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Las primeras medidas de la República a favor de los trabajadores del campo

Los decretos agrarios aprobados por el Gobierno provisional de la República, antes de ponerse en marcha el proceso complejo de la reforma agraria, y gracias al interés de los ministros de Trabajo, Francisco Largo Caballero y de Justicia, Fernando de los Ríos, pretendían ofrecer soluciones inmediatas, y hasta casi de urgencia, para paliar algunos problemas acuciantes que padecían los trabajadores del campo, además de preparar el camino para dicha reforma agraria, uno de los principales cambios prometidos por el Gobierno y anhelados por estos trabajadores, por la izquierda y el movimiento obrero. No debemos olvidar la situación de extrema penuria de los jornaleros, la inseguridad de los arrendatarios de tierra, y que la agricultura seguía siendo el principal sector económico del país, ocupando a la mayor parte de la población activa por mucho que se hubieran ya desarrollado los sectores secundario y terciario.

La izquierda republicana y los socialistas compartían, con algunas diferencias de relativa importancia, una interpretación del problema agrario que partía de la idea de que los males de la tierra procedían de la estructura de la propiedad, que no había cambiado sustancialmente con las desamortizaciones del siglo XIX, porque no habían sido realmente reformas agrarias, sino procesos de trasvase de propiedad de la Iglesia y los Concejos municipales hacia la nobleza y la alta burguesía, que habían conformado uno de los pilares fundamentales de la oligarquía dominante desde entonces.

El problema fundamental económico estaría en el sur de España donde abundaba el latifundio, propiedad de esa oligarquía, generalmente asentista, que explotaba pésimamente las fincas o las tenía casi abandonadas. La otra faceta del panorama era la social, ya que en esa zona de España se concentraba una masa de jornaleros que vivían en una situación de miseria casi total provocada por unos ínfimos jornales y el paro estacional. Se hacía, pues, necesaria la reforma agraria que tendría un componente económico junto con otro de justicia social. Pero, como decíamos al principio, había que legislar de urgencia, a la espera de la elaboración y aprobación de la Constitución y el consiguiente asentamiento institucional del nuevo régimen, para luego abordar la necesaria ley de reforma agraria.

La filosofía de los primeros decretos agrarios se basaba en el respeto a la propiedad privada, pero establecía la intervención del Estado para evitar los abusos laborales y fomentar que las fincas siguieran produciendo, habida cuenta del presumible boicot de la oligarquía.

En primer lugar, se prohibió el desahucio de los arrendatarios de las tierras hasta que no se aprobase la reforma agraria, aunque se hubieran terminado los contratos, favoreciendo a este sector de campesinos, pero también para que se continuara cultivando la mayor parte posible de tierras.

Se aplicaron los beneficios de la vigente Ley de Accidentes de Trabajo a los obreros del campo. Se fijó la jornada laboral en ocho horas, una conquista social que había llegado a los otros sectores económicos en 1919 pero no al agro. Por el decreto de términos municipales se obligó a los propietarios a contratar trabajadores de la comarca donde estaban las fincas. Esta disposición se relacionaba con la extensión del sistema de Jurados Mixtos de arbitraje al mundo rural. Se pretendía evitar que los propietarios contratasen jornaleros fuera de los términos municipales y comarcas cuando estallaba un conflicto laboral en los términos donde tenían sus fincas. Por fin, el decreto de laboreo forzoso obligaba a los propietarios a mantener sus tierras en explotación.

Estas medidas influyeron en el crecimiento de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT) de la UGT, algo que buscaba el ministro Largo Caballero frente a la fuerza del anarcosindicalismo. Pero la CNT lejos de desaparecer siguió creciendo también, aunque conviene señalar que la fuerza ugetista fue mayor de lo que tradicionalmente se nos ha contado.

Pero los decretos solamente atacaban cuestiones parciales. Se hacía, pues, necesaria la reforma agraria que abarcase la cuestión del campo desde una perspectiva global. Las expectativas de los jornaleros y de los sindicatos eran muy grandes, tanto como el temor de los propietarios. Pero la ley que se aprobaría en 1932 no terminó de gustar a unos ni a otros, a los primeros por ser demasiado legalista al establecer procedimientos de expropiación muy garantistas, pero que además era lenta por falta de fondos para las indemnizaciones, mientras que para los segundos era una intolerable injerencia estatal en el sagrado derecho de propiedad.

Doctor en Historia. Autor de trabajos de investigación en Historia Moderna y Contemporánea, así como de Memoria Histórica.