¿Cómo hemos llegado a esto?

Al examinar la grave situación política en Cataluña, mucha gente se pregunta cómo hemos llegado hasta aquí. Y la respuesta es sencilla: hemos llegado hasta aquí porque, de modo consciente o inconsciente, hemos seguido el camino más adecuado para llegar hasta aquí.

Hemos alcanzado esta situación porque los medios que, por acción u omisión, han utilizado los actores políticos a lo largo de décadas han conducido, paso a paso, a este fin, que no es, en principio, el preferido por cada uno de ellos en particular, pero es el resultado de las acciones (o inacciones) de todos; algo así como el producto de una suma de vectores.

Agrupando las fuerzas en grandes tendencias, los actores han sido tres: los partidos nacionalistas, operando como fuerzas centrífugas, por un lado; los partidos no nacionalistas (o españolistas), en particular los dos grandes partidos -PSOE y PP- actuando como fuerza centrípeta desde el Gobierno central, por otro, y finalmente, la izquierda (las izquierdas) como tercer actor, sin una estrategia clara ante la presión nacionalista, cuya causa se ha convertido en motivo de controversia en todo el país y, desde luego, de conflicto en todos los partidos.

El actor más consecuente o, mejor dicho, él único actor consecuente con sus fines, ha sido el bloque nacionalista, cuya táctica, aún con errores, ha estado siempre subordinada a su fin estratégico, que es alcanzar la independencia. La lógica de pedir más aproxima al objetivo final, al programa máximo, a la secesión, devenida en permanente amenaza y llegado el momento en el paso inexcusable y decisivo. Ya sucedió, en 2004, con el plan del lendakari Ibarretxe de convertir Euskadi en un estado independiente asociado a España.

Y esto ha estado claro para los nacionalistas catalanes más radicales desde la Transición -hoy paciencia, mañana independencia- y desde que Pujol llegó a la presidencia de la Generalitat, donde comenzó un permanente tira y afloja con el Gobierno central. En parte explicable por la resistencia del Gobierno a ceder parcelas del poder central y por la prisa de los nacionalistas en asumir más competencias.

En los 30 años de gobierno de los nacionalistas, el resultado de tales tensiones ha sido, por un lado, la pérdida de presencia pública del Estado español en Cataluña, al haber logrado los nacionalistas transmitir a los ciudadanos la idea de que la Generalitat no es parte del Estado español sino un poder casi soberano emanado de la ciudadanía catalana. Tendencia comenzada en los mandatos de Jordi Pujol (1980-2003) y acelerada, tras el Gobierno Tripartido (2006-2010), por Artur Mas y Carles Puigdemont, que es donde estamos ahora. Por otro lado, gracias a la ley electoral, que concede a los partidos nacionalistas una desproporcionada representación parlamentaria en relación con el número de votantes que les respaldan, los partidos nacionalistas catalanes y también los vascos se han convertido en imprescindibles apoyos del PSOE y del PP cuando estos no han obtenido mayoría absoluta en las elecciones generales, pactando con uno u otro, cobrando el favor, según lo aconsejara la coyuntura y deviniendo, por tanto, en árbitros de la situación. Circunstancia que los nacionalistas suelen olvidar en sus quejas.

Desde el final de la Transición, y durante casi cuarenta años, en España no se ha dejado de percibir el esfuerzo constante de los nacionalistas catalanes (y de los vascos) por hacerse oír. Un bien propagado victimismo ha unido una queja continua a la exigencia de satisfacer pasadas afrentas, como si el resto del país e incluso una parte de la población de los territorios gobernados por ellos hubiera contraído una deuda histórica imposible de pagar. De ahí vendría la permanente reclamación de más gobierno y el sentimiento de padecer un continuo agravio si tal demanda no era atendida.

Durante décadas, los nacionalistas catalanes y vascos han podido imponer su voz en la opinión pública, al lograr que buena parte de los debates nacionales y los temas preferentes en los medios de información hayan girado en torno a los intereses de una minoría, pero de una minoría estruendosa.

La actitud contraria ha presidido los actos del Gobierno central, quien quiera que fuese el inquilino de la Moncloa, pues, desde el punto de vista ideológico, ha sido pacata, aunque ha atendido, claro está, hasta derrotarla, la manifestación más fanática del nacionalismo vasco, como ha sido el terrorismo, fenómeno que ha condicionado las respuestas políticas y sociales al nacionalismo en general. Pero, en lo referente al discurso nacionalista, a lo que ahora se llama el “relato”, lo que ha existido es la apelación a respetar la ley y las normas de la democracia y al diálogo, pero ha faltado la respuesta a los argumentos más pertinaces de los partidos nacionalistas, a sus últimas y más profundas razones.

En no pocas ocasiones, ha dado la impresión de ser un Estado acomplejado ante la inculpación de centralismo, cuando hemos asistido a una descentralización acusada y a la pérdida de soberanía en beneficio de los gobiernos autonómicos y de la Unión Europea, aspecto en el que Estado español ha reducido su poderío, en fuerzas y competencias en favor de terceros. En otras ocasiones ha parecido que, preso de una visión a corto plazo, se conformaba con hacer concesiones para ir calmando las demandas de los partidos nacionalistas, demandas, que por la propia naturaleza del nacionalismo, son difíciles de colmar.

En los últimos diez años, a las dudas del PSOE (y de sus baronías) ante el incremento de la pulsión nacionalista en Cataluña, se han sumado dos tácticas, las dos igual de equivocadas, del Partido Popular.

La primera, estando en la oposición y como un factor para desgastar al gobierno de Zapatero, cuando el Govern tripartit acometía la elaboración del Estatut fue incentivar los agravios del nacionalismo con una campaña no sólo contraria a CiU y a ERC, sino claramente anticatalana. Después, finiquitado el Govern, y estando en el Gobierno central, la posición del Partido Popular fue la contraria, al ignorar lo que estaba sucediendo en Cataluña, a pesar de los claros avisos sobre lo que se preparaba, como si hubiera sido atacado por el virus de un liberalismo suicida, que, en este tema, cuando CiU se había colocado en rumbo de colisión, le aconsejara “dejar hacer, dejar pasar”. Pero, en política, dejar hacer es dejar la iniciativa a otros y además sancionarla con el silencio, porque no actuar también es decidir, y no decidir es ceder y conceder.

El último factor es la defección del tercer actor, las izquierdas, que han concedido a los partidos nacionalistas un plus de legitimidad. El caso viene de antiguo, de los tiempos de la Transición, cuando las izquierdas de diversos colores y pelajes decidieron suicidarse al asumir el derecho de autodeterminación y con él la parte fundamental de los programas nacionalistas hasta quedar subsumidas por ellos. Pero este tema, que es largo y complicado, queda para otro día.

Doctor en Ciencias de la Información y diplomado en Estudios Avanzados en Ciencias Políticas, ha sido profesor del departamento de Sociología VI de la Universidad Complutense.

Últimos libros publicados: Perdidos. España sin pulso y sin rumbo (Madrid, La linterna sorda, 2015); La oxidada Transición (La linterna sorda, 2013); La reacción conservadora. Los neocons y el capitalismo salvaje (La Linterna sorda, 2009) y con Ramón Cotarelo, La Antitransición. La derecha neofranquista y el saqueo de España (Valencia, Tirant, 2015).