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Recompostura

Mirando hacia atrás con un poco de perspectiva y orillando, por el momento, los detalles, los resultados de este apretado ciclo electoral dejan la sensación de que el llamado “régimen del 78” se recompone mejor de su deterioro a escala de las instituciones que al nivel de los agentes que las ocupan por representación popular; es decir, que los aparatos jurídicos y políticos del Estado recuperan su “salud” antes que los instrumentos -los partidos- de la clase política.

La negativa conjunción de factores políticos, jurídicos y económicos con los peores años de la recesión económica señaló la erosión de las instituciones -la Corona, la magistratura, el Gobierno, el Congreso, agencias de control estatales y privadas (Ministerio y consejerías de Hacienda, Banco de España, Comisión del Mercado de Valores), Asociación Española de Banca, CEOE) y la clase política y la empresarial, sin olvidar la corrupción- a los ojos de una ciudadanía indignada, que mostró su malestar mediante movilizaciones de protesta, tanto contra la crisis y las medidas de austeridad como contra unos gestores, públicos y privados, que no habían sabido (o querido) prevenir el desastre, ponerle freno en su momento y repartir de modo equitativo las cargas de su recompostura.

Aquella difícil coyuntura halló una espontánea respuesta política en la aparición de un informal movimiento de protesta -el 15/M/2011-, que puso en improvisada discusión el (des)orden establecido.

Entonces, a los sectores más impacientes de la izquierda y del nacionalismo, una superficial percepción de los hechos les recordó un dictamen sobre los años finales de la dictadura, resumido en el repetido vaticinio “el régimen se tambalea”.

En 2011, no parecía que el régimen se tambaleara, pero estaba “tocado”, y en aquel informe movimiento, que todo lo cuestionaba, se atribuían su deterioro y la incapacidad para hacer frente a la serie de problemas que el país tenía delante a un vicio de origen: la Transición y las instituciones surgidas sus acuerdos.

En consecuencia, la solución estaba en sustituir, por medio de un nuevo proceso constituyente, el régimen caducado por otro capaz de llevar a cabo las reformas que la Transición no pudo acometer y las que exigían los cambios habidos en España y en el mundo desde entonces.

Lo cual pasaba necesariamente por reemplazar a los protagonistas políticos, en particular a los dos grandes partidos que se habían beneficiado del informal sistema bipartidista formado por dos patas -PP y PSOE- y dos patitas auxiliares -CiU y PNV-, que, juntas o por separado, habían cobrado a precio de oro su contribución a la estabilidad, cuando los grandes partidos carecían de la mayoría suficiente para gobernar sin apoyos.

Podemos, desde la izquierda, y Ciudadanos, desde el centro, fueron los nuevos partidos que se propusieron disputar a escala nacional la hegemonía de los dos grandes. Ambos, como noveles, prometían en las elecciones europeas de 2014, pero, fracasado el intento en 2015 y 2016 de sobrepasar al PSOE y al PP, quedaron como piezas de un bipartidismo subalterno. Cinco años después, aún no lo han conseguido, pero el país ha cambiado y las instituciones del Estado han resistido los envites de la presión internacional (la deuda externa y la prima de riesgo) y del nacionalismo, y recuperado parte de su quebrantada salud. Aquella apremiante sensación de indignación y de cambio ha perdido fuerza en la calle, aunque muchas de aquellas reclamaciones siguen sin ser atendidas.

Desde 2011, año de referencia por varias razones, hasta hoy, hay evidencias de que las cosas en cierta medida y a escala institucional han cambiado: el cese definitivo del terrorismo, el relevo en la Corona, el final de las brutales reformas del sistema productivo y el saneamiento de la banca (con altísimos costes sociales) ha permitido recuperar el pulso económico, los nidos de la corrupción se han destapado y sus responsables han sido juzgados o esperan turno en el banquillo, corruptos y personas tenidas por “respetables” están en la cárcel, el intento independentista ha fracasado y sus dirigentes están procesados, un efímero gobierno ha mostrado intención de dedicar atención prioritaria a la política social y, finalmente, la participación electoral de los ciudadanos sigue siendo alta. No ha habido asalto al cielo, intención que, en realidad, perseguía un objetivo más modesto, pero aun así difícil de alcanzar para un partido novato, que era llegar al Gobierno.

No ha habido, pues, ruptura en este ciclo quinquenal, que ha concluido electoralmente el 26 de mayo, sino una recompostura, un arreglo de lo arreglado antes, que aún está pendiente de concluir en los partidos políticos. Lo nuestro es remendar lo remendado o, dicho en términos taurinos, salvar la tarde con una faena de aliño.

José Manuel Roca

Doctor en Ciencias de la Información y diplomado en Estudios Avanzados en Ciencias Políticas, ha sido profesor del departamento de Sociología VI de la Universidad Complutense.

Últimos libros publicados: Perdidos. España sin pulso y sin rumbo (Madrid, La linterna sorda, 2015); La oxidada Transición (La linterna sorda, 2013); La reacción conservadora. Los neocons y el capitalismo salvaje (La Linterna sorda, 2009) y con Ramón Cotarelo, La Antitransición. La derecha neofranquista y el saqueo de España (Valencia, Tirant, 2015).

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