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Sentencia a la democracia

Ayer conocíamos, por fin, la totalidad de la sentencia en la que se condena a los líderes independentistas a cien años de prisión. Una condena que no ha gustado a nadie, salvo al PSOE y a la Abogacía del Estado, que se ha mostrado muy satisfecha.

Es momento de recordar algunas cosas, de manera telegráfica, pero que hay que tener claras y presentes.

Aunque no comparto la sentencia, al menos hay que reconocerle alguna cuestión que me parece importante: no se ha condenado por rebelión a los acusados. Esto significa que cada vez que alguno los ha llamado (y los sigue llamando) "golpistas" ha estado acusando, saltándose la presunción de inocencia, y ahora mintiendo deliberadamente, a personas que en ningún momento han actuado con violencia ni han dado ningún golpe de Estado.

La cuantía de la pena, en su conjunto, en comparación con la cuantía de la pena que se impuso por el golpe de Estado del 23F es mayor. Otro dato a tener en cuenta.

Acusar por rebelión sirvió para suspender a los diputados del Parlament de Cataluña, y entre otros, por supuesto, a Carles Puigdemont, que era la primera persona que obtuvo la mayoría parlamentaria para ser investido President. Y dicho sea de paso, el Tribunal Constitucional se pronunció, en silencio, el pasado mes de julio sobre la investidura telemática. Poco se dijo de aquello, pero la realidad es que técnicamente Puigdemont a día de hoy ha recobrado su acta de diputado en el Parlament, y podría plantearse su investidura telemática.

Leer los hechos probados de la sentencia es como leer una historia que describe una realidad paralela a la que cualquiera puede ver, porque para eso afortunadamente hay vídeos y documentos gráficos que reflejan perfectamente lo que sucedió. Y es llamativa la consecución de afirmaciones que resultan difíciles de encajar habiendo visto todo lo que hay publicado y disponible.

Pero no es lo único sorprendente de la sentencia. El hecho de confundir a Dolors Bassa, atribuyéndole la responsabilidad de que los colegios estuvieran abiertos para votar, citándola como Consejera de Educación en el texto, es un error de tales dimensiones que cuesta creer que nadie se haya dado cuenta. Porque Dolors Bassa no era Consejera de Educación: era Clara Ponsati. Y partiendo ya de esa base, justificar su condena en algo que manifiestamente y de manera evidente, ella no hizo ni pudo hacer, es aberrante.

En cualquier caso, hay que saber que "el bien jurídico protegido" en el delito de rebelión es el orden constitucional, mientras que en el delito de sedición es el orden público. ¿Qué significa esto? Pues que ahora lo que tenemos entre manos es la aplicación de un delito que se enmarca en otro contexto diferente: se pretende vincular de alguna manera las protestas pacíficas que se hicieron contra las detenciones producidas el día 20 de septiembre del 17, con las declaraciones políticas del Parlament. Declaraciones, dicho sea de paso, que tenían un carácter político y por las cuales se ha condenado a más de once años de prisión a la presidenta del Parlament: reitero, pues a Forcadell le han condenado por permitir un debate en la cámara parlamentaria, cuando la presidenta de la mesa no puede entrar a valorar el fondo de los asuntos sino darles trámite y que sean los diputados quienes discutan, debatan y en su caso lo voten. Para más ahondamiento en estas cuestiones jurídicas le recomiendo que vea esta interesante entrevista a Ernesto Ekaizer y Martín Pallín.

Vamos un poco más allá: ahora resulta que sentarse pacíficamente puede considerarse, y de hecho se ha considerado ni más ni menos que sedición. Como se pregunta Joaquím Bosch, portavoz de jueces para la democracia: ¿cómo es posible un alzamiento estando pacíficamente sentado? Pues no debería ser posible si queremos garantizar el derecho a manifestarnos pacíficamente contra aquello que consideramos injusto.

Quien piense que esta sentencia condena solamente a las personas que ya estaban en prisión preventiva durante casi dos años, se equivoca. Porque esta sentencia condena a todas y cada una de las personas que participaron de manera pacífica en una reivindicación democrática. Y por eso hoy Omnium lanza la campaña de autoinculpación, para que los juzgados se llenen de escritos de personas que también asumen su responsabilidad por haberse quejado de un sistema que no les permite dar su opinión. Porque ese es el problema: una vez que ha quedado claro que no hubo violencia, que no es posible encasquetar rebelión, que el relato ha caído, ¿cómo justifica ahora el señor Rajoy haber enviado a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado el 1 de octubre?

Todos tenemos ya bastante claro que aquella respuesta del 1 de octubre en realidad era lo que pretendía hacer estallar la violencia, cosa que solamente hubo por parte de la policía contra los votantes pacíficos. Ya lo ha dicho hasta el Supremo, así que algo es algo. Y entonces: ¿quién ha querido realmente hacer saltar todo por los aires? ¿Qué habría sucedido si les hubieran dejado votar en paz sin pegarles? Pues probablemente, estoy segura, con esos resultados se habría intentado presionar al gobierno de España para hablar, repito: HABLAR, negociar, dialogar. Los catalanes son gente sensata, de paz y de diálogo, no habrían tenido la intención de declarar unilateralmente nada. Fue, en mi opinión, la actitud de un gobierno español quien forzó, siguió forzando y llevó todo a un límite. Era evidente que no se quería declarar la independencia de Cataluña de forma abrupta, sin garantías de ningún tipo: por eso Puigdemont enseñó que había posibilidad de hacerse, pero que no lo haría. Porque lo que quería era diálogo. Lo dijo hasta la saciedad.

Y dialogar no es tomarle el pelo a la gente como ya pasó en su momento cuando “permitieron” al lehendakary vasco que acudiera al congreso para tumbarle todas sus propuestas. Eso no es hablar. Eso no es negociar. Eso es trampearlo todo.

Sepa usted que fue el Partido Popular quien cambió la Ley del Tribunal Constitucional para atribuirle funciones que ponían en peligro la separación de poderes. Y hoy vemos las consecuencias de que un tribunal absolutamente politizado juegue a sancionar y a ejecutar sus sentencias, eso sí, solamente se pone digno cuando de independentistas se trata. De hacer cumplir y ejecutar la sentencia por el Castor no hablamos. Ni las veintitantas que lleva sin cumplir el Gobierno de España.

La propaganda ha hecho creer a demasiada gente que los indepes son golpistas, violentos y egoístas. Eso es lo triste: lo difícil que lo tenemos para explicar que no, que más bien es justamente lo contrario. Y que, por mucho que se empeñe el Tribunal Supremo en venir a decir que más de dos millones de personas son, prácticamente idiotas y fueron engañadas a votar (así entienden ellos la libertad personal), más bien podría ser que sencillamente el Supremo no entienda lo que significa querer cambiar la realidad en la que vivimos que a muchos no nos gusta. De eso va todo esto. Y de criminalizar la disidencia.

Pobre del tarugo que aplauda que machaquen a gente pacífica, democrática y que va de frente. Pobre del tarugo que se piense que esto no le afecta. Pobre del tarugo que aplauda silenciar, perseguir, intimidar, pegar y encarcelar a personas que sí darían la cara por defender sus intereses, mientras se pone a defender a los verdugos que le taparán la boca, le pegarán o encarcelarán si algún día tiene la necesidad de protestar por algo.

No se equivoquen: la de ayer no fue una sentencia a los indepes. Fue una sentencia a la democracia de España. Esa de la que tanto presumen, porque precisamente, es de la que carecen.

Abogada.