Preguntas que no nos hacemos sobre Alsasua

Este fin de semana lo he estrenado yendo a un lugar marcado en el mapa: un pueblo donde la gente que allí vive ha sido marcada durante los últimos años. Una localidad señalada y puesta bajo un foco plagado de intereses partidistas, víctima de una maquinaria perversa que se ha cobrado la libertad de algunos de sus jóvenes.

El viernes estuve en Alsasua. Es un municipio de Navarra, cercano a Pamplona y allí viven unas siete mil personas. La explicación de su nombre no es unánime; especialmente me gusta la versión de los que piensan que su nombre hace referencia a su historia, la de un pueblo que ardió y de sus cenizas surgió de nuevo. “Sauce quemado” dicen que significa “Alsasua”.

Quién me iba a decir, veinte años después, que regresaría a la Sierra de Urbasa. Ha pasado mucho tiempo desde que tuve la suerte de participar en un campo de trabajo donde jóvenes de todos los territorios del Estado participamos en la limpieza de las Bardenas, y aprendimos a trazar recorridos para recorrer paseando y en bici el desierto de los Monegros. Nos alojábamos en Tudela y pudimos conocer el territorio. Un fin de semana lo pasamos en Estella. Recuerdo cómo me impresionaba ver los carteles que pedían el acercamiento de los presos, cómo al entrar en una taberna todo el mundo hablaba en euskera y yo, absolutamente ignorante, solamente oía “ETA” por todas partes. Algunos de mis compañeros se escandalizaron, y yo reconozco que un poco también, pues al no saber absolutamente nada de aquella lengua, por supuesto desconocíamos que “eta” significaba “y”, y estábamos convencidos de que aquello seguro que era un lugar lleno de terroristas.

Cuando después nos explicaron que de terroristas nada, que los que éramos unos ignorantes éramos nosotros, vinieron las risas. Y años después aquella anécdota, y otras tantas, me han servido para entender la idea que tenemos en muchos territorios de España sobre Euskadi, totalmente errónea, fruto de una campaña de intoxicación en la que el objetivo era meternos a todos en la cabeza que “todo era ETA” (por la banda terrorista).

Con los años he ido aprendiendo (y lo hago cada día): me he sorprendido de la cantidad de veces que la realidad desmontaba el relato que, de manera inconsciente, hemos ido asumiendo. Y ahora, cada día, lo compruebo: la mayoría de la sociedad recibe la “propaganda” a través de los medios de comunicación generalistas. Mensajes que se preparan al servicio de los intereses de “quien manda”, sesgados, malintencionados, y que en la enorme mayoría de los casos, buscan instalar en las mentes de la gente la idea que a otros interesa. Y todo al final se resume en la criminalización de todo aquel que promueva valores y principios republicanos, soberanistas y antifascistas. Ni siquiera es cierto que el objetivo sean solamente los independentistas (que también están en el objetivo, claro está, al reunir los tres requisitos señalados), puesto que el punto de mira señala a un grupo más amplio.

Ahora lo vemos con Cataluña, territorio marcado. Y el mismo proceso de criminalización: tratar de resucitar un terrorismo que ya desapareció en Euskadi. Por el momento ya se está señalando a una plataforma como es Tsunami Democratic como “organización criminal y terrorista”. Una plataforma anónima que convoca a la gente a participar en acciones pacíficas, “tozudamente no violentas”, promoviendo protestas a través de manifestaciones multitudinarias.

Y volvemos a comprobar cómo se quiere criminalizar a la gente que quiere participar de manera pacífica en estas acciones. Basta con preguntar a cualquiera por la calle: la opinión será tangencialmente distinta dependiendo de la información que “consuma”.

Lo mismo que ocurre con el caso de Alsasua. Preguntar a cualquiera en las calles de los territorios del Estado, tendrá seguramente la misma respuesta: los chavales de Alsasua son unos terroristas, que pegaron una brutal paliza a dos agentes de la Guardia Civil. Esa es más o menos la versión extendida, promovida por los medios de comunicación, que han realizado una campaña absolutamente sesgada y parcial.

Poca gente conoce que estos chavales finalmente no han sido condenados por terrorismo; ni cómo se sucedieron los hechos que al final tejieron una red de araña, un laberinto, una pesadilla para los acusados y sus familias.

Es sorprendente que en general la gente no se pregunte nada al respecto, que asuma la “versión oficial” del tema y pase página. Esas preguntas que no nos hacemos son el síntoma de una sociedad acrítica, absolutamente adormecida que no se preocupa por nada más allá de sus propias narices.

