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Sin garantías, con nosotros que no cuenten

La convocatoria del 1 de octubre carece de cobertura legal. Tanto la ley del referéndum como la llamada ley de transitoriedad y fundacional de la república catalana, aprobadas por el Parlament de Catalunya atropellando los derechos de la oposición, han sido suspendidas por el Tribunal Constitucional.

La convocatoria del 1 de octubre carece de las garantías que caracterizan a un proceso democrático:

No se conocen aún los locales de votación, tampoco se conoce la lista de votantes (el censo electoral) publicado por un organismo público y sometido a los preceptivos plazos de publicidad y posibilidad de rectificación.

· Carece de papeletas efectivamente emitidas por un órgano competente para ello, e incluso se alienta que cada uno las imprima por su cuenta.

· Carece una autoridad electoral que integre jueces independientes.

· Sólo una de las opciones desarrolla una campaña de propaganda.

· Carece de tarjeta censal, ningún ciudadano ha recibido en su domicilio un impreso oficial en el que se le indique dónde votar.

· Nadie sabe cómo han sido elegidos los ciudadanos que integrarán las mesas electorales.

· Y carece, por mucho que se empeñen, de reconocimiento internacional.

¿Por qué carece la convocatoria del 1 de octubre de todas estas garantías? Sencillamente porque no es un proceso legal y democrático. Porque no es un referéndum.

Nuestra propuesta está bien resumida en la Declaración de Barcelona, suscrita por el PSOE y el PSC

Por todos estos motivos los socialistas llamamos a no participar en esa convocatoria. Por no aceptar, ni siquiera aceptamos la pregunta que se formula, pues nos parece engañoso reducir las opciones a romper con todo o quedarnos como estamos.

A pesar de la escandalosa falta de garantías democráticas, el gobierno independentista realiza cada día actos arbitrarios y sectarios que pretenden dar apariencia de normalidad a un proceso que es cualquier cosa menos normal. Pretenden señalar a quienes defienden opciones distintas a la independencia unilateral e ilegal que proponen, impulsan actuaciones que sitúan a las instituciones fuera de la legalidad y que dividen a los catalanes. Entre esas actuaciones, destaca el intento de arrastrar a los Ayuntamientos a cometer acciones ilegales y el empeño de señalar a los alcaldes y alcaldesas que quieren cumplir la ley.

Por eso desde el PSC decimos bien claro que no cuenten con nosotros. Que no legitimaremos con nuestra participación una actividad pensada, dirigida y realizada solamente por y para los independentistas. Un ejercicio de movilización que solo tiene sentido para quienes persiguen la independencia. Que estamos ante un grave precedente de asalto a la legalidad por un gobierno que está poniendo a la ciudadanía ante un escenario endiablado que ni necesitamos ni merecemos.

Cataluña ha sido y es una comunidad tolerante, de seny, de diálogo; un espacio de convivencia en el que siempre se ha buscado el acuerdo más amplio posible para progresar. Cataluña y sus ciudadanos y ciudadanas siempre han sido un modelo de cohesión y de debate a imitar. En cambio, la convocatoria independentista del 1 de octubre solo conseguirá dividir y enfrentar.

Lamentablemente el gobierno del PP, después de cinco años de inacción, se refugia en el cumplimiento estricto de la legalidad, pero es incapaz de proponer alternativa alguna a la actual situación de bloqueo.

Los socialistas, en cambio, desde hace mucho tiempo hemos elaborado y ofrecido otro camino, una solución que no divide, una solución que suma. Un camino de diálogo, negociación y pacto, en el que Cataluña ganará en autonomía, verá mejorar su financiación e inversiones y contribuirá a la transformación federal de España. Nuestra propuesta está bien resumida en la Declaración de Barcelona, suscrita por el PSOE y el PSC. Una propuesta que estamos dispuestos a debatir y compartir con todos los que quieran contribuir sinceramente a solucionar el problema.

Miquel Iceta Llorens

Primer secretario del Partit dels Socialistes de Catalunya.