La Ley de Reforma Universitaria. Un apunte 35 años después

Tras los años de la transición en los que hubo un fuerte debate y movilización de los distintos estamentos universitarios para la reforma y democratización de la Universidad, la Ley de Reforma Universitaria (LRU) de agosto de 1983 reconocía la autonomía universitaria, considerando a la Universidad servicio público, racionalizaba las figuras del profesorado, colegiaba departamentalmente su funcionamiento docente e investigador y renovaba el procedimiento de la elección de los equipos rectorales. Una cierta impronta del “sesentaoyochismo” había en la Ley, frente al poder de los catedráticos, acelerando su jubilación a los 65 años. Además, la Ley promovía automáticamente a los profesores agregados a la condición de catedrático sin necesidad de una nueva oposición o concursos de traslado.

Quizá lo peor era que imposibilitaba la movilidad del profesorado, una vez superada la fase de formación postdoctoral como ayudantes (para éstos se exigía un año fuera de la misma Universidad dentro del ciclo de cinco años de contratación). Sin embargo, la composición de los tribunales de oposición, con dos miembros de la misma universidad frente a otros tres mediante sorteo, reducía al mínimo la movilidad interuniversitaria. Además, como es conocido, la idoneidad estabilizó a una generación de profesorado no numerario como funcionarios. La perversión del uso de la figura del ayudante y del asociado que hicieron algunas universidades engordó una nueva bolsa de contratados precarios.

En esos años se aprobó también la Ley de Ciencia (1986), y se sentaron las bases de la ANECA, para la evaluación de la actividad investigadora (1989). Se dobló el número de universitarios desde los 700 mil a más de millón y medio, con unos 70 mil docentes y 30 mil investigadores, permaneciendo el gasto privado por las tasas en torno a un 20 por 100, mientras que el gasto en investigación creció hasta el 1% en 1992, muy lejos de la media europea del 2%.

Dentro del equipo del ministro de Educación hasta 1988, el sociólogo José María Maravall, estaban personalidades como Carmina Virgili (secretaria de Estado de Universidad), el filósofo Reyes Mate, y en otros puestos, Emilio Lamo, Joaquín Arango, Alfredo Pérez Rubalcaba y Álvaro Marchesi (director de Renovación pedagógica desde 1986 y secretario de Estado desde 1992).

En esta época socialista, no hizo sino crecer la provincialización universitaria en el marco del Estado de las Autonomías, permaneciendo el debate sobre el incremento de las tasas, debido a las limitaciones de su financiación pública.

Un primer balance sobre la evolución de la universidad en los ochenta y noventa, ser realizó en el "Informe Bricall" del año 2000. Este Informe colectivo es consultable en la página web de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y quizá sirvió para que el PP aprobara la Ley de Ordenación Universitaria (LOU) un año después, que derogaba la LRU. Era la legislatura de mayoría absoluta de José María Aznar, pero la LOU fue a su vez ser reformada en 2007 por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, estableciendo el sistema de acreditación nacional, como primer paso para la estabilización funcionarial del profesorado.

La crisis económica y los recortes del gobierno de Rajoy han supuesto la congelación de la promoción de una bolsa enorme de profesorado hasta el momento actual, así como la práctica ausencia de contrataciones a tiempo completo de nuevo profesorado, abusando de la figura del profesor asociado a tiempo parcial (que cobran muchas veces menos del salario mínimo) o alargando la carrera investigadora de muchos jóvenes.

Sin embargo, las bases de la universidad actual fueron establecidas por la LRU de 1983, tras unos años de fuerte confrontación en los que no se alcanzó el consenso para aprobar el proyecto de autonomía universitaria del ministro socialdemócrata de UCD, Luis González Seara. Ahora, que han transcurrido 35 años desde esa ley marco universitaria y, cuando hay propuestas como la gratuidad de la primera matrícula, habría que iniciar un debate sobre la financiación y otros aspectos del funcionamiento de la universidad.

Abdón Mateos López (Madrid, 1960) es un historiador español. Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Madrid, dirige el Centro de Investigaciones Históricas de la Democracia Española y la revista semestral Historia del Presente. Fundador y presidente de la Asociación de Historiadores del Presente desde el año 2000.

Desde el año 2007 es responsable en la UNED de la Cátedra del exilio. En el año 2008 obtuvo la acreditación nacional de Catedrático de Historia Contemporánea. En el año 2009 obtuvo un segundo año sabático en Roma en la Universidad LUISS, financiado con la convocatoria nacional de Movilidad, y la Universidad de Las Palmas.

Actualmente dirige el proyecto de la Cátedra del Exilio (2011-16, patrocinado por el Banco de Santander) Emigrantes y exiliados en América después de la guerra civil. La construcción de una ciudadanía democrática, así como el proyecto de investigación del Ministerio (2012-16) "Historia del PSOE. Construcción del partido y reformismo democrático, 1976-1990".

Es secretario general de ASU en Madrid.

Ha publicado recientemente Historia del PSOE en transición. De la renovación a la crisis (Madrid, Sílex, 2017)