La vía canadiense

En el año 2000 fue aprobada en Canadá la Ley de Claridad, que ponía límites a los plebiscitos de independencia de la francófona Quebec. El Tribunal Constitucional y dicha Ley aclaraban que una declaración unilateral de independencia no sería compatible con el derecho internacional. Además, establecía los siguientes principios y precondiciones:

Una mayoría del "50% más uno" no sería un umbral suficiente para la secesión.

El derecho internacional no protegería la integridad territorial de la Comunidad secesionista.

El gobierno central tiene un papel en la selección de la pregunta y el nivel de apoyo necesario para que se considere aprobada.

La secesión sólo puede lograrse a través de la negociación en lugar de una declaración "unilateral de independencia".

Los términos de la negociación no pueden ser decididos exclusivamente por el Gobierno autónomo.

Todos los entes territoriales, es decir, nuestras Comunidades Autónomas, deben tomar parte en las negociaciones.

El Congreso de los Diputados tiene el poder de anular una decisión alcanzada en referéndum si estima que se ha violado alguno de los principios de la Ley de Claridad.

La secesión de un ente territorial requeriría una reforma de la Constitución.

Ahora que hay voces que dicen "Parlem" hay que tener claros esos límites a una deseable negociación entre el gobierno central y el autónomo. Los principios de la Ley de Claridad canadiense podrían ser un interesante punto de partida para la negociación de un plebiscito de independencia de Cataluña, siempre que previamente se hubiese aprobado una nueva ley de referéndum y reformado la Constitución. Lo que no se puede permitir es que el nacionalismo, utilizando las instituciones del autogobierno a través de la educación y los medios de comunicación, siga manipulando a la ciudadanía y presionando a los gobiernos de España con sucesivas concesiones a cambio de apoyos puntuales o de legislatura en la gobernabilidad. Está claro que ni el federalismo ni el reconocimiento de la plurinacionalidad, por otra parte, esto último ya implícitamente reconocido en el artículo 2 de la Constitución de 1978, aplacará las ansias nacionalistas. La Ley electoral debería poner límites a la presentación de candidaturas locales o regionales de carácter nacionalista o no en las elecciones generales, relegando su representación estatal al marco de los comicios locales y autonómicos y al Senado.

Finalmente, lo que tampoco se debe permitir es que el gobierno de España siga negándose en rotundo a cualquier posible reforma de la Constitución, e incluso a las vías dentro de esta, para permitir un acuerdo que resulte adecuado a las demandas de convivencia de la mayoría de españoles y de catalanes, y que responda a las reiteradas demandas catalanas de poder votar democráticamente un nuevo marco de relaciones.

Abdón Mateos López (Madrid, 1960) es un historiador español. Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Madrid, dirige el Centro de Investigaciones Históricas de la Democracia Española y la revista semestral Historia del Presente. Fundador y presidente de la Asociación de Historiadores del Presente desde el año 2000.

Desde el año 2007 es responsable en la UNED de la Cátedra del exilio. En el año 2008 obtuvo la acreditación nacional de Catedrático de Historia Contemporánea. En el año 2009 obtuvo un segundo año sabático en Roma en la Universidad LUISS, financiado con la convocatoria nacional de Movilidad, y la Universidad de Las Palmas.

Actualmente dirige el proyecto de la Cátedra del Exilio (2011-16, patrocinado por el Banco de Santander) Emigrantes y exiliados en América después de la guerra civil. La construcción de una ciudadanía democrática, así como el proyecto de investigación del Ministerio (2012-16) "Historia del PSOE. Construcción del partido y reformismo democrático, 1976-1990".

Es secretario general de ASU en Madrid.

Ha publicado recientemente Historia del PSOE en transición. De la renovación a la crisis (Madrid, Sílex, 2017)