Haga la prueba: pregunte a su alrededor si saben que el 15 de octubre de 2016 sobre las cuatro de mañana, estando en las fiestas del pueblo de Alsasua, se produjo una bronca en un bar. Un grupo de jóvenes discutieron con dos hombres acompañados de sus parejas. La profesión de estos dos señores es la de Guardias Civiles, aunque en ese momento no estaban de servicio, sino como cualquier otra persona en el bar, tomando unas copas con sus novias. Hubo una discusión que acabó en pelea.

Hubo revuelo en el bar y salieron inmediatamente al exterior. El dueño del bar, que estaba en la barra, ni se enteró de lo sucedido. En la calle, continuaba la discusión mientras llegaban los agentes de la guardia foral de Navarra. Hubo agresiones y hubo lesiones, sí, pero no hubo terrorismo.

Según denunciaron los dos hombres (Guardias Civiles), recibieron una paliza brutal por un grupo de decenas de jóvenes. Uno de ellos dijo haber recibido patadas, golpes por todas partes, y su camisa, que era blanca, según él había quedado prácticamente destrozada y llena de sangre.

Sin embargo, esa camisa se ve impoluta en un vídeo que un chaval grabó al pasar por la calle. El chico que grabó el video ha declarado que no había estado en el bar donde se produjo la pelea, que venía de otro bar y se marchaba hacia su casa. Pero al ver que algo sucedía, por la presencia de la policía foral y de una ambulancia, se acercó a ver qué ocurría y se puso a grabar con su teléfono. En el vídeo, que en un principio no fue admitido como prueba, puede verse claramente que uno de los hombres (guardia civil) aparece con la camisa blanca perfectamente impoluta. Incluso, es capaz de agredir al muchacho que está grabando el vídeo y tirarle el teléfono al suelo sin mediar palabra. Al chico que ha grabado el video le han condenado a prisión.

Algo que tampoco ha trascendido es que en ese momento la policía foral de Navarra hace sus atestados. Son la primera fuerza policial que interviene. Emplazan al Sargento agredido y su novia para que acudan a interponer la pertinente denuncia por lo sucedido. Al mismo tiempo, la Guardia Civil acude al hospital donde se está atendiendo a las víctimas (los dos hombres Guardias Civiles) para interesarse por el estado de sus compañeros. En ese momento reclaman a la policía Foral "la entrega de la persona que había sido detenida, así como las diligencias realizadas hasta el momento”. La policía Foral en un principio no accede a entregar la instrucción que están llevando a cabo y a la mañana siguiente se desplazan al Hospital para tomar declaración al Teniente. Éste les emplaza para que regresen por la tarde, puesto que primero quiere recibir la visita del Director General de la Guardia Civil y distintos mandos. Tras la visita recibida el Teniente decide interponer la denuncia ante la Guardia Civil, en lugar de ante la Policía Foral, al contrario delo que había acordado con ellos en un primer momento.

Todo cambia cuando Rajoy escribe un tuit diciendo que lo sucedido en Alsasua no quedará impune.

A las ocho de la mañana del día 16 ya se había realizado una diligencia de informe que establecía el vínculo entre los hechos acontecidos en el bar y el movimiento “OSPA”. Según señala el profesor Jaime Montero, este informe se realiza sin haber tomado declaración formal a las víctimas, lo que le hace pensar que “parece evidente” que el informe estaba realizado con anterioridad a que ocurrieran los hechos.

El asunto debía tratarse ante los juzgados de Navarra. Sin embargo, la asociación de víctimas COVITE presenta una denuncia por terrorismo ante la Audiencia Nacional por el asunto del bar Koxka. La Jueza Carmen Lamela, que ha recibido condecoraciones de la Guardia Civil, admite el asunto. Un mes después de los hechos se detiene a 8 jóvenes por parte de la Guardia Civil. En total son 9 los procesados.

La Audiencia de Navarra por su parte no ve indicios racionales para considerar la agresión como terrorismo. En abril el Tribunal Supremo responde a la cuestión de competencia presentada por la Audiencia de Navarra y determina que quien ha de conocer del caso es la Audiencia Nacional. Mientras tanto, cuatro jóvenes siguen en prisión preventiva.

En el mes de septiembre de 2017 son 46 los distintos organismos que insisten en que el caso Alsasua debe juzgarse en la Navarra y posteriormente los abogados de los ocho acusados denuncian la falta de imparcialidad de la Audiencia Nacional. Posteriormente las defensas solicitarán la recusación de la magistrada Concepción Espejel, también condecorada por la Guardia Civil. Se rechaza la recusación por presentarse tarde.

