Con la salud no se juega: ¿hemos aprendido algo desde el terrible caso del aceite de colza?

La listeriosis está dejando en evidencia una serie de irregularidades, de faltas de cuidado que son ciertamente preocupantes. Hablo de la actitud política, por supuesto, pero sobre todo de quienes, como eslabones de la cadena de vigilancia y cuidado, han podido desatender sus obligaciones poniendo en peligro la salud pública. A la vista está que a medida que vamos conociendo datos el asunto es realmente alarmante. Y lo peor: quienes le quitan peso, quienes relativizan y dicen que esto no es para tanto, que todos los años hay casos de listeriosis y que no se montan estos escándalos. No todo vale en política, y ante una alarma tan grave como la que estamos viviendo, querer tratar de reconducirlo todo a guerras políticas es un asunto muy serio. Es inaceptable.

Espero de corazón equivocarme. Pero a la vista de los acontecimientos, tengo la sensación de que el descontrol ha sido de tales dimensiones que vamos a lamentar durante años lo sucedido. Y una de las cosas que más rabia me produce es ver cómo los responsables políticos señalan con el dedo a la empresa donde la carne se ha contaminado. Sin duda la empresa tiene responsabilidad, qué duda cabe. Pero existen unos controles sanitarios que la administración pública tiene la obligación de hacer. Unos documentos que acrediten que las revisiones minuciosas se hacen y son correctas. En fin, que en cualquier lugar donde se trabaje con productos alimenticios se someten a unas pautas que hacen que podamos comer tranquilos todos los productos que nos llevamos a casa. En este caso no ha sido así, y no lo ha sido de manera demasiado extendida, con demasiados productos, con demasiados errores producidos en una cadena en la que hay muchísimas fases de control para evitar que esto suceda.

Porque no es lo mismo que haya un caso de intoxicación porque en un restaurante existe una bacteria en la cocina que intoxica a los comensales (cosa grave sin duda, pero que puede suceder con más facilidad), a que estemos hablando de una fábrica que produce alimentos. Que cada cosa que hace está milimétricamente controlada, que ha de pasar varias fases para garantizar que ese producto pueda comercializarse. Y el riesgo, evidentemente, es mucho mayor, pues la contaminación -como se está viendo- es masiva.

Hay quien dice que este asunto se está sobredimensionando por intereses políticos. Porque ahora que está en el gobierno regional la nueva coalición de derechas, desde la oposición quieren destrozarles desde el primer momento. Sinceramente no tengo ninguna prueba de ello ni motivos para pensar una cosa ni la contraria. Me parece que en un asunto tan grave lo primero es solucionar lo antes posible los daños causados y evitar que se produzcan más, depurar hasta el final las responsabilidades de todos los que han hecho mal su labor. Las batallas políticas cuando hay asuntos tan graves deberían quedar a un lado, y sin duda entender que esto no va de siglas, ni de amigos, ni de clientelismos: va de salud pública y aquí la gente que ha sido contaminada no tendría por qué ser además utilizada por nadie.

A tenor de lo que está sucediendo, precisamente, el otro día me recordaban el asunto del aceite de colza. Me comparaban la listeriosis con aquello, como grandes catástrofes que afectaron de manera brutal a la salud de muchísimas personas.Venía el asunto a colación precisamente por el uso de las víctimas con cierto tufo político. Me quedé pensando y recuperé en mi memoria un interesante encuentro que tuve un día en un plató de televisión. En la sala de maquillaje conocí a uno de los invitados: un doctor en medicina, ya mayor, que decía conocer perfectamente lo que había ocurrido con el asunto de la llamada “colza”. Él había formado parte de un equipo investigador en el asunto en su día y me dijo que había colaborado con la defensa de los acusados (los que habían comerciado con el aceite de colza). Me estuvo explicando lo que él vivió y su versión. Desconozco realmente si aquello que me explicó el Doctor sería cierto: no tengo motivos para dudar de aquello. Lo que sí se es que después pregunté directamente a dos personas que habían sido cargos públicos en aquélla época y que, de alguna manera podrían saber de qué me había hablado este señor. Me pareció en aquel momento tan increíble que me asaltó la curiosidad. Las dos personas con las que hablé sabían de la versión por la que yo les preguntaba y me dijeron que nunca llegaron a tenerlo del todo claro, y que algunos movimientos políticos les hacían dudar sobre la versión del aceite. Me constataron que el aceite de colza se consume en Europa con absoluta normalidad y de hecho, es de los más consumidos, atribuyéndole incluso propiedades positivas para la salud. Recuerdo perfectamente esta afirmación porque me sorprendió. Hablar del aceite de colza en España genera rechazo. Y es que el caso fue realmente grave. Lo que yo desconocía era lo que ellos me apuntaron: que los análisis que se hicieron al aceite no consiguieron que apareciera ninguna sustancia tóxica.

