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Nuestra lucha ahora es que la recuperación económica llegue a la clase trabajadora

Mientras el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presume de recuperación económica, creación de empleo y de ser la cuarta economía de la UE, sigue aumentando la precariedad laboral, los accidentes laborales, la brecha salarial, los parados de larga duración y las familias pobres, que no tienen ni para evitar el frío en invierno. Mientras se acelera cada año el crecimiento de las rentas del capital, las rentas del trabajo siguen bajando, y ya estamos a la cabeza de la desigualdad en Europa. El Índice de Justicia Social 2017, publicado a mediados de noviembre, concluye que la recuperación del mercado laboral en la UE ha generado un “claro repunte” de la justicia social en los países miembros, pero España sigue en el furgón de cola de los 28, en el puesto 24, sólo por encima de Italia, Bulgaria, Rumanía y Grecia.

En Andalucía, al igual que en el resto de España, se está creando empleo, pero se está haciendo a un ritmo del todo insuficiente para hacer frente a la dramática situación de paro por la que atraviesa la economía andaluza, con más de un millón de parados, según la última Encuesta de Población Activa. Además, el poco empleo que se crea resulta contener unas condiciones de precariedad más que alarmantes, sustentado en un uso abusivo de la contratación temporal, y recurriendo de forma sistemática a la jornada a tiempo parcial, dotado de una retribución económica insuficiente para asegurar un nivel de vida digno. Esa precariedad también incluye la carencia de las más mínimas condiciones de seguridad y salud laboral, lo que está generando un incremento de la siniestralidad que tristemente, se acerca al centenar de trabajadores/as fallecidos/as, en lo que llevamos de año, en Andalucía.

Nos encontramos con un mercado laboral en el que 95 de cada 100 contratos que se firman son temporales y el 25% de los contratos realizados en los últimos meses son de menos de una semana o que, prácticamente el 40% de ellos ni tan siquiera llegaban a un mes. La tasa de pobreza y exclusión social ha superado el 40% por lo que ya, el hecho de estar trabajando o el de abandonar las listas del paro no es garantía alguna de ni tan siquiera poder llegar a final de mes en unas condiciones mínimas de seguridad. Según las últimas estadísticas oficiales, 3 de cada 4 hogares andaluces manifiestan dificultades para llegar a final de mes.

A mediados de 2007, antes del estallido de la burbuja inmobiliaria y de la crisis económica, Andalucía contaba con 3.257.700 ocupados. En la actualidad, según los datos de la EPA del tercer trimestre del presente año, dicha cifra es de 2.952.300. Es decir, desde que en el primer trimestre de 2013 (2.547.500 ocupados) se tocara suelo y se iniciara el proceso de creación de empleo, se han generado 404.800 puestos de trabajo, insuficientes aún para contrarrestar los 710.200 empleos destruidos durante la crisis.

Una de las peores caras de la precariedad es la pobreza energética, algo a lo que las administraciones no han sabido darle solución. En los meses de septiembre y octubre, el mercado eléctrico español ha marcado los precios más altos de Europa. El lunes 23 de octubre entre las 7 y las 8 de la tarde, el precio de la luz se multiplicó por 25 respecto a lo que costaba esa misma mañana, hasta los 182,5 euros el megawatio/hora, el nivel más elevado en lo que va de año, y superando el precio del 25 de enero, en plena ola de frío. Esta vez ha sido la sequía la que ha causado el aumento de la generación de energías más caras como la de ciclo combinado. Otras veces es el aumento del consumo por el frío, como en enero.

Por ello, desde UGT Andalucía exigimos con urgencia un cambio del modelo para fijar los precios de la luz, tanto a industrias como a particulares. Tenemos un modelo que se permite especular con un bien que debería ser tratado como estratégico, tanto para el desarrollo económico y la industrialización, como desde el punto de vista social, como un derecho fundamental de las familias. Más de cinco millones de personas son víctimas de la pobreza energética en España, que cada año causa siete mil muertes entre incendios y enfermedades cardiorrespiratorias. UGT considera claramente insuficiente la tarifa social. Es necesario aprobar unas tablas de coste de la luz asequibles según los ingresos de los hogares.

Nadie puede negar la relación causa efecto existente entre las últimas reformas laborales y la precarización del mercado laboral. En aquellos sectores y actividades económicas donde, en mayor medida, se han venido aplicando las reformas han tenido un impacto directamente proporcional sobre el empobrecimiento de la calidad de los empleos. Tanto es así que, en muchas de las ocasiones, los trabajadores están viéndose obligados a aceptar unas condiciones de trabajo que se sitúan por debajo de lo establecido en sus convenios colectivos.