Las manifestaciones multitudinarias llenaban las calles en Navarra y en el País Vasco pidiendo justicia para los chavales de Alsasua. En el resto del Estado nadie se enteraba de nada porque los medios prácticamente no lo contaban.

En Abril de 2018 comenzó el juicio (y hasta entonces cuatro chavales estuvieron en prisión preventiva en Madrid). Las penas que se pedían eran de 12 a 62 años de cárcel. Finalmente las condenas que se imponen van de los 2 años de cárcel a los 13. No se les condena por terrorismo, dejando claro entonces que la Audiencia Nacional no tenía que haber conocido de este asunto. La Fiscalía no recurre, y por lo tanto, asume que no se trataba de terrorismo. Repito: No se trataba de terrorismo y así lo terminó reconociendo la Audiencia Nacional y la Fiscalía. Sin embargo, la denuncia por terrorismo por parte de Covite fue suficiente para derivar el asunto al lugar que no correspondía.

Se solicita revisión de la sentencia y la recusación de los magistrados que la llevarán a cabo, por parte de las defensas. La respuesta por parte de la Audiencia Nacional no sólo es la de rechazar la petición de recusación, sino que además impone multas de 600 euros además de las costas, al considerar que se ha obrado de “mala fe” por parte de los recurrentes. Finalmente ratifica las penas impuestas. El Parlamento de Navarra denuncia la instrumentalización que se estaba haciendo del pueblo de Alsasua y muestra su apoyo y solidaridad con los vecinos de la localidad.

El Parlamento Vasco pide la puesta en libertad de los ocho jóvenes que ya están en prisión y denuncia la desproporción de las penas.

Las defensas recurren la sentencia de la Audiencia Nacional ante el Tribunal Supremo (quien había confirmado en su día que debía tratarse este asunto en la Audiencia Nacional). Será en octubre de 2019 (tres años después de los hechos) cuando el Supremo rebaje las penas impuestas por la Audiencia Nacional: las penas quedan ahora entre y años y medio y nueve y medio de prisión.

El Supremo acaba de considerar que hay pruebas para considerar las condenas por los delitos de “atentado a agentes de la autoridad”, “lesiones”, “desórdenes públicos” y “amenazas”. Sin embargo retira la agravante que se aplicó de “discriminación y abuso de superioridad (este último estaba mal aplicado)”, aunque no la retiran para todos. También retiró la condena por lesiones a dos de los jóvenes por falta de pruebas (recordamos que la Audiencia condenó por ello y lo mantuvo después de la revisión). Además, ratificó también las responsabilidades civiles por el daño psicológico y moral causado a las víctimas y también por las lesiones físicas.

Se suman, por ejemplo en uno de los casos, las penas de dos delitos de atentado contra la autoridad, tres delitos de lesiones, la agravante de abuso de superioridad y el delito de desórdenes públicos. De esta manera imponen 9 años y medio de prisión a uno de los chicos. A una de las chicas le han condenado a 1 año y 6 meses de prisión por desórdenes públicos y amenazas.

Si todo esto no nos hace plantearnos dudas sobre la proporcionalidad de las penas, sobre la idoneidad de los jueces (vinculados a la Guardia Civil), sobre el traslado de la investigación iniciada por la policía foral de Navarra a manos de la Guardia Civil, sobre la inadmisión de algunas pruebas relevantes al comienzo del juicio, o sobre el hecho de que finalmente la única razón por la que la Audiencia Nacional se consideraba competente para conocer del caso, esto es, la acusación por terrorismo, fuera descartada por la propia AN al no condenar por ese delito… es que queremos permanecer ciegos, sordos y mudos ante una situación injusta.

Las familias nunca han pedido que sus hijos no sean juzgados, sino que lo que se pide en todo momento es proporcionalidad, que no se juzgase donde no correspondía y que no se politizase este asunto. Sin embargo, han encontrado la callada por respuesta por parte de la mayoría social española, por parte de la mayoría de los partidos políticos del Estado; todo lo contrario que ha sucedido en Navarra y en el País Vasco, donde el apoyo ciudadano ha sido masivo, donde distintas formaciones políticas de todos los colores han estado denunciando la desproporción de las penas y el uso partidista de este caso.

En definitiva, no hacernos preguntas nos convierte en cómplices de semejante injusticia. Y no está mal que un día como hoy, que es para reflexionar, lo hagamos de una vez.

Abogada.