Hubo en aquel momento más de mil muertes y más de 20.000 personas se vieron afectadas por la intoxicación. Muchas de ellas han tenido que convivir con las secuelas durante toda su vida. El Estado tuvo que responder de las indemnizaciones, después de un larguísimo juicio, como responsable civil subsidiario.

El aceite de colza no estaba autorizado para consumo alimenticio en España, salvo en las islas canarias, donde sí se vendía libremente. Para evitar que se pudiera vender para consumo humano dentro de la península, se añadía un colorante que tenía el objetivo de resultar identificable, por un lado, y por otro, desagradable para consumirlo en alimentación. Precisamente lo que hicieron algunos comerciantes del aceite fue “desnaturalizarlo”, o sea, someterlo a altas temperaturas para quitarle el colorante y así poderlo vender para consumo humano.

La versión que me contó el Doctor aquel día relataba que lo que todos hemos conocido como el asunto del aceite de Colza, en realidad no era cierta. Que la contaminación venía por unos tomates que habían sido intoxicados con algún tipo de herbicida, con un producto relacionado con la base aérea americana de Torrejón de Ardoz. Este era el resultado de una investigación que había dirigido el Doctor Muro, y de la que el lector puede conocer más aquí (http://2014.kaosenlared.net/component/k2/item/53327-el-poder-de-los-estados-el-caso-del-aceite-de-colza.html?tmpl=component&print=1Q9 Sobre la teoría del Doctor Muro ha habido posicionamientos, tanto a favor como en contra. Incluso él mismo llegó a señalar que había experimentado con su propio cuerpo para comprobar los efectos de la ingesta del aceite. En su investigación, desde su equipo llegaron a indicarle al gobierno dónde aparecerían nuevos casos de envenenamiento, para tratar de demostrar que sus pesquisas eran ciertas, y en aquellos casos, lo cierto es que acertaron y supieron anteponerse a los lugares donde se denunciarían intoxicaciones. Señalaban al producto Nemacur, de Bayer: un herbicida que, según las investigaciones realizadas, “las series de ratas intoxicadas directamente con Nemacur y con pimientos tratados con Nemacur dos semanas antes de la recolección, presentan similares lesiones microscópicas que las que se observan en los fallecidos por el síndrome o neumonía tóxica” afirmó el forense Frontela.

El Doctor me explicó que las pruebas que se hicieron demostraron esta cuestión, y que uno de los responsables en el ministerio de sanidad la puso sobre la mesa y fue cesado inmediatamente. De hecho, el forense Frontela ha manifestado públicamente en una entrevista que cuando él descubrió que la causa no era el aceite de colza, llamó al secretario de la Organización Mundial de la Salud (OMS), del señor Vetorazi, para presentarle los datos. Y según afirma el forense, el propio Vetorazi le confirmó su versión diciéndole que ya sabía que no había sido la colza. La propia sentencia condenatoria por el aceite de colza reconocía que se “se desconoce el agente tóxico concreto que produjo la enfermedad”, después de estar investigando durante casi una década. Como señalaba, algunos datos apuntan a Torrejon de Ardoz, localidad donde se encuentra la base americana, y precisamente el lugar donde apareció el primer fallecido: un niño de ocho años. Al principio se la denominó como “la enfermedad del legionario” (legionela) y hubo varias versiones durante los primeros días.

De hecho, según información publicada, hubo afectados que no habían consumido el aceite de colza. Otro dato interesante es el que apunta que en Cataluña fueron comercializados 350.000 kilos del mismo aceite fraudulento al que se le imputaba la contaminación, y sin embargo no hubo ni un solo caso de intoxicación. De hecho, se ironizó incluso en el juicio sobre tal cuestión, apuntando a la posibilidad de que los catalanes fueran “genéticamente diferentes” (en broma) para no haber sufrido ningún caso aún habiendo consumido el mismo aceite puesto en cuestión. En el juicio oral fueron ocho los afectados que insistieron en decir que nunca habían consumido ningún tipo de aceite sospechoso. Dejando las teorías alternativas a un lado, aunque señalándolas para que los lectores puedan informarse al respecto, pues no son pocos los expertos que apuntan en este sentido, hay datos importantes que es interesante recuperar.