La economía andaluza no alcanzará unos niveles de estabilidad y de seguridad aconsejables si su crecimiento no va sustentando en la generación de un empleo de calidad que repercuta sobre la mejora de las condiciones de vida del conjunto de la ciudadanía. Si, como hasta ahora, solo se crean empleos precarios y poco productivos, los salarios que llevan aparejados continuarán siendo indignantemente bajos, ya que apenas permiten subsistir a los trabajadores.

En definitiva, ahora más que nunca hay que luchar, sindicalmente, por eliminar la precariedad de nuestro mercado laboral. Para nada sirve un incremento del PIB si no va acompañado de una sustancial mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora, y de un incremento salarial por encima del IPC, que permita recuperar el poder adquisitivo perdido durante la crisis. Por ello se deben favorecer políticas eficaces que equilibren el poder de negociación de los trabajadores respecto a la patronal, para lo que es imprescindible la derogación de las dos últimas reformas laborales.

La negociación colectiva contribuye a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo así como la igualdad. UGT tiene en marcha la campaña “Ponte a mil”. Con ella demandamos que no se firmen convenios por debajo de los mil euros de salario. Y al Gobierno le exigimos un aumento progresivo del Salario Mínimo Interprofesional hasta alcanzar antes de 2020 la cuantía de 1.000 euros mensuales, actualmente es de 707 euros. Esto repercutiría además, en el aumento del consumo y en la recuperación económica. La Junta ha sido sensible a la reivindicación realizada por UGT-A para que diera ejemplo desde el sector público autonómico, y que ningún empleado/a público/a cobrara menos de mil euros. Y así lo ha incluido en los presupuestos para 2018, lo que beneficiará directamente a unos 300 trabajadores/as.

Otra medida fundamental de redistribución de la riqueza que es imprescindible poner en marcha es la Renta Mínima para las familias sin ingresos o con ingresos bajos.

A pesar de los sucesivos intentos del Gobierno por bloquear la Iniciativa Legislativa Popular, promovida por UGT y CCOO, la propuesta continúa sus trámites en el Congreso. Según la última Encuesta de Condiciones de Vida más del 22% de las familias españolas son pobres o se encuentran en riesgo de pobreza; en el caso de Andalucía el dato se eleva a más del 25%. El propio presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, calificó en su comparecencia en la Comisión de Empleo del Congreso, el pasado 14 de noviembre, como una propuesta “de gran calado, con un potencial redistributivo muy significativo”. El problema es que hacen falta entre 12 y 16 mil millones de euros adicionales en los Presupuestos Generales del Estado para aplicarla, pero hay fórmulas para conseguir esos fondos teniendo en cuenta la trascendencia del objetivo social que se pretende. Además de la repercusión positiva en el consumo que generará nuevos ingresos. Mientras UGT sigue trabajando para conseguir una Ley de Prestaciones de Ingresos Mínimos a nivel estatal, en Andalucía estamos participando, con la Junta y los otros agentes sociales, en la elaboración y puesta en marcha de una norma de este tipo en el ámbito autonómico, que esperamos vea la luz a corto plazo.

Otro pilar fundamental, al que UGT no está dispuesta a renunciar, es la garantía de unas pensiones públicas dignas, a la que aspirar a una edad razonable, tras una larga vida laboral de cotizaciones para el Estado. Por ello organizamos las marchas por las pensiones dignas, entre el 30 de septiembre y el 9 de octubre, y presentamos nuestras propuestas económicas que hacen factible este objetivo, que sigue vigente en el Pacto de Toledo. Entre otras fórmulas UGT plantea que la plantilla de trabajadores/as de la Seguridad Social reciba sus ingresos de los Presupuestos del Estado y no de las cotizaciones de la S.S; suprimir los incentivos al empleo como los conocemos, que sólo benefician al empresario; y destopar los porcentajes de IRPF para las rentas más altas.

Lo que tenemos muy claro en UGT-A, es que no vamos a reconocer la salida de la crisis hasta que la recuperación económica no se traduzca en una importante mejora de los niveles de calidad de vida y adquisitivo de las familias trabajadoras andaluzas.

Estamos también exigiendo un Plan de Empleo para Andalucía, capaz de hacer frente, con medidas adaptadas a las particularidades de nuestra tierra, a las principales debilidades del mercado laboral andaluz: paro, precariedad, escasa retribución, temporalidad, estacionalidad, desigualdades sociales, siniestralidad. Sobran los motivos.

Carmen Castilla

Secretaria General de UGT Andalucía.

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