shutterstock / Coffeemill

La UE exige garantizar el suministro energético a toda la población y, al mismo tiempo, reducir la dependencia energética de terceros Estados, por ejemplo, Rusia. Además, la protección de los consumidores, la creación de un mercado interior de energía consolidado y, lo más importante, la reducción a cero de la contaminación ambiental provocada por los gases de efecto invernadero. El Pacto Verde Europeo no hace distinciones. España tiene que cumplir. ¿De dónde partimos?

Para empezar, partimos de un galimatías legal: 140 normas diferentes que afectan a las energías. Una maraña normativa que en España ha generado, entre otras cosas, una tremenda inseguridad jurídica en el sector energético.

La confianza de los inversores está dañada, con recortes exponenciales y retroactivos, y la imposición de nuevos impuestos a las renovables que retrasaron el liderazgo en un sector que más que futuro ya debiera ser presente.

Que España no emita gases contaminantes de aquí a 2050 es un reto que exige resolver ese embrollo jurídico nacional. Además, requiere la intervención política en la toma de decisiones, del mismo modo que ha ocurrido frente a la COVID-19, y generar modelos de desarrollo que apenas existen a día de hoy, modelos colaborativos, con participación ciudadana, pública, privada y que propongan soluciones al mismo tiempo locales y globales. Nosotros les llamamos modelos glocales, que ya están en marcha.

Cómo empezó todo esto

Vivimos en el mundo más próspero de la historia de la humanidad y, al mismo tiempo, en el período en el que el riesgo de destrucción total es más inminente. Las victorias que hemos cosechado, citando a Ulrich Beck, son la misma causa de esos riesgos que hemos producido.

Los avances médicos que han alargado la esperanza de vida y los éxitos de las políticas de control de natalidad han invertido la pirámide poblacional hasta el extremo, y la población envejecida amenaza la viabilidad de los sistemas de seguridad social.

Las políticas económicas basadas en la industrialización y el consumo han sacado de la pobreza a cientos de millones de personas del mundo, pero al mismo tiempo han generado el deterioro medioambiental y agudizado las desigualdades.

La modernidad ha traído la especialización del conocimiento y de la organización del trabajo. Sin embargo, los desafíos a los que nos enfrentamos exigen exactamente lo contrario. Afrontar el cambio climático, el impacto de la robotización del trabajo, gestionar la globalización y la búsqueda de modelos económicos más sostenibles y resilientes requiere enfoques no especializados, por lo que no tenemos capacidad de respuesta efectiva ante ellos.

De esta coyuntura emana el Pacto Verde Europeo. Europa ha de afrontar problemas estratégicos sin parangón que requieren enfoques sistémicos, complejos, integrales, holísticos, y, al mismo tiempo, sus sociedades carecen de sistemas cognitivos y políticos preparados para enfrentarlos.

Las medidas para el cambio

Desde finales de 2019, la Comisión Europea, una de las instituciones que conforman la arquitectura política de la Unión Europea, acordó una serie de medidas ambiciosas para transformar la economía de la eurozona.

Hablar de transformación es hablar de grandes procesos de cambio. La oruga se “transforma” en mariposa y abandona su condición original, dejando poco rastro de la forma que tenía. El Pacto Verde Europeo aspira a transformar la economía de la Unión Europea para mantener el bienestar y el crecimiento económico, pero frenando las emisiones contaminantes de efecto invernadero.

La Comisión Europea plantea la necesidad y posibilidad de que el territorio que engloba su jurisdicción sea neutro en términos de emisiones de carbono: ¡cero emisiones! Para ello, los sectores de la energía, del transporte y de la industria, los más contaminantes, resultan cruciales.

En un reciente artículo publicado en la revista Energies, los autores examinamos los ámbitos que se deberían abordar, desde una óptica del aprendizaje y la acción colectiva, para lograr dicho objetivo: el jurídico, el político y el de la experimentación social de base.

Acción jurídica: resolver el pandemonio legal

En cuanto al marco jurídico, la Unión Europea y sus países miembros enfrentan el desafío de unificar y simplificar las normas.

La Unión Europea, con su Ley Europea del Clima, está dando pasos en esa línea. España, a su vez, encara dos desafíos: de un lado, establecer una legislación clara y sencilla; de otro, afianzar la seguridad y la estabilidad jurídica y dejar de hacer cambios constantes que dificultan el trabajo de empresas, cooperativas y comunidades energéticas. Los agentes implicados tienen que hacer inversiones y necesitan la certeza de que las reglas de juego no cambiarán durante la partida.

Por ejemplo, en relación a la energía, coexisten más de 140 normas atomizadas relacionadas con bloques temáticos que afectan al sector. Entender ese ecosistema para navegar por él es tremendamente complicado.

En este pandemonio legal, desde que se liberó el mercado de la luz en 1997, cada cambio de gobierno (Aznar, PP; Zapatero, PSOE; Rajoy, PP; Sánchez, PSOE) ha generado un intento de resolver el problema energético modificando drásticamente el rumbo: reducción de impuestos para empresas energéticas, estímulo de renovables, eliminación de estímulo de renovables, exenciones fiscales, eliminación de exenciones fiscales…

Aquí un indicador del resultado: la factura de la luz, si comparamos noviembre de 2020 y noviembre de 2021, se ha quintuplicado.

Acción política: intervención y financiación

A pesar del reto legal que lo anterior supone, viene bien recordar que la ley se escribe en papel y que el papel, como se suele decir, lo aguanta todo.

Una vez que las normas estén claras, se necesita acción política, tanto de la Unión Europea como de los países miembros, incluyendo España, para que pueda haber un cambio de modelo.

La acción política no logra transformar las pautas económicas y de consumo por sí sola. En España, la implicación de las instituciones públicas en los diferentes sectores económicos se ha reducido, salvo en áreas relacionadas con la seguridad nacional, tales como la defensa, la salud, la educación o la construcción de infraestructuras. Sin embargo, la acción política resulta crucial. Por ello, tanto la Unión Europea como España están impulsando planes estratégicos dirigidos a financiar sectores relacionados con la transformación verde de la economía.

El Pacto Verde Europeo, por ejemplo, incluye una batería de medidas de actuación política contra la contaminación enfocadas en revertir el cambio climático.

Por ejemplo, se ha formado una comisión de expertos independientes que asesoran a los Estados, se ha desarrollado una estrategia de desarrollo sostenible, se han establecido mecanismos para reducir los gases de efecto invernadero y se han impulsado líneas de acción para incrementar la eficiencia energética y promover la economía verde, circular y de proximidad.

Un dato ilustrativo: un tercio de los 1.8 billones de euros para la recuperación económica tras la COVID-19 se relaciona con el Pacto Verde.

En la misma línea, España ha hecho alarde de un plan de “recuperación, transformación y resiliencia” para resurgir tras la pandemia.

Experimentación social: el nuevo modelo glocal

Sin embargo, no se logrará ningún cambio consistente si no hay modelos alternativos de organización económica y de sostenibilidad energética locales, pero abiertos a Europa y al mundo.

El desarrollo tiene que ver con el avance hacia un modelo de organización social próspero, pacífico, sostenible y justo. Este modelo debe sustentarse localmente, pero tiene una dimensión global. En otras palabras, tiene que ser glocal.

Así, los el desarrollo local incluye la educación, la actividad económica, la salud, la agricultura, el comercio, la tecnología e incluso la organización política; esto desafía la fragmentación de los enfoques políticos.

Para transformar todos esos subsistemas de la vida social, económica y política, se necesita una aproximación sistémica, progresista y metódica, así como una perspectiva participativa. Se necesita mucha gente y organizaciones para desarrollar modelos glocales.

En dicho artículo de Energies, recogemos experiencias locales (municipales y provinciales) de sistemas de aprendizaje público-privado-sociales capaces de acometer, paulatinamente, un proceso de transformación real de la economía en sus territorios.

Entre ellas destacan la del Laboratorio de Aprendizaje Colectivo sobre Gobernanza Económica del Ayuntamiento de Torrelodones (Lab Torrelodones) o el modelo de gobernanza colaborativa de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Etorkizuna Eraikiz (Gipuzkoa se anticipa al futuro), que ahora se está intentando expandir a los municipios a través del programa Udal Etorkizuna Eraikiz (Los ayuntamientos se anticipan al futuro).

Ambos representan dos experimentos sociales y políticos para crear instrumentos efectivos de colaboración intersectorial (empresas, organizaciones civiles, ciudadanos, políticos e instituciones del conocimiento), de aprendizaje, anticipación y fomento de capacidades para abordar progresivamente los retos relacionados con sostenibilidad económica, energética y ambiental.

Que Europa y España no emitan gases contaminantes de aquí a 2050 es un reto que exige la transformación de múltiples ámbitos relacionados con la vida política, económica y social. Dicho objetivo necesita del concierto de todos. El contexto cultural de individualismo consumista dificulta todo intento de acción colectiva colaborativa, así como la articulación de la política, la economía, la justicia, los medios, la academia e incluso la acción civil alrededor del principio de competencia.

Desde esa perspectiva, quizá la pandemia, con la sacudida que ha supuesto, pueda ser el revulsivo necesario para semejante proyecto colectivo transformador.The Conversation

Sergio García Magariño, Investigador de I-Communitas, Institute for Advanced Social Research, Universidad Pública de Navarra y Unai Belintxon Martin, Profesor Titular acr. de Derecho internacional privado (Universidad Pública de Navarra), Universidad Pública de Navarra

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation

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