El juicio sobre la conocida como intoxicación por la colza fue largo, tedioso y generando muchísimo malestar entre las víctimas. Los acusados, a quienes se responsabilizaba de manipular y comercializar el aceite, tuvieron condenas de cárcel y pagos económicos: la Audiencia Nacional condenó a 13 aceiteros con penas entre seis y veinte años de cárcel y consideró que habían cometido delitos contra la salud pública e imprudencia temeraria. Pasaron a declarar responsables políticos, como incluso fue Calvo Sotelo, a quien la defensa le preguntó abiertamente la relación entre esta intoxicación y el anuncio de la entrada de España en la OTAN, y es que desde la defensa se apuntaba a la teoría del envenenamiento como consecuencia de un accidente dentro del marco de una investigación de las bases militares estadounidenses en España sobre armas químicas. Seguro que leer esto sorprende a más de uno. Seguro que habrá quien nos quiera tildar de conspiranoicos, pero a mi me parece que sobre una cuestión tan importante es interesante conocer todos los puntos de vista: sobre todo porque no estamos hablando de teorías que defiende alguien sin rigor ni criterio, sino que esta versión fue una línea de investigación que aportó datos, y en la que especialistas de prestigio internacional se implicaron y realizaron informes al respecto. Incluso hoy siguen manteniendo esta teoría y señalando que el aceite de colza nada tuvo que ver.

Después, el Tribunal Supremo decidió aumentar, hasta cincuenta años, las penas impuestas a los principales responsables del envenenamiento. Les imputaba dolo eventual en las muertes ocasionadas y en las lesiones. También el Supremo aumentó el reconocimiento del número de personas envenenadas (porque aceptó como tales a los que la Audiencia Nacional había considerado “dudosas” y confirmó las indemnizaciones en 540.000 millones de pesetas.

Pero las indemnizaciones y la responsabilidad civil no pudieron ser satisfechas por los declarados como culpables, pues los empresarios se declararon insolventes.

Además, el Juez Carlos Bueren abrió un nuevo sumario para procesar a los altos cargos de la administración. Fueron llamados a juicio concretamente siete, pero finalmente solamente se condenó a uno: Manuel Hernández Bolaños, el que fuera director del Laboratorio Central de Aduanas y quien autorizó en 1973 la desnaturalización del aceite de colza. La condena que impuso la Audiencia Nacional fue de 20.000 pesetas de multa por imprudencia simple. El Supremo elevó esta condena a seis meses de prisión por imprudencia temeraria y además condenó también a Federico Povedano Alonso, director de política arancelaria, que había sido absuelto por la Audiencia Nacional.También duplicó la cuantía de las indemnizaciones, y condenó al Estado a pagarlas en su totalidad como responsable civil subsidiario.

En el año 2000 todavía se estaba creando un equipo formado por jueces para decidir cuánto se debía pagar a cada afectado.

Tardaron 16 años en escribir la condena definitiva (septiembre de 1997). El pago de las indemnizaciones ha tardado en algunos casos hasta más de veinte años. Y todavía hoy muchos de ellos se sienten desamparados, olvidados y engañados. Casi cuarenta años después, desde la Plataforma Seguimos Viviendo, luchan día a día para que se siga trabajando en lo que fue el mayor caso de delito contra la salud pública. Hace poco se han tenido que movilizar ante la barbaridad cometida por la Comunidad de Madrid, que pretendía pasarles la factura por los medicamentos (muy caros) que deben tomar. Concretamente, se anunció desde el Colegio de Farmaceúticos que se comenzaría a cobrar por la medicación y que entregaría un recibo para que los afectados pudieran reclamarlo a la Comunidad autónoma. Saltándose así la legislación que fue aprobada en 2017, donde se estableció que que las regiones deberían hacer frente a estos gastos de manera directa. Sin embargo, desde la Consejería de sanidad de Madrid se dejó a deber 7 millones de euros al Colegio de Farmacéuticos, incumpliendo la ley. Precisamente gracias a la batalla que ha dado la organización que defiende los intereses de los afectados, la Consejería de Sanidad de Madrid acaba de reconocer hace unos días, que ella se hará cargo del pago de su medicación (como la ley establece).

Sirva esta mirada a un caso de intoxicación masiva para ponernos en alerta ante lo que apunta a ser el segundo caso grave contra la salud pública, el de la listeriosis que han provocado los productos infectados este verano.

De lo que llevamos vivido estos últimos días ya podemos observar cómo la información no está siendo clara. Cómo la responsabilidad parece una pelota de tenis que va de un lado al otro y que nadie sale a dar la cara ante la cantidad de supuestas irregularidades cometidas. Y los muertos siguen produciéndose, los resultados de los análisis dan positivo en otros productos que hasta ahora no se conocían; cómo está siendo verdaderamente difícil encontrar qué productos han sido contaminados, dónde han sido comercializados y de qué manera, pues también se han vendido como “marca blanca” con un mal etiquetado. Una cadena de irregularidades que han de encontrar responsables y sobre todo, no ya para determinar quiénes han sido los culpables, sino sobre todas las cosas para establecer unos protocolos claros (que ya deberían existir, dicho sea de paso), y evitar por todos los medios que estos casos se den.

Abogada.