Los niños y las niñas de nunca jamás

Como en la isla de Peter Pan, quedan atrapados en un sistema que no quiere verlos crecer.

Desde el Decreto 9/2019 más de un millón de menores tienen derecho a percibir una ayuda pública de 341 euros. Por lo que para una familia con un solo sueldo mileurista el Estado considera que con poco más de 300 euros es suficiente.

Pero bien distinto es el coste de un menor en un centro de acogida o en un centro tutelado, que oscila entre los 4.000 y los 9.000 euros, mensuales, como recogió María José Pintor en Diario16 en febrero de pasado año.

La xenofobia ha llegado a las instituciones con un discurso populista sobre los derechos de la familia (que no de las familias), de los menores, de los no nacidos, de las madres abnegadas, del hombre proveedor… En ese discurso olvidan que los MENAS, son menores.

Hace un par de días saltaba la noticia en la Comunidad de Madrid del presupuesto para 120 plazas de menores no acompañados en la comunidad: 24.648.019 euros. Se puede visitar cualquier post de cualquier periódico que haya publicado al respecto para contemplar como las vísceras del fascismo han contagiado a la población. Se habla de violadores en potencia, de drogadictos, criminales... Su condición de extranjeros les convierte en delincuentes que deben estar alejados de la sociedad y los valores europeos, mientras que los menores autóctonos son ángeles de luz que no pueden recibir formación sobre realidades LGTBI o lucha contra la violencia de genero.

Hay muy poca transparencia sobre el origen y el destino de estas partidas presupuestarias, desde los 4.000€ al mes de un menor tutelado hasta lo 16.000€ de un MENA, cualquiera que tenga hijos e hijas es consciente de que es demasiado. Incluso si se presupuesta educación, manutención, vestimenta y el techo bajo el que duerme, sigue siendo demasiado.

Aquí es donde entra en acción el espíritu emprendedor de la derecha, donde acaba costando más dinero al erario público la subcontratación con las supuestas bondades de la gestión privada, que la función pública.

Aquí entran en acción los constructores que ven la oportunidad de crear gigantes de hormigón para menores, como ya hicieron en colegios y hospitales, públicos o concertados.

Tras la construcción aparecen las fundaciones, esas maravillas de Económica Social y Tercer Sector que no tienen como fin el ánimo de lucro, y en consecuencia les importa poco no tener ninguna eficiencia ni eficacia en sus proyectos. Remuneran a sus altos cargos como si fueran subsecretarios de estado y lo que queda empieza a repartirse entre empresas de servicios y suministros. Desde los 16.000€ hasta el plato de lentejas que comerá el menor habrá más de una decena de cargos intermedios que actuarán en nombre de los menores. Y en el penúltimo escalón están los verdaderos abnegados, los trabajadores y trabajadoras sociales que con contratos precarios y sueldos de miseria están día a día en el País de Nunca Jamás, sin capacidad real para hacer de estas personas que han llegado a nuestro Estado de una manera horrible, personas adultas de pleno derecho, independientes y formadas para afrontar un mercado laboral cada vez más tecnológico.

Miles, son millones quienes quedan atrapados en un sistema que acaba vulnerando el Convenio de Ginebra incluso los Derechos Humanos. Niños y niñas cuyos derechos dejan de ser objeto de protección mientras su vulnerabilidad sea rentable para quienes firman con apellidos compuestos.

Politóloga por la Universidad Complutense de Madrid.