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Control horario: una cuestión de negociación colectiva

Después de muchos años de reivindicaciones, de renuncias y de reclamaciones, después de mucho tiempo esperando, este fin de semana entra en vigor, por fin, la obligación de las empresas de realizar un registro efectivo de jornada de trabajo de sus empleados y empleadas. Durante años, especialmente a raíz de la crisis, muchos empresarios han aprovechado la situación para explotar a las trabajadoras y trabajadores. España, en este tiempo, se ha convertido en uno de los países de la Unión Europea donde los trabajadores se ven obligados a “regalar” más horas extras, con números realmente preocupantes en sí mismos y por lo que supone.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, más de 735.000 trabajadores han realizado, en el primer trimestre de 2019, una media de 5,7 millones de horas extra a la semana. De esta cifra se desprende que casi la mitad (2,9 millones de horas extra) no son ni cobradas ni cotizadas y, por lo tanto, regaladas. Esta cantidad de horas extra sin cobrar representa un gran ahorro para las empresas pero, sobre todo, un fraude al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas: impide la generación de empleo, porque de hecho con esta cifra se llegan a evitar la contratación de hasta 100.000 empleados en un año, algo especialmente grave en un país en el que casi 3,5 millones de personas están en el paro; porque centenares de miles de personas no cotizan el total de las horas trabajadas, que contribuye al déficit de la Seguridad Social; y porque es un fraude a la hacienda pública, es decir, a todos los ciudadanos y ciudadanas. Según algunos expertos, el Estado deja de ingresar un total de 14.000 millones de euros al año (10.000 millones la Seguridad Social en cotizaciones y 4.000 millones de IRPF).

Por justicia

Con estos datos en la mano se hace evidente la necesidad de un control horario. La entrada en vigor del Real Decreto que obliga al control horario se trata de una cuestión de justicia, donde las empresas deben pagar por lo que se trabaja, y la única manera de saberlo es mediante el control horario. Se trata de una herramienta imprescindible para acabar con el fraude laboral en España, y debe servir para contribuir a terminar con la precariedad, los bajos salarios y la pobreza debido a los abusos en la jornada laboral.

Esta demanda no es nueva. Desde la Unión General de Trabajadores llevamos años reivindicado un control de la jornada laboral efectivo para poner fin a un fraude que perjudica a todos, tanto a la economía como al empleo.

La patronal sigue jugando al despiste

Hace dos meses que el Gobierno aprobó este Real Decreto Ley sobre el control horario. Sin embargo, la patronal se ha dedicado a marear la perdiz quizás esperando un resultado favorable en las elecciones que le permitiera seguir perpetrando sus abusos y manteniendo sus lujos.

Ahora, ante la inmediata aplicación de esta normativa, los empresarios se han echado las manos a la cabeza alegando que no están preparados para este control y que no pueden tomar de forma inmediata las medidas necesarias para su buen funcionamiento. En resumen, los empresarios se quejan de que tienen que cumplir la ley, una ley que no es ninguna sorpresa.

Como siempre, ahora quieren vendernos la dureza de una norma que, realmente, está dotada de la mayor flexibilidad de Europa porque remite a la negociación colectiva. Las mesas de negociación, así como los representantes de los trabajadores, seremos fundamentales en la regulación de todos los aspectos relativos a como se organiza y documenta ese registro de jornada.

Pero lo más extraño de estas quejas empresariales es su pasividad. Se han esperado dos meses, callados y sin mover un solo dedo. Han evitado llamar a los sindicatos para reunirnos y negociar la aplicación de este control horario. Pero ya no pueden esperar más.

La patronal tiene que convocar las mesas de seguimiento de los convenios y ponerse a negociar de manera inmediata, porque si no lo hacen vamos a denunciarles y van a tener que pagar las sanciones y las consecuencias de trabajar fuera de la ley.

Pepe Álvarez

Secretario general de la UGT